Mientras el discurso sigue teniendo como principal bastión la seguridad pública, los datos cuentan otra historia: en Estados Unidos, cada vez más inmigrantes son detenidos sin acceso a una audiencia de fianza, incluso cuando casi ninguno enfrenta acusaciones criminales.  

Para febrero de 2026, apenas el 2 % de los casos en tribunales migratorios incluía alguna presunta actividad delictiva, según el más reciente análisis del TRAC Inmigration. Aun así, el acceso a un juez para solicitar libertad provisional se está convirtiendo cada vez más en una excepción. 

Estas cifras revelan una transformación en dos vías, por un lado, la mayoría de las personas en procesos de deportación no representa una amenaza para la seguridad pública; por otro, el sistema está eliminando progresivamente el principal mecanismo para evaluar su detención.  

Históricamente, las audiencias de fianza han sido el punto de equilibrio dentro del sistema migratorio estadounidense, un espacio donde un juez revisaba si una persona debía permanecer detenida o podía enfrentar su proceso en libertad. Pero datos recientes muestran una caída abrupta en estas audiencias, incluso en un contexto de detenciones récord, lo que sugeriría que el sistema está cada vez menos diseñado para revisar la detención, y más bien para sostenerla. 

La contradicción es evidente, mientras disminuyen de forma sostenida los casos vinculados a delitos, también desaparecen las oportunidades de cuestionar la detención ante un juez. En la práctica, esto significa que miles de personas sin antecedentes penales enfrentan un sistema más restrictivo que nunca, donde la libertad provisional no solo es más difícil de obtener, sino, sorpresivamente, cada vez más difícil de solicitar. 

¿El sistema migratorio estadounidense está dejando la evaluación individual para implementar un modelo de detención generalizada? 

La caída de las audiencias de fianza pareciera no ser un efecto colateral del endurecimiento migratorio, sino su pieza central. Según el Transactional Records Access Clearinghouse, los jueces de inmigración han llevado a cabo 28,951 audiencias de fianza hasta febrero de 2026, otorgándola a 8,050 personas, lo que representa una tasa de concesión del 27,8 %. 

Históricamente, la lógica de la fianza en el sistema migratorio estadounidense se ha basado en dos criterios: riesgo de fuga y peligro para la comunidad. Pero si menos del 2 % de los casos involucra acciones criminales, el argumento de peligrosidad pierde peso como justificación masiva de la detención. En ese contexto, la reducción de audiencias de fianza no solo limita el acceso a la libertad provisional, sino la evaluación de cada caso ante un juez. 

Al desaparecer o reducirse estas audiencias, el sistema deja de diferenciar entre perfiles. Esto podría llevar a que personas sin antecedentes terminen sujetas al mismo régimen de detención que aquellos con acusaciones más graves. Esto va en contravía del principio de proporcionalidad y transforma la detención migratoria en una herramienta de control más amplia, menos selectiva y con menor supervisión judicial. 

Un cambio silencioso pero estructural 

En la última década, especialmente desde 2025, el acceso a audiencias de fianza en Estados Unidos ha venido cayendo de forma sostenida. Hoy, no solo menos migrantes obtienen libertad, sino que cada vez son menos los que tienen la oportunidad de pedirla. 

Datos del sistema de cortes migratorias de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración, analizados por Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), muestran que en la última década el acceso a este mecanismo ha pasado de ser una práctica común para convertirse en una excepción. 

Según TRAC y el análisis de algunas estimaciones históricas, entre 2015 y 2016, las audiencias de fianza eran una pieza central del sistema migratorio, para esa época se desarrollaban cerca de 65,000 anuales y la tasa de aprobación llegaba a más del 55 %.  

Sin embargo, los datos analizados y que conocimos en nuestra investigación muestran una tendencia sostenida a la baja pues entre 2017 y 2020 la caída en audiencias y aprobación fue del (48 % – 50 %), para 2021 y 2023 hubo una relativa estabilización (45 % – 50 %), pero entre 2025 y 2026 el desplome es histórico (28 %). 

Como lo relacionamos anteriormente, de 28,951 audiencias de fianza celebradas entre octubre de 2025 y febrero de 2026, solo se dieron 8,050 aprobaciones, una tasa de concesión cercana al 28 %. Esto ocurre en un contexto donde más de 70,000 personas permanecen detenidas y la mayoría ni siquiera accede a una audiencia. 

En otras palabras, hoy un migrante tiene aproximadamente la mitad de las probabilidades de obtener fianza que hace una década. 

