El caso del menor ecuatoriano Liam Conejo Ramo, que causó gran indignación y fue motivo de múltiples e históricas protestas contra las tácticas que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) está implementando en sus tareas de control migratorio en Estados Unidos, parece ser solo la punta del iceberg del giro silencioso que estaría dando esta agencia en la aplicación de la ley.  

Su detención bajo custodia de ICE revela una tendencia más amplia y menos visible: el aumento sostenido de niños y familias inmigrantes detenidos por ICE, la agencia encargada de la deportación, no de la protección infantil. 

Históricamente cuando se trataba de niños, las leyes estadounidenses activaban un protocolo que involucraba a varias agencias gubernamentales para su manejo. Cuando los niños cruzan solos y son encontrados por los agentes, las autoridades los detienen y los entregan a otras dependencias del gobierno. Primero los recibe el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que los identifica y si no pueden ser devueltos de inmediato, los transfiere al Departamento de Salud (HHS) en máximo 3 días. 

El HHS normalmente los cuida en refugios o casas de acogida mientras busca reunirlos con un familiar o patrocinador. La ley dice que deben estar detenidos por poco tiempo, pero pueden quedarse más si hay emergencias o demoras. 

En una investigación que divulgamos recientemente “Niños migrantes no acompañados en EE. UU.: atrapados entre cruces de frontera y entregas a patrocinadores | Abogado Héctor Quiroga” revelamos una tendencia y era que efectivamente durante el año 2025 hubo menos niños cruzando la frontera. 

Pero ese engranaje institucional diseñado para que los niños migrantes permanecieran el menor tiempo posible bajo custodia migratoria, pareciera haberse reformado, porque los datos más recientes revelan una paradoja que rompe con la lógica histórica.  

Mientras las cifras oficiales de la Patrulla Fronteriza (CBP) confirman una reducción de menores no acompañados encontrados en la frontera, otra curva avanza en sentido contrario: la de niños detenidos por ICE dentro del territorio estadounidense.  

El giro de ICE en el interior del país 

Durante años, el discurso oficial en Estados Unidos sostuvo que los niños migrantes quedaban bajo la custodia de agencias civiles y de protección, mientras ICE concentraba su labor en adultos con procesos migratorios pendientes. Sin embargo, datos recientes, demandas judiciales y reportes de distintas organizaciones muestran que ICE ha asumido un rol cada vez más activo en la detención de familias y menores, incluso por períodos prolongados. 

Según datos conocidos por el Inmigration Forum a los cuales tuvimos acceso, entre enero y octubre de 2025, aproximadamente 3.800 menores inmigrantes estuvieron bajo custodia de ICE. De estos, según el análisis del Proyecto Marshall, más de 1.300 niños permanecieron detenidos más de 20 días a pesar de que ICE afirmó estar minimizando este impacto y buscando la liberación de la custodia lo antes posible. La reactivación de la detención familiar por parte de la administración ha incluido según esta organización a 20 bebés que han sido detenidos desde que Trump asumió el cargo. 

Pero esta modificación no solo transforma quién custodia ahora a los niños, sino también cómo se hace, por cuánto tiempo y en qué condiciones.  

Los informes indican también que, tras los recortes de financiación, 26,000 niños no acompañados perdieron la asistencia por parte de un abogado, mientras que el tiempo promedio de su custodia aumentó de uno a seis meses. 

Diversos análisis advierten que este patrón no responde a un hecho aislado, sino a una reconfiguración del sistema de control migratorio, donde ICE retiene a niños más tiempo y en instalaciones diseñadas originalmente para adultos. 

La disminución en los cruces fronterizos desplazó el control hacia el interior del país, donde ICE, agencia históricamente enfocada en adultos, comenzó a detener y procesar a miles de menores en el marco de operativos internos. Ese cambio, silencioso pero profundo, marca un punto de quiebre en la aplicación de la política migratoria estadounidense. Hasta 2024, ICE no era una agencia protagonista en la detención de menores no acompañados.  

