Nueva ola de legislación migratoria en Estados Unidos afecta a varios estados
En los últimos días, he sido testigo de la rápida evolución del panorama legal en Estados Unidos, especialmente con la controversia generada por leyes como la SB4 en Texas, que ha influido en otros estados para adoptar medidas similares. A pesar de que dicha ley está actualmente congelada, su efecto dominó es evidente en estados como Iowa, Alabama, West Virginia, Georgia, Oklahoma, Tennessee, New Hampshire y Arizona, todos los cuales están introduciendo legislaciones que restringen severamente la migración irregular.
En Iowa, por ejemplo, la gobernadora Kim Reynolds firmó una ley que criminaliza a los migrantes por ingresar sin autorización al estado, con penas de hasta dos años de cárcel. De manera similar, en el estado de Oklahoma, el gobernador Kevin Street promulgó la HB 4156, permitiendo a la policía local arrestar a migrantes indocumentados dentro de su jurisdicción. Ambas leyes entrarán en vigor el próximo primero de julio, lo que marcaría un oscuro panorama para los inmigrantes y sus familias.
Desde mi perspectiva, estas medidas no solo son extremas, sino también potencialmente inconstitucionales. La falta de decisión sobre la congelación de la SB4 ha creado una gran confusión a nivel nacional, complicando aún más la situación para los migrantes que buscan seguridad y oportunidades en nuestro país. Por tal razón, considero que es crucial abordar estos problemas desde un punto de vista legal y humano.
Además, el hecho de que estados lejos de la frontera con México estén implementando estas leyes rigurosas es particularmente alarmante, pues sugiere un desplazamiento de la política migratoria de una agenda centrada en la seguridad fronteriza a una más generalizada y punitiva a nivel nacional.
Durante este año electoral, y en medio de una polarización inmensa, el debate de estas leyes se intensifica. Mientras tanto, en la frontera, activistas abogan por políticas que realmente permitan a los inmigrantes acceder a vías seguras y legales, en lugar de arriesgar sus vidas en rutas peligrosas.
Como abogado, mi papel es más crítico que nunca. Debemos luchar por políticas más justas y racionales que reconozcan la humanidad y los derechos fundamentales de todos los migrantes. Esto implica no solo defender a aquellos afectados directamente por estas leyes, sino también trabajar para influir en la legislación futura que pueda ofrecer soluciones reales y compasivas.
Manuel Gómez Morin 3970, Edificio La Cantera, Oficina 303, Centro Sur, México, Querétaro 76090.