Datos: TRAC, EOIR y cifras 2025–2026 

Audiencias de fianza en caída histórica 

La evolución de la tasa de aprobación de fianzas entre 2015 y 2026 muestra un deterioro sostenido, así se observa en un análisis de cifras que cruza datos de TRAC y EOIR, además de otros ya públicos de los años 2025 y 2026. En poco más de una década, el porcentaje cae de 56 % a apenas 28 %, lo que equivale a una reducción de casi 30 puntos porcentuales.  

Más allá del número, lo que revela esta tendencia es un cambio en la lógica del sistema: lo que antes era una decisión relativamente equilibrada bajo la cual uno de cada dos migrantes podía recuperar su libertad mientras defendía su caso, se ha transformado en un escenario mucho más restrictivo, donde la negativa es ahora la norma.  

El punto de quiebre de las aprobaciones de fianza se hace especialmente evidente a partir de 2024 pero se profundiza en 2025 y 2026, cuando la tasa desciende hasta su nivel más bajo. Este desplome coincide con un contexto de expansión de la detención obligatoria y de importantes limitaciones para acceder por lo menos a una audiencia.  

Hoy por hoy no solo menos personas obtienen fianza, sino que muchas quedan excluidas del proceso desde el inicio. La cifra de 27 % en 2026 marca un mínimo histórico para un sistema que pareciera haberse transformado en una estructura de detención prolongada con escasas salidas. 

Organizaciones como la American Civil Liberties Union y el American Immigration Council han documentado que miles de migrantes son clasificados como “applicants for admission” y bajo esta categoría no tienen derecho a audiencia de fianza. 

Esto incluye a personas sin antecedentes penales, migrantes con años viviendo en EE. UU. y personas con familia ciudadana.  

Menos audiencias de fianza, más barreras para aprobar un caso 

La reducción de audiencias de fianza también implica una barrera adicional para la defensa legal. Sin acceso a libertad provisional, las personas detenidas enfrentan mayores dificultades para conseguir representación, reunir evidencia o preparar su caso, lo que impacta directamente en los resultados de sus procesos migratorios. 

Y es que las estadísticas de TRAC Inmigration muestran que mientras la detención migratoria se duplicó, las audiencias de fianza no solo no crecieron, sino que colapsaron, reduciendo drásticamente el acceso a la libertad. 

La evidencia apuntaría a una transformación profunda del sistema migratorio estadounidense. Esto insinúa, por lo menos, la comparación entre detenciones y audiencias de fianza la cual revela un quiebre profundo en el funcionamiento del sistema.  

En 2023 y 2024, aunque ya existía una alta población detenida, el número de audiencias superaba incluso el total de personas bajo custodia en algunos momentos, lo que reflejaba un flujo constante de revisión judicial y la posibilidad real de que los migrantes accedieran a un juez para solicitar su liberación.  

Sin embargo, a partir de 2025 la tendencia se invierte de forma abrupta: mientras la población detenida prácticamente se duplica, pasando de 38,000 a 68,000 personas, las audiencias de fianza no solo no crecen, sino que disminuyen. 

Pero el dato más contundente aparece en 2026, en el que el sistema alcanza más de 70,000 personas detenidas, pero registra menos de 30,000 audiencias en varios meses clave. Esta brecha evidencia un “cuello de botella” estructural: cada vez más personas son detenidas, pero proporcionalmente menos tienen acceso a una revisión judicial de su caso.  

Es importante tener en cuenta que las audiencias de fianza pueden superar el número de personas detenidas porque no miden lo mismo. La detención refleja un promedio diario, mientras que las audiencias corresponden a un total anual. No es una relación de 1 a 1: un mismo caso puede incluir audiencia inicial, solicitudes de reconsideración y apelaciones, lo que hace que el número de audiencias crezca más rápido que el de personas detenidas. 

Datos revelan caída histórica en deportaciones basadas en actividad delictiva 

Según otro estudio del Centro de Intercambio de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC), solo el 2 % de las solicitudes presentadas ante los tribunales de inmigración se basaron en presunta actividad delictiva en febrero de 2026. 

El análisis muestra que, comparativamente, pocos inmigrantes enfrentan la deportación por presunta actividad delictiva. Para febrero de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentó documentos de acusación contra solo 741 personas alegando presunta actividad delictiva como base para solicitar su expulsión. Esto representa tan solo el 2 por ciento de las "notificaciones para comparecer" (NTA) que el DHS presentó ese mes.  

Esto significa que 36,300 personas, es decir, el 98 % restante de los casos no estuvo relacionado con delitos, sino con infracciones administrativas de inmigración, como la entrada sin inspección o la permanencia irregular tras el vencimiento de una visa. En la práctica, se trata de situaciones que, bajo el modelo tradicional, podrían haber sido elegibles para una audiencia de fianza.  

