Hace un año, tras su regreso a la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos firmó una de las leyes de inmigración más polémicas. Desde el inicio de su aplicación y de acuerdo con reportes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) 21,400 inmigrantes indocumentados con antecedentes penales han sido arrestados.  

Recordemos que el punto de partida de esta legislación fue un suceso que conmovió a la opinión pública. Laken Riley, una estudiante de 22 años, fue asesinada en 2024 por un hombre que entró al país sin permiso y que tenía antecedentes penales; el crimen encendió un debate nacional sobre inmigración; seguridad y fallas en la vigilancia de personas con antecedentes criminales.  

Fue así como, impulsada por esa tragedia, la ley fue aprobada con mayoría en ambas cámaras del Congreso y firmada por el presidente Trump en enero de 2025, modificando el sistema de detención migratoria existente.  

Entonces, ¿qué establece la Ley Laken Riley? 

La ley obliga al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (ICE) a detener, sin derecho a fianza, a cualquier persona no ciudadana que haya sido arrestada, acusada o que admita haber cometido ciertos delitos, incluidos robos, hurtos, allanamientos o crímenes que causen lesiones graves o muerte, es decir que, bajo la nueva normativa, no se requiere una condena previa para justificar la detención.  

Según ponentes de la ley, esta medida busca cerrar vacíos en el sistema que permitían que personas con cargos graves quedaran en libertad sin supervisión, algo que, dijeron, podría haber contribuido a crímenes graves en el pasado.  

El más reciente reporte del DHS confirmo que, con corte al 29 de enero de 2026, el número de detenciones bajo la Ley Laken Riley se estimaba en torno a 21,400 casos, además de la cifra global, informes detallan que las detenciones incluyen a personas acusadas o condenadas por una variedad de delitos, desde asalto a oficiales, agresiones y cargos de drogas, hasta casos de violencia más extrema.  

El debate judicial: ¿violación del debido proceso? 

De acuerdo con Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), desde su aprobación, la Ley Laken Riley ha enfrentado desafíos legales significativos, precisamente en septiembre de 2025, un tribunal federal en Boston declaró inconstitucional la detención de una persona que había sido arrestada pero no condenada, al considerar que la medida violaba el derecho al debido proceso al impedir audiencias de fianza antes de la detención.  

Los jueces señalaron que, según precedentes constitucionales, incluso las personas acusadas de delitos tienen derecho a revisión judicial antes de ser privadas de su libertad por largos períodos. Como abogado experto en temas de inmigración, este fallo ha alimentado aún más el debate sobre los límites de la ley, por un lado, se encuentran los defensores que la ven como una herramienta esencial de seguridad pública, sus críticos la califican como radical y arbitraria, al aplicar detenciones obligatorias sin las salvaguardias tradicionales del sistema de justicia estadounidense.  

Críticas por la defensa de los derechos civiles  

Las críticas a la Ley Laken Riley han encontrado fuerza entre organizaciones de derechos civiles y defensores de Derechos Humanos, que advierten sobre los riesgos de su aplicación indiscriminada. 

El Consejo Americano de Inmigración (AIC) alertó que la normativa podría detener y deportar indefinidamente a personas que no representan un peligro real, desviando recursos de casos más graves.  

De manera similar, Amnistía Internacional denunció que la ley criminaliza y deshumaniza a comunidades enteras, al permitir detenciones por delitos menores como robos, lo que podría constituir, según la organización, “detención arbitraria” bajo estándares internacionales de derechos humanos. 

Con el primer aniversario de la Ley Laken Riley, el debate en Estados Unidos sigue dividido, quienes apoyan la ley insisten en que las detenciones obligatorias son una herramienta necesaria para garantizar la seguridad pública, sin embargo, sus críticos sostienen que la política sacrifica principios fundamentales del debido proceso y la justicia en nombre de la seguridad.