La actuación de ICE frente a menores inmigrantes se encuentra en teoría “limitada” por un marco legal: el Acuerdo Flores, un pacto judicial vigente desde 1997 que establece estándares obligatorios para el trato de niños bajo custodia del Estado, pero que hoy parece ser insuficiente u obsoleto.  

¿Qué dice el acuerdo Flores? 

Este acuerdo exige que los menores sean liberados a familiares u otros adultos responsables lo antes posible, y que, en caso de detención, permanezcan en entornos seguros, sanitarios y lo menos restrictivos, con acceso a agua potable, alimentos adecuados, atención médica de emergencia, supervisión constante y contacto con sus familias.  

El cumplimiento del Acuerdo Flores también se extiende a los centros de detención familiar operados por ICE, los cuales deben ajustarse además a las Normas Residenciales Familiares internas de la agencia. No obstante, informes de organismos de control del propio Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han documentado denuncias por presuntas violaciones de estas normas, un hecho que mantiene alertas sobre las condiciones y la legalidad de la detención prolongada de menores en instalaciones migratorias. 

Este acuerdo brinda protección a los menores detenidos y en general argumenta que es excesivo que un menor permanezca bajo custodia de ICE con su familia durante más de 20 días. 

¿Tiene ICE la potestad para detener a menores de edad? 

La respuesta es SI, bajo la INA (Immigration and Nationality Act) y políticas de DHS, un oficial puede detener a una persona, incluidos menores, si hay causa para creer que es sujeto de procedimientos de deportación.  

Pero los menores tienen derechos reforzados. ICE no puede interrogarlos sin garantías, y la detención debe ser la última opción, no la regla. Tampoco deben ser recluidos en centros de adultos y la custodia inicial en teoría debería pasar a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR). 

¿Cómo ha cambiado la detención familiar de menores y la reapertura del centro de Dilley? 

En 2021, durante el gobierno Biden, se suspendió en gran medida la práctica de retener a menores en centros de detención migratoria, incluso se cerraron centros como el de Dilley, llamado Centro Residencial del Sur de Texas en 2024 como parte de políticas migratorias menos punitivas respecto a familias migrantes. Sin embargo, la administración Trump 2.0 reabrió el South Texas Family Residential Center con capacidad de hasta 2,400 padres y sus hijos desde marzo de 2025. 

En el primer gobierno de Trump (2018), según reportes que reposan en la Biblioteca Nacional de Medicina, se implementó la política de “tolerancia cero”, que llevó a aumentos masivos de detenciones de menores en general (incluidas detenciones fronterizas temporales), con miles de niños en custodia de CBP y otros organismos, incluso por encima de límites legales (72 horas). 

Durante la era Obama, South Texas Family Residential Center (Dilley, Texas) abrió como centro de detención familiar en diciembre de 2014. Para junio de 2015 ya alojaba 1.735 personas, aproximadamente 1.000 de ellas eran niños detenidos junto a sus familias. Con Obama el enfoque de detención familiar se centró en detenciones fronterizas y no prolongadas, con niños liberados tan pronto como fuera posible o transferidos a agentes de refugiados (ORR). 

Las cifras confirman el nuevo protagonismo de ICE  

Los datos más recientes del TRAC Immigration confirman el cambio estructural en la política migratoria estadounidense y en la misión operativa de ICE.  

Con corte al 25 de enero de 2026, 70.766 personas permanecían detenidas bajo custodia de ICE, de las cuales el 74,2 % no registraba antecedentes penales, y entre quienes sí presentaban condenas predominaban delitos menores, como infracciones de tránsito.  

Aunque no existen cifras oficiales que desagreguen cuántos menores permanecen detenidos por estado o bajo custodia prolongada, los patrones territoriales ofrecen una señal relevante: las detenciones se agrupan en estados con grandes centros de detención familiar, como: Texas (18,684), Louisiana (8,207), California (6,422), Florida (5,187) y Georgia (4,178). Texas, en particular, encabeza la lista con más de 18 mil personas detenidas, y alberga instalaciones identificadas por investigadores y organizaciones civiles como puntos recurrentes de retención de familias como el Camp East Montana, ubicado en El Paso.  