Sin embargo, en lugar de abrir la puerta a una evaluación judicial sobre su liberación, estas notificaciones de comparecencia (NTA) fueron utilizadas principalmente para sustentar solicitudes de deportación, limitando así el acceso a ese mecanismo clave de revisión. 

¿Qué revelan las cifras de las últimas dos décadas? 

Lo que las cifras nos muestran es que en años anteriores el número de extranjeros que se enfrentaban a procesos de deportación ante el Tribunal de Inmigración por supuestos antecedentes penales era superior. En cambio, lo que se ve hoy es una disminución drástica en la cantidad de casos que son radicados ante el tribunal de inmigración y que mencionan antecedentes penales como fundamento para solicitar la deportación. 

Hace veinticinco años, es decir, para el año 2001, las notificaciones de comparecencia presentadas mensualmente que relacionaban actividad delictiva como fundamento de la solicitud de deportación alcanzaban las 3,000. Esa cifra alcanzó un máximo de más de 4,000 para marzo de 2010, durante la administración Obama.  

Pero las estadísticas del  Centro de Intercambio de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC) muestran una tendencia sostenida y es la caída del número de extranjeros acusados en tribunales de inmigración por presuntos antecedentes penales en los últimos 15 años.  

A partir de 2012, los datos reflejan una caída constante hasta llegar a mínimos históricos en 2020 y 2021, con cifras por debajo de los 500 casos mensuales. Para los años más recientes (2022–2026) se observa un leve repunte, pero los niveles siguen muy por debajo de los picos registrados una década atrás. 

Esto contradice las narrativas que se han repetido en los últimos años sobre la inmigración y la actividad criminal, y lo que reflejaría son algunos cambios en prioridades de aplicación de la ley o criterios de acusación. Hoy el sistema de cortes de inmigración procesa menos casos vinculados a supuestos antecedentes penales que hace una década.  

¿Cómo se lee esto bajo el gobierno de Donald Trump?  

Bajo el gobierno de Donald Trump, los datos revelan una paradoja difícil de ignorar y es que, aunque el discurso oficial insiste en priorizar a migrantes con antecedentes criminales, el número de casos basados en delitos se mantiene en mínimos históricos.  

Desde 2025, el aumento de arrestos se ha concentrado en perfiles sin récord criminal, principalmente a través de operativos en comunidades, revocaciones de estatus migratorio y el procesamiento de infracciones administrativas.  

Esta transformación se conecta directamente con la caída de las audiencias de fianza. Pues al tratarse en su gran mayoría de personas sin antecedentes, bajo el modelo tradicional muchas de ellas habrían sido candidatas a una evaluación judicial para obtener libertad provisional. Sin embargo, con el giro que está dando el sistema de control migratorio se reducen esos espacios de revisión. 

¿Estamos ante un cambio radical del sistema migratorio de EE. UU.?  

Organizaciones como el Deportation Data Project concluyen, en su más reciente informe, que el sistema migratorio de EE. UU. dejó de ser selectivo y se convirtió en un modelo de detención masiva, donde el factor criminal perdió relevancia frente a una estrategia de volumen, velocidad y disuasión. 

Según su estudio, el número de deportaciones dentro de Estados Unidos se quintuplicó durante el primer año del segundo mandato de Trump. Pero más allá de eso, tal vez el hallazgo más importante y contundente es el crecimiento acelerado de arrestos contra inmigrantes sin historial criminal. Las cifras muestran que estas detenciones se multiplicaron más de siete veces, es decir, un incremento de hasta un 770%.  

La organización también concluye que, en el pasado, las personas sin antecedentes penales solían ser puestas en libertad bajo fianza, pero que esto cambió desde 2025. Según su análisis, hay un cambio drástico en lo que ocurre con las personas detenidas en las primeras semanas tras su arresto. Durante los últimos meses de la administración Biden, cerca del 35 % de los migrantes sin antecedentes penales y sin una orden previa de expulsión, lograba estar en libertad dentro de los primeros 60 días. Hoy, esa posibilidad prácticamente desapareció pues apenas el 7 % es liberado en ese mismo periodo.  

Paralelamente, la probabilidad de ser deportado en esos dos primeros meses se duplicó, pasando del 27% al 57%. Más que un aumento aislado en las expulsiones, los datos sugieren algo más estructural: al reducirse la liberación temprana, se acelera directamente el camino hacia la deportación. 

El endurecimiento de las reglas también está cambiando el comportamiento de las personas detenidas. Ante un sistema donde salir en libertad es cada vez más difícil y permanecer detenido implica meses o incluso años en custodia, muchos optan por abandonar sus casos antes de que un juez los resuelva. Es decir, que el sistema está presionando indirectamente a las personas a desistir de su defensa.