Según un anuncio en el Registro Federal, a partir de ahora abogados del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), por sus siglas en inglés, podrán brindar asesoría a los menores migrantes no acompañados ante los tribunales de inmigración.
La medida busca, en teoría, garantizar representación legal, pero abre una pregunta de fondo: ¿qué tan independiente puede ser un abogado cuando trabaja dentro del mismo Gobierno que es el encargado de administrar parte del sistema migratorio?
La dependencia se llamará formalmente División de Representación Legal para Menores Extranjeros No Acompañados (UACLRD) y operará dentro de la Oficina del Asesor General (Office of the General Counsel, OGC) del HHS.
Los abogados de esta división podrán asesorar directamente a los menores, explicarles sus derechos y opciones migratorias y representarlos ante tribunales de inmigración y otros organismos que deciden casos migratorios.
¿Puede ser totalmente independiente un abogado que trabaja para el Gobierno?
El propio Gobierno intenta responder parcialmente a esta preocupación. El documento establece que la nueva división será separada e independiente de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) y de la oficina del HHS que presta asesoría jurídica a la Administración para Niños y Familias.
Además, según la normativa, cuando los abogados de la UACLRD representen a un menor, no podrán al mismo tiempo brindar asesoría o representación a otras dependencias u oficinas en ese mismo asunto. El documento señala que deberán actuar de acuerdo con sus responsabilidades profesionales con el niño al que representan.
Hay otra parte del documento que deja más dudas que respuestas
La UACLRD forma parte de la OGC. Su jefe es un Asesor General Asociado y el propio Registro Federal señala que las divisiones de esta oficina están sujetas a la supervisión y control profesional del Asesor General.
Esto por sí mismo implica un dilema, pues el abogado debe representar al niño, pero pertenece a una estructura jurídica del Gobierno federal, lo que plantea una duda legítima sobre la independencia institucional y la confianza de las familias.
Los abogados no decidirán si el niño puede quedarse o debe ser deportado
Su función será representar al menor. Pero la decisión sobre el caso migratorio continuará siendo responsabilidad de los jueces de inmigración u otros organismos competentes.
El cambio llega en medio de una disputa por los servicios legales
HHS había estado preparando una nueva contratación para proporcionar servicios legales a niños migrantes no acompañados. La solicitud contemplaba un contrato de cinco años para representación directa ante tribunales de inmigración y procedimientos relacionados con el DHS.
El proceso generó protestas ante la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO), por sus siglas en inglés, incluida una presentada por Acacia Center for Justice, organización que ya prestaba estos servicios y que tenía aproximadamente 24,000 casos activos bajo su representación.
El 18 de septiembre, GAO rechazó la protesta de Acacia y determinó que las condiciones cuestionadas de la contratación no constituían una razón suficiente para anular el proceso. Once días después apareció en el Registro Federal la nueva estructura de abogados.
La verdadera prueba para esta dependencia está por verse. Habrá que hacer seguimiento a cómo se seleccionan los abogados, qué protección tendrán frente a presiones externas, quién supervisará sus decisiones, cómo se manejarán los posibles conflictos de interés y qué ocurrirá cuando las decisiones que favorezcan a los menores no sean las mismas que pregonan las políticas de la administración de turno.
