Christopher Ramírez es un joven latino al que una bacteria se le comió parte de su pulmón derecho en 2024, y corre un grave riesgo de morir mientras permanece detenido en un centro de ICE, pues su salud se ve deteriorada por falta de tratamiento médico. Según él “a ICE no le interesa la salud de las personas retenidas”. Aunque hoy vive para contarlo, su caso refleja la creciente preocupación sobre las condiciones de salubridad y atención médica dentro del sistema de detención de inmigrantes en el país.
Este caso ocurre en medio de un aumento sin precedentes de muertes bajo custodia migratoria. En los primeros meses de 2026, ya se contabilizan por lo menos 13 personas fallecidas que estaban detenidas por ICE, pero lo más preocupante es que durante 2025 se registraron otras 31 muertes, la cifra más alta en las últimas dos décadas. Estos números han reabierto el debate sobre la atención médica, las condiciones de detención y la supervisión federal en estos centros.
Investigaciones recientes revelan que este aumento coincide con una fuerte caída en las inspecciones federales a los centros de detención. Según el Proyecto Supervisión Gubernamental (POGO) en 2025 los informes de inspección realizados por la Oficina de Supervisión de Detenciones del Departamento de Seguridad Nacional se redujeron en un 36 %, incluso cuando el número de personas detenidas superó las 68,000.
Según datos revelados por la Cámara de Compensación de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mantenía hasta el 7 de febrero de 2026, a 68,289 personas en detención. De estas, 50,259 (el 73.6%) no tenía antecedentes penales. Por el contrario, muchos de los condenados cometieron solo delitos menores, incluyendo infracciones de tránsito.
La supervisión podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte
Estas inspecciones son una de las principales herramientas para verificar si los centros cumplen con estándares básicos, por ello, la disminución de estas nos lleva a preguntarnos si esta situación contribuye actualmente al aumento de fallecimientos en el sistema de detención migratoria de Estados Unidos.
Las inspecciones evalúan si los centros de detención cumplen con temas fundamentales de salud y seguridad de las personas recluidas, entre ellos, si brindan atención médica adecuada, monitorean y previenen el suicidio, proporcionan alimentos de calidad y mantienen un alojamiento habitable.
En 2019, el Congreso de Estados Unidos incluyó un cambio muy importante respecto a estos controles. Originalmente algunas inspecciones se hacían cada tres años, pero el parlamento ordenó aumentar la supervisión.
Centros de detención de inmigrantes deben ser inspeccionados al menos dos veces al año
En Estados Unidos, la supervisión de los centros de detención migratoria tiene reglas establecidas. Aunque no existe un número único de inspecciones para todas las instalaciones, la normativa federal fija mínimos obligatorios para garantizar condiciones básicas.
La regla principal establece que la mayoría de los centros de detención deben ser inspeccionados al menos dos veces al año. Este requisito aplica a instalaciones que mantienen a personas detenidas por más de 72 horas y que tienen un promedio diario de 10 o más inmigrantes bajo custodia. Las revisiones son realizadas por la Oficina de Supervisión de Centros de Detención, una dependencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) encargada de evaluar si los centros cumplen con los estándares estipulados de detención.
Durante estos controles los supervisores buscan detectar fallas graves y obligar a los centros a corregirlas para evitar abusos, negligencia médica o condiciones inhumanas dentro del sistema de detención migratoria. Pero, a pesar de esta ley, informes recientes señalan que ICE no siempre cumple con el estándar que el Congreso exige.
La normativa indica que los centros de detención que no superen dos inspecciones consecutivas deben perder la financiación federal. Sin embargo, los informes disponibles en el sitio web del ICE, afirma POGO, no indican que se haya realizado más de una en ninguno de los centros de la agencia durante 2025.
¿Qué dicen los informes de 2025?
Según el Proyecto Supervisión Gubernamental (POGO) los informes de inspección en 2025 revelaron deficiencias significativas en varios centros de detención del país. Entre ellas, que el personal de ICE no supervisa adecuadamente a las personas detenidas con riesgo de suicidio, el personal médico no responde a las solicitudes de atención médica o carece de la formación y las credenciales médicas necesarias. Se detectó también falta de notificación de pacientes con sospecha de tuberculosis activa y la falta de baños suficientes en los centros de detención.
Para esta organización, si no se reactivan las herramientas clave de supervisión, podría predecirse un aumento en el número de muertes bajo custodia de ICE en 2026. Según expertos con los que conversó POGO, como van las cosas, todo apunta a un aumento del sufrimiento y de los daños prevenibles, a pesar de que existen sistemas de supervisión y mecanismos de rendición de cuentas que podrían reducir las tasas de mortalidad en los centros de detención de ICE.
Inspecciones a centros de detención de ICE caen tras pico de supervisión ordenado por el Congreso
Al revisar las estadísticas del Proyecto Supervisión Gubernamental (POGO) vemos una clara evolución en la cantidad de informes de inspección de centros de detención migratoria realizados por ICE entre 2011 y 2024. Pero también una caída en picada para el año fiscal 2025 desde que Trump asumió su segundo mandato.
