El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó una propuesta de reglamentación que cambiaría de gran manera las reglas para que los solicitantes de asilo en Estados Unidos puedan obtener una autorización de trabajo. Si esta norma es implementada, los solicitantes de asilo tendrían que esperar 365 días antes de solicitar autorización de empleo, y según el flujo de nuevas solicitudes no se descarta pausar la aceptación de postulaciones. Esto, de manera concreta, implicaría extender el tiempo de espera para solicitar un Documento de Autorización de Empleo (EAD) de 180 a 365 días desde la presentación de la solicitud de asilo. Actualmente, la norma permite presentar la solicitud tras 150 días y recibir la respuesta a los 180. ¿Qué cambios propone la normativa? Entre los puntos clave del borrador están: Aumentar el tiempo de espera a 365 días para poder solicitar una autorización de empleo EAD. Modificar criterios de elegibilidad, incluyendo requisitos biométricos adicionales y ajustes relacionados con entradas sin inspección y antecedentes. Actualmente, los tiempos de procesamiento de asilo superan ampliamente los 180 días, incluso en muchos casos alcanzan entre cuatro y seis años. Millones de casos pendientes Aunque no existe una cifra oficial exacta de cuántos casos hay pendientes de asilo, lo que si se conoce, con corte a diciembre de 2025, es que las cortes de inmigración de Estados Unidos tienen más de 3,8 millones de casos pendientes, la cifra más alta de la historia para esa dependencia. Entre esos casos, aproximadamente 2,3 millones son procesos de inmigrantes que enfrentan procedimientos de deportación dentro de los cuales la ley permite solicitar asilo ante un juez. Organizaciones defensoras ya advierten que, de aprobarse esta normativa, miles de solicitantes podrían quedar sin autorización legal de trabajo durante años y sus familias en incertidumbre. ¿Esto ya es una decisión tomada? No. Se trata de una propuesta que está en fase de comentarios por un período de 60 días. Tras ese proceso, el DHS puede modificar el texto antes de emitir una regla final o mantenerlo igual. La agencia argumenta que, con este ajuste, busca “proteger la seguridad nacional y reducir el uso indebido del sistema migratorio”. Sin embargo, el impacto potencial estaría por verse ya que recaería directamente sobre miles de solicitantes de asilo que dependen de un permiso de trabajo para sostener a sus familias mientras sus casos siguen en carpeta de los jueces.