En Estados Unidos vuelve a tomar fuerza una pregunta que durante años ha generado controversia: ¿es posible eliminar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, mejor conocido como ICE? Precisamente, el tema ha regresado al centro del debate nacional tras una serie de operativos migratorios registrados en Minnesota que terminaron con civiles muertos y protestas ciudadanas, pero también por las recientes declaraciones de líderes políticos que consideran que la agencia ya no cumple la función para la que fue creada.
Entre esas voces está la del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien afirmó, públicamente, que apoya abolir a ICE porque, a su juicio, la agencia “perdió su propósito” y se ha convertido en una fuente de miedo para comunidades enteras. Sus palabras se suman a un clima de inconformidad creciente sobre cómo se están aplicando las políticas migratorias en el país.
Para entender si eliminar ICE es realmente posible, primero hay que saber qué es y de dónde viene, pues bien, ICE es una agencia federal que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y fue creada en 2003, luego de los atentados del 11 de septiembre, cuando el Congreso decidió reorganizar todo el sistema de seguridad e inmigración de EE. UU.
Este punto es clave: ICE no existe porque lo ordene la Constitución de los Estados Unidos, sino porque el Congreso aprobó una ley, lo que en la práctica significa que, el Congreso también puede modificarla profundamente o incluso eliminarla si aprueba una nueva ley que así lo establezca.
Por esa razón, abolir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no es algo que pueda hacer un presidente por sí solo ni mediante una orden ejecutiva, por el contrario, el camino es largo y pasa obligatoriamente por el Congreso, por lo que se necesita que un proyecto de ley sea presentado, aprobado por la Cámara de Representantes, luego por el Senado y finalmente firmado por el presidente.
Y precisamente en esa línea, un proyecto de ley que propone abolir ICE fue presentado el pasado 15 de enero de 2026 en la Cámara de Representantes, sin embargo, por ahora se encuentra en etapa de revisión en comités y no ha llegado a una votación general, lo que indica que apenas está iniciando su camino legislativo.
Vale la pena resaltar que el debate se intensificó tras lo ocurrido en Minneapolis, donde agentes federales de ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) participaron en operativos migratorios que derivaron en tiroteos.
Uno de los casos le costó la vida a una mujer de 37 años. En otro, un hombre de la misma edad, identificado como enfermero y quien participaba en una protesta contra ICE, fue herido de gravedad y falleció. Estos hechos desataron protestas y cuestionamientos sobre el uso de la fuerza por parte de las agencias migratorias.
La discusión también se refleja en la opinión pública. Una encuesta reciente hecha por YouGov y The Economist, muestra que el 46 % de los estadounidenses apoya la abolición de ICE, una cifra que, aunque no representa a la mayoría, sí evidencia que casi la mitad del país está abierta a replantear la existencia de la agencia.
En síntesis, eliminar a ICE no significaría simplemente cerrar oficinas, también implicaría redistribuir sus funciones, cambiar cómo se realizan las detenciones y deportaciones, y modificar leyes migratorias vigentes. Para los inmigrantes, esto podría traducirse en transformaciones importantes en la manera en que se aplican los operativos y se priorizan los casos.
Por ahora, ICE sigue existiendo y operando, pero el debate sobre su futuro está más vivo que nunca y hoy se discute en el Congreso, en gobiernos locales y en la opinión pública; la gran incógnita es si ese debate logrará convertirse, algún día, en una realidad.