El primer cambio importante que podemos detectar aparece después de 2019, cuando el Congreso aprobó la ley que exigía más inspecciones a los centros de detención. A partir de ese momento, los informes de inspección aumentaron de forma abrupta: pasando de unas 40 inspecciones en 2019 a más de 200 en 2021, el año con más inspecciones.
Esto podría indicar que para ese momento la presión legislativa y los recursos asignados al sistema de supervisión sí tuvieron un efecto inmediato en el número de revisiones realizadas a las instalaciones donde se detenían a inmigrantes.
Después del registro máximo alcanzado en 2021, la tendencia cambia. Aunque en 2022 y 2023 las inspecciones siguieron siendo relativamente altas, comienzan a descender gradualmente. Esto indica que el sistema de supervisión que había sido fortalecido tras la orden del Congreso no se mantuvo al mismo nivel con el paso del tiempo.
Entre 2023 y 2025 los informes se reducen de manera marcada, pasando de cerca de 190 a alrededor de 100. Es decir, prácticamente se reducen a la mitad en pocos años.
Pero también se registra una caída entre el 2024 y 2025, cuando el número de inspecciones pasó de cerca de 160 a solo 100, una disminución aproximada del 37.5 % en apenas un año.
Para los investigadores esta caída es especialmente relevante porque coincide con un periodo de expansión de la detención migratoria y el aumento de muertes bajo custodia, lo que reabre el debate sobre si la disminución de la supervisión está debilitando uno de los principales mecanismos de control sobre las condiciones dentro de los centros de detención administrados o utilizados por ICE.
Casos específicos analizados recientemente por Amnístia Internacional muestran que en Florida las condiciones, de por lo menos dos centros de detención de ICE, se han vuelto inhumanas. El informe hace referencia al Centro de Procesamiento de Servicios Krome North en Miami y el centro de detención estatal en los Everglades, mejor conocido como Alligator Alcatraz.
Según este movimiento el Krome North Service Processing Center, muestra señales preocupantes de deterioro en el cumplimiento de los estándares de detención. La información recopilada registra que las personas detenidas enfrentan deficiencias graves en la atención médica y en el apoyo a la salud mental. Además, la revisión documentó cinco infracciones relacionadas con servicios médicos y 14 violaciones generales a los estándares de detención.
Entre los hallazgos más alarmantes está el hacinamiento, con casos de detenidos obligados a dormir en el suelo y sin almohadas, así como falta de personal suficiente para garantizar la entrega de alimentos. Aunque este centro recibió las dos inspecciones anuales requeridas en 2023 y 2024, en 2025 según los registros solo fue inspeccionado una vez, lo que plantea nuevamente interrogantes sobre el nivel de supervisión en este tipo de instalaciones donde se han detectado fallas.
¿Recortes y reducción de personal tienen en jaque este sistema de control?
La falta de supervisión no es el único problema, diversos reportes dejan ver que la reducción en las inspecciones estaría impulsada también por la falta de personal idóneo para estas tareas.
La Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del DHS encargada de recibir, documentar e investigar denuncias de abusos dentro de los centros de detención migratoria sufrió un golpe significativo tras los recortes impulsados por el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental, el año pasado.
En primera instancia anunciaron su cierre, aunque posteriormente revirtieron esa decisión. Documentos judiciales conocidos por algunos medios y presentados en el marco de una demanda federal revelan una reducción drástica de su capacidad operativa. Cuando comenzó la actual administración de Donald Trump, la oficina contaba con 147 empleados; hoy, la planta se ha reducido a menos de 40 personas, incluidos contratistas.
Este debilitamiento ocurre en un momento crítico para el sistema de detención migratoria, ya que limita la capacidad del gobierno para investigar denuncias, supervisar condiciones y exigir rendición de cuentas dentro de instalaciones bajo custodia de ICE, justo en un momento en que crecen las alertas por el aumento de muertes y denuncias de negligencia.
Además, según The Guardian, la reducción del personal encargado de supervisar abusos y quejas en el sistema migratorio también ha tocado a oficinas como la del Defensor de Detenidos (OIDO) que pasó de tener 118 empleados a solo 5.
El medio también afirma que en 2025 se recibieron cerca de 6,000 denuncias, pero solo 183 fueron investigadas. Lo más grave es que estas oficinas supervisan denuncias de muertes bajo custodia, uso excesivo de la fuerza y negligencia médica en centros de detención.
Pero los contratos médicos para atención de inmigrantes en centros de detención tampoco se salvan, según la Org WOLA (Washington Office on Latin America) en octubre de 2025, ICE suspendió los pagos a los contratistas que brindaban atención médica en muchos centros de detención, y afirma la organización que es poco probable que estos se reanuden hasta finales del próximo mes de abril.
Esta suspensión se habría dado luego del incumplimiento de ICE en el pago de algunas facturas, lo que habría provocado que algunos proveedores médicos negaran los servicios a los detenidos.
Inspecciones a la baja, muertes al alza
Datos provenientes de reportes oficiales de ICE, junto con investigaciones académicas y análisis de organizaciones que monitorean la detención migratoria, sugieren que la reducción en las inspecciones de los centros de detención podría estar directamente relacionada con el aumento de muertes bajo custodia, apuntando a la supervisión como un factor clave en el deterioro de las condiciones dentro del sistema.
