El gobierno de Estados Unidos ha puesto en marcha una estrategia más agresiva para retirar la ciudadanía a personas inmigrantes que ya son americanos ante la ley de ese país, o mejor conocidas como naturalizadas, y es que, a través de directrices internas, varias agencias federales han recibido órdenes para buscar activamente casos de desnaturalización, con una meta que podría llegar hasta 100 o incluso 200 casos al mes.
Pero antes de entrar en materia es importante aclarar que la desnaturalización es el proceso legal mediante el cual el gobierno intenta quitar la ciudadanía estadounidense a una persona que la obtuvo por naturalización y aunque históricamente se ha tratado de una medida excepcional, reservada para casos muy específicos de fraude grave, el gobierno actual busca marcar un precedente de fondo para que la ciudadanía naturalizada pase de ser un estatus prácticamente definitivo a uno sujeto a revisión constante.
Un giro en la estrategia del gobierno
Según documentos internos, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) han recibido órdenes del gobierno para priorizar la identificación y remisión de casos en los que se sospeche que una persona obtuvo la ciudadanía ocultando información relevante durante su proceso migratorio.
Esto incluye, por ejemplo, antecedentes penales no declarados, uso de identidades falsas o información considerada material para la aprobación de la naturalización. El objetivo, según el gobierno, es “proteger la integridad del sistema de ciudadanía”, aunque no se han detallado criterios claros ni públicos sobre cómo se seleccionarán los casos.
Una meta que rompe con la historia reciente
Las cifras revelan que esta meta es difícil de alcanzar y algo desproporcionada, ya que entre 2017 y 2025, Estados Unidos procesó en promedio alrededor de 120 casos de desnaturalización en todo el país por lo que la nueva meta interna, de hasta 200 casos mensuales, multiplicaría estos procesos de forma exponencial y no tiene precedentes recientes en la historia de EE. UU.
Como abogado experto en temas de inmigración debo decir que esta meta impuesta por el gobierno ha despertado dudas sobre la viabilidad legal y operativa de la política, pues la desnaturalización no es un trámite automático: es un proceso judicial largo y complejo en el que la carga de la prueba recae completamente en el gobierno.
Obstáculos legales y límites del sistema
Para que una desnaturalización prospere, las autoridades deben demostrar que el fraude cometido por una persona para convertirse en ciudadano americano fue intencional y determinante para la obtención de la ciudadanía, lo cual plantea serios interrogantes, ya que los jueces suelen aplicar un estándar muy alto, debido a que la ciudadanía es uno de los derechos más protegidos por la ley estadounidense.
A este panorama se suma que, fiscales federales, investigadores y tribunales de inmigración ya enfrentan sobrecarga de trabajo, lo que sin duda alguna puede llegar a limitar la capacidad real del sistema para manejar cientos de casos adicionales sin afectar otros procesos penales y civiles.
Incertidumbre para millones de ciudadanos naturalizados
Aunque USCIS ha señalado un mayor énfasis en detectar posibles fraudes, no está claro cuántos casos realmente cumplen con los requisitos legales para avanzar hasta la pérdida de la ciudadanía. Tampoco se ha explicado cómo se evitará que errores administrativos o inconsistencias menores sean utilizados como base para iniciar estos procesos.
Estados Unidos cuenta con millones de ciudadanos naturalizados, muchos de los cuales obtuvieron su ciudadanía hace décadas. Para este grupo, el aumento de revisiones y procesos judiciales introduce un nuevo escenario de escrutinio legal, cuyo impacto dependerá en gran medida de cómo se implementen estas directrices y de las decisiones que adopten los tribunales federales. No es un secreto han cumplido con todos los requisitos legales dentro de EE. UU. y esta estrategia genera incertidumbre, temor y desconfianza, incluso entre quienes nunca han tenido problemas con la ley.
