En medio de un clima de alta tensión entre gobiernos estatales demócratas y la administración federal, y en el que el acuerdo conocido como 287(g), que les permite a policías locales actuar como agentes migratorios federales, se ha incrementado en un 950 %, pasando de 135 en enero de 2025, a 1,168 en 2026; varios estados han decidido limitar o cortar formalmente su colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés),
En este sentido, entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, cuatro estados ya dieron pasos claros para limitar su colaboración con la agencia, tres de ellos ya adoptaron medidas legales vigentes y el cuarto avanza con una iniciativa legislativa formal, que lo llevaría a hacer parte de este bloque que se está consolidando.
Virginia: una orden ejecutiva con efecto inmediato
En enero de 2026, Virginia tomó una ruta distinta, pero efectiva de igual manera, allí la gobernadora, Abigail Spanberger, firmó, en días recientes, una directiva ejecutiva que pone fin a los acuerdos de colaboración entre agencias estatales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) bajo el programa 287(g).
En la práctica esta acción se traduce en que las agencias estatales ya no estarán obligadas ni incentivadas por el estado a cooperar directamente con ICE en la aplicación de leyes migratorias federales. De igual manera, la instrucción va acompañada de otra orden que establece principios para la aplicación de la ley en Virginia, enfatizando que la policía estatal debe centrarse en la seguridad pública, la confianza comunitaria y la investigación de delitos, no en la función migratoria.
Nueva York: el siguiente en la fila
A comienzos de enero de 2026, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, presentó una iniciativa legislativa para eliminar los acuerdos 287(g) y prohibir que policías locales sean autorizados formalmente por ICE para actuar como agentes federales de inmigración.
La propuesta, que lleva por nombre Ley de Policías Locales y Delitos Locales prohibiría además el uso de cárceles locales o recursos policiales para apoyar operaciones civiles de ICE, como redadas o detenciones de inmigración sin orden judicial.
Aunque la propuesta aún no ha sido aprobada suma varios apoyos del cuerpo policial del estado y su presentación formal coloca a Nueva York en la antesala de sumarse al grupo de estados que buscan limitar la cooperación estructural con ICE, por supuesto, al ser aprobada sería uno de los movimientos más relevantes del país por el peso político de este estado.
Nuevo México: una prohibición por ley
En febrero de este año, Nuevo México se sumó oficialmente a este grupo tras aprobar la Ley de Seguridad para Inmigrantes, que prohíbe que el estado y los gobiernos locales firmen o renueven acuerdos con ICE, incluidos los 287(g), y limita el uso de tierras públicas para la detención de inmigrantes.
Además, ordena la terminación de contratos relacionados con la detención migratoria de civiles y con esta legislación, Nuevo México refuerza un enfoque estatal que busca separar a las autoridades locales de la aplicación directa de las leyes migratorias federales.
Maryland: una ley para romper con ICE
Finalmente, también en febrero, la Asamblea General de Maryland aprobó una ley que prohíbe al Estado, así como a los gobiernos locales firmar o mantener acuerdos de cooperación con ICE, incluidos los convenios 287(g).
La Ley que lleva por título Acuerdos de aplicación de la Ley de Inmigración-prohibición también ordena poner fin a los acuerdos ya existentes con ICE y establece que las fuerzas del orden locales no pueden participar en la aplicación de políticas migratorias civiles, lo que ha sido catalogado como una forma de recuperar la confianza de las comunidades inmigrantes en la policía.
Un mensaje claro desde los estados hacia el gobierno Trump
