El gobierno de Donald Trump anunció nuevos incentivos económicos para contratar y retener agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). La medida incluye bonos de hasta 60 mil dólares para nuevos agentes y pagos adicionales para quienes acepten trabajar en zonas remotas o difíciles de cubrir.  

Según la agencia, los nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza recibirán dinero extra después de completar su entrenamiento y, en algunos casos, por aceptar asignaciones alejadas. También habrá pagos especiales para agentes con experiencia que decidan quedarse en sus puestos en lugar de jubilarse. En las operaciones aéreas y marítimas, algunos agentes podrán recibir bonos equivalentes a una parte de su salario anual.  

El problema no es solo cuántos agentes, sino quiénes son  

Aunque CBP presenta esta estrategia como una solución a la falta de personal, así como para fortalecer su pie de fuerza, el plan deja serias preocupaciones, pues, debo decir que el principal riesgo es que el dinero se convierta en el incentivo para atraer personas con poca experiencia o formación limitada a cargos que implican decisiones delicadas sobre la vida y la libertad de los migrantes.  

Las operaciones migratorias no son simples controles de seguridad, sin duda, involucran a familias, niños, personas que huyen de la violencia y que llegan a Estados Unidos en busca de una mejor opción de vida y cuando agentes sin suficiente preparación enfrentan estas situaciones, el riesgo de errores, abusos y malos tratos puede aumentar, convirtiéndose en un riesgo latente diario.   

ICE ya lo había hecho: un patrón que se repite  

Lo anunciado por CBP no es un hecho aislado, recordemos que, en julio de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) lanzó su propia campaña de reclutamiento, ofreciendo bonos de hasta 50.000 dólares para nuevos agentes, investigadores y abogados.  

El esquema de ICE incluía 10 mil dólares iniciales, otros 10 mil dólares para quienes aplicaran de forma temprana, y pagos adicionales de 10 mil dólares durante los siguientes tres años, siempre que la persona permaneciera en el cargo. La campaña también estuvo dirigida a exfuncionarios y personal retirado, permitiéndoles regresar al servicio activo con beneficios especiales.  

Pero esta estrategia fue duramente cuestionada porque priorizó la rapidez en la contratación sobre la capacitación profunda que se requiere, reforzando operaciones internas de detención y deportación con personal que no siempre contaba con experiencia suficiente en temas migratorios.  

Un posible efecto contrario  

Debo decir, como abogado de inmigración, que lo riesgoso de esta medida es que más agentes no siempre significan mejores resultados, de hecho, una contratación acelerada puede generar el efecto contrario como: detenciones mal realizadas, uso excesivo de la fuerza e incluso violaciones de derechos humanos. Estos errores no solo afectan a los migrantes, sino que también generan demandas legales y mayores costos para el propio gobierno.  

Y es que, precisamente, por años se han documentado casos de muertes bajo custodia de autoridades migratorias, separaciones familiares y trato inhumano en centros de detención y muchos de estos casos están relacionados con fallas en la capacitación y la supervisión del personal, tal como lo ha denunciado Human Rights Watch.   

¿Y los Derechos Humanos?  

El anuncio de CBP pone el foco en el dinero, pero no explica cómo se garantizará la protección de los derechos humanos ni qué medidas se tomarán para evitar posibles abusos y tampoco se habla de mayor supervisión independiente ni de entrenamientos reforzados con enfoque de trato humanitario.  

Precisamente para las comunidades migrantes esto puede generar preocupación, ya que, sin reglas claras y controles efectivos, los nuevos incentivos podrían traducirse en más detenciones, menos garantías y mayor criminalización de la migración.  

Entonces, el debate no debería centrarse solo en cuánto se paga a los agentes, sino en qué impacto tendrá esta política sobre las personas inmigrantes, pues sin una estrategia integral que priorice la formación, la transparencia y la protección a los Derechos Humanos, los incentivos del CBP podrían terminar siendo una medida costosa con consecuencias graves para los más vulnerables.