Esta concentración geográfica, sumada al aumento de operativos al interior del país y al bajo perfil criminal de la mayoría de los detenidos, refuerza la hipótesis de que el incremento de menores bajo custodia de ICE responde a la intensificación del control migratorio interno, donde niños y familias quedan atrapados en un sistema diseñado originalmente para adultos. 

La pregunta de fondo ya no es solo cuántos niños realmente están siendo detenidos, sino ¿por qué ICE y no otras agencias está concentrando cada vez más esta responsabilidad? 

Y es que las consecuencias de este giro para los derechos de la infancia migrante en Estados Unidos están aún por verse. Mientras organizaciones de derechos humanos alertan sobre impactos psicológicos, deficiencias médicas, alimentación inadecuada y obstáculos para el acceso a abogados en el marco de las detenciones de menores y sus familias, ICE y legisladores republicanos rechazan las acusaciones.  

Según las autoridades los centros cumplen la normativa, ofrecen atención humanitaria y las demoras obedecen a problemas logísticos, de transporte limitado o necesidades médicas específicas. Para diversas ONG, el problema no es solo la detención, sino la normalización de estancias prolongadas en centros concebidos para adultos. 

¿Qué está pasando en los centros de detención con los menores inmigrantes? 

Podríamos inferir que no es casualidad que Texas encabece la lista de estados con mayor número de personas detenidas por ICE, con más de 18,000 inmigrantes bajo custodia, cuando es allí donde se concentran algunos de los principales centros de detención familiar del país. Investigaciones recientes han puesto el foco en Dilley, al Sur de este territorio, un complejo operado por la empresa privada CoreCivic, que se ha convertido en epicentro de denuncias sobre maltrato a menores inmigrantes detenidos junto a sus padres. 

Una investigación de la organización ProPublica basada en visitas al centro, entrevistas directas y cartas escritas por niños detenidos revela un patrón de zozobra, deterioro emocional y estancias prolongadas que contradicen el discurso oficial de detención “breve y humanitaria”.  

Niños y adolescentes describieron el impacto de haber sido sacados de sus escuelas, comunidades y rutinas dentro de los Estados Unidos, y no tras un cruce fronterizo reciente, durante operativos de ICE al interior del país. Por ejemplo, según la investigación de ProPublica, Ariana Velásquez, de 14 años, pasó al menos 45 días detenida en el sitio con su madre, mientras veía cómo su vida escolar quedaba en pausa a miles de kilómetros de su hogar. 

Dilley, inaugurado durante la administración Obama para gestionar detenciones familiares vinculadas a cruces fronterizos, fue cerrado en 2021 bajo el gobierno de Joe Biden, que sostuvo que Estados Unidos no debía dedicarse a la detención de menores. Sin embargo, tras el regreso de Donald Trump a la presidencia, el centro fue reabierto, pero, a diferencia de etapas anteriores, el perfil de los detenidos cambió: familias que llevaban años viviendo en Estados Unidos, con hijos escolarizados y redes comunitarias consolidadas, comenzaron a ser enviadas a Dilley desde distintos puntos del país. 

Ese cambio de estrategia quedó expuesto ampliamente con la imagen de Liam Conejo Ramos, el niño ecuatoriano de cinco años detenido junto a su padre en Minneapolis, el cual refleja que la detención de menores ya no está ligada únicamente a la frontera, sino que es parte del día a día de ICE en las ciudades. 

Largas detenciones y crisis médica: lo que revela ProPublica  

Según un análisis de ProPublica, cerca de 3,500 personas, más de la mitad menores de edad, han pasado por Dilley desde su reapertura, superando incluso la población de la ciudad que alberga el centro. Aunque el Acuerdo Flores limita generalmente la detención de niños a 20 días, al menos 300 menores han permanecido allí más de un mes, y algunos superaron los 60 días. En documentos judiciales, la administración Trump ha sostenido que dicho acuerdo es obsoleto y debería rescindirse. 

