Mientras que la agencia afirma que estas aeronaves reducen hasta en un 40 % los costos frente a vuelos militares, datos públicos y de política migratoria señalan que el aumento de la capacidad aérea coincide con mayores niveles de incertidumbre entre las comunidades inmigrantes, ante el riesgo de detenciones, separación familiar y dificultades para acceder de manera oportuna a asesoría legal.