Los datos disponibles revelan que cuando el sistema se expande sin suficiente supervisión, el riesgo de muerte aumenta y cuando se reduce la detención, las cifras caen.
Las estadísticas de muertes bajo custodia de ICE muestran que, durante más de una década, el sistema se mantuvo relativamente estable. Entre 2011 y 2019, los fallecimientos anuales se mantuvieron en un rango de entre 5 y 11 casos, lo que sugiere que, aunque existían fallas en atención médica y condiciones de detención, no había un desbordamiento evidente del sistema.
Pero este comportamiento cambia de forma abrupta en 2020, cuando las muertes se disparan a 21, en un contexto marcado por la pandemia y una mayor presión sobre centros de detención ya cuestionados por su capacidad de respuesta sanitaria, todo esto durante el tercer año de mandato del primer gobierno Trump.
Tras ese pico, los datos reflejan una caída significativa entre 2021 y 2022, en este periodo las muertes bajan incluso a mínimos históricos de 3 casos. Sin embargo, esta reducción no necesariamente responde a mejoras estructurales dentro de los centros, sino más bien a un descenso en el número de personas detenidas durante ese rango de tiempo.
A medida que el sistema vuelve a expandirse en 2023 y 2024, las muertes también comienzan a aumentar nuevamente, evidenciando una relación directa entre el tamaño de la población bajo custodia y los riesgos dentro de las instalaciones.
¿Qué pasa con la llegada de Trump al poder nuevamente?
El dato más alarmante, sin duda alguna, es el del año fiscal 2025, cuando las muertes se elevan a 31 casos, el nivel más alto en más de dos décadas. Este comportamiento no solo rompe la tendencia histórica, sino que coincide con reportes de menor supervisión e inspecciones en los centros de detención.
El salto de 11 muertes en 2024 a más de 30 en 2025 implica un aumento cercano al 173 % en solo un año, una de las subidas más abruptas desde que existen registros del sistema de detención migratoria.
En los primeros meses de 2026, ya se contabilizan por lo menos 13 personas fallecidas que estaban detenidas por ICE. El último caso reportado es el de Royer Pérez Jiménez, un inmigrante mexicano de 19 años que perdió la vida bajo custodia de ICE en Florida. Días atrás también había muerto Mohommad Nazeer Paktyawal, un inmigrante afgano de 41 años, que trabajó con el Ejército estadounidense en Afganistán y falleció por causas desconocidas bajo custodia de ICE en Texas.
Para el Consejo de Inmigración estadounidense lo que estamos viendo podría obedecer a un fallo sistémico. Según esta organización la administración supervisa un sistema de control migratorio que opera con impunidad y poca o ninguna transparencia, sabiendo que hay vidas en juego. Por ello afirman que estas muertes no son incidentes aislados.
Crecen las dudas sobre las condiciones en la nueva red de centros que plantea ICE
La rápida expansión del sistema de detención migratoria en Estados Unidos abre un nuevo frente de preocupación: cómo se garantizarán las condiciones básicas en una red que crece más rápido que su propia supervisión. ICE no solo ha reactivado centros previamente cerrados, sino que también ha incorporado decenas de nuevas instalaciones y ha ampliado el uso de cárceles locales a través de acuerdos con autoridades estatales.
En paralelo, avanza en un plan para convertir grandes almacenes industriales en centros de detención, lo que plantea interrogantes sobre su idoneidad para albergar a miles de personas bajo custodia.
Como lo revelamos en una de nuestras noticias ICE trabaja en un mega plan de expansión de detención que ha encendido las alarmas y ya genera preocupaciones y críticas pues no se descartan riesgos de fallas operativas por otorgar este tipo de contratos a empresas sin experiencia; sumado al temor por las condiciones humanitarias y de supervisión.
Según el American Inmigration Council esta iniciativa está bautizada como la “Reingeniería de Detención de ICE", y tendría como objetivo "implementar un nuevo modelo de detención" para el 30 de septiembre de 2026.
Bajo esta iniciativa, la agencia planea reemplazar el sistema actual por uno nuevo, operando principalmente desde 34 instalaciones de su propiedad absoluta dividas en 16 "centros de procesamiento" que albergarían entre 1,000 y 1,500 personas en almacenes remodelados, con estancias promedio de 3 a 7 días. 8 centros de detención a gran escala y 10 instalaciones "llave en mano"; cárceles y prisiones preexistentes que actualmente tienen contratos con ICE, para alojar a detenidos inmigrantes.
Pero la capacidad de supervisión parece ir en sentido contrario al crecimiento del sistema. Mientras el número de centros aumenta, los mecanismos de control como inspecciones regulares o instancias internas de derechos civiles han mostrado señales de debilitamiento. En ese contexto, expertos y organizaciones advierten que la expansión sin controles proporcionales podría traducirse en mayores riesgos para la vida y la integridad de las personas detenidas, en un sistema donde ya se han encendido las alarmas por el aumento de muertes bajo custodia.
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