El gobierno Trump eliminó la oficina encargada de recibir e investigar denuncias de abuso dentro de los centros de detención de inmigrantes, tras reducir su personal a niveles mínimos.
La Oficina del Defensor del Pueblo de Detención de Inmigración era uno de los principales mecanismos de supervisión interna, por lo que su cierre genera preocupación por falta de control y transparencia.
El cierre ocurre en medio de más de 780 casos de agentes y personal de detención de ICE que han utilizado fuerza física o agentes químicos contra detenidos inmigrantes desde que Trump regresó a la Casa Blanca.