Las denuncias también apuntan a condiciones médicas preocupantes. Padres y niños relataron que muchas veces reciben alimentos en mal estado, sufren enfermedades constantes y hay falta de atención médica adecuada. Algunas madres dijeron incluso que sus hijos se autolesionaban o hablaban de suicidio.  

Niños bajo amenaza de ICE 

Según otra investigación del proyecto Marshall, la detención de niños por parte de ICE se multiplicó por seis bajo el gobierno de Trump.  

ICE pasó de detener unos 25 niños al día en promedio en la era Biden a cerca de 170 menores en un día durante el gobierno Trump. Durante el periodo comprendido entre 2023 y finales de 2024, el número diario de niños bajo custodia se mantuvo relativamente bajo y estable, con un promedio cercano a los 25 menores por día y picos aislados que rara vez superaban los 50. Sin embargo, tras el inicio del nuevo mandato presidencial en 2025, la tendencia cambia de forma abrupta. 

En cuestión de semanas, las cifras superan los 100 menores diarios y posteriormente alcanzan niveles cercanos o superiores a los 300 niños en un solo día, incluso para el 26 de junio de 2025 más de 400 niños estaban detenidos en centros de detención de ICE. El promedio diario se eleva a unos 170 menores. Esto demuestra que no se trata de una simple fluctuación temporal sino de un cambio estructural en el volumen de detenciones. 

Lo más complejo y que revela la investigación del  proyecto Marshall no es cuántos niños están detenidos, sino a dónde están llegando. La información analizada por esta organización y respaldada con datos del Deportation Data Project deja claro que los menores no están bajo la custodia del Office of Refugee Resettlement (ORR) ni en centros de procesamiento de CBP, sino directamente en manos de ICE. Eso significa que se encuentran en un entorno carcelario, no de protección (bajo el cuidado de personal entrenado para custodia y traslado), no para cuidado infantil. ICE no fue diseñada para detener niños y sus centros no están adecuados para albergar menores.  

El promedio de 170 niños detenidos diariamente evidencia también una amplia capacidad instalada. Un promedio así implica camas asignadas, contratos activos y operación continua. Esto no se trata entonces de excesos aislados; sino de dinámicas gubernamentales en las que las agencias responden al sistema así su misionalidad institucional no haya sido estructurada para ello.  

Además, el perfil de los niños desmonta la narrativa política de seguridad y criminalidad migrante. Un bebé de dos meses, un niño de cinco años, entre muchos otros ejemplos, muchos con procesos migratorios pendientes y algunos con posibilidad legal de permanecer en el país, no son delincuentes que amenacen la seguridad nacional.  

En los últimos días, 11 senadores demócratas radicaron una carta donde denuncian que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y ICE “tienen la intención de detener y expulsar a niños del país sin tener en cuenta las protecciones constitucionales o legales”. 

En la carta dirigida a Pan Bondi, fiscal general; Kristi Noem, secretaria del DHS; Tood Lyons, director interino de ICE; Daren K. Margolin, director de la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EIOR); y Robert F. Kennedy, secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HSS), los congresistas solicitan que “detenga las medidas de cumplimiento de la ley contra menores y desarrolle políticas para protegerlos”. 

Bajo este panorama queda claro que el caso de Liam no solo fue un episodio aislado. Los datos, las cifras de detención y los testimonios de menores recluidos en centros como Dilley exponen un patrón consistente: menos niños cruzando la frontera, pero más menores detenidos por ICE la agencia encargada de deportar históricamente.  

Mientras el gobierno defiende que actúa dentro de la ley y bajo estándares humanitarios, organizaciones civiles advierten que se está redefiniendo el límite de lo aceptable en materia de derechos de la infancia migrante. El giro está en marcha y sus efectos, más allá de las cifras, marcarán el rumbo de la política migratoria estadounidense en los próximos años.