El gobierno anunció la incorporación de 47 jueces de inmigración y 6 temporales a su planta de administradores de justicia en las cortes, mientras intenta reducir el atraso de casos. Entre los nuevos jueces hay abogados que hasta hace pocos meses trabajaban para ICE.

Este nombramiento vuelve a sembrar la duda entre los inmigrantes sobre si el objetivo es únicamente descongestionar las cortes o acelerar la emisión de decisiones y órdenes de deportación.

La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), que administra las cortes de inmigración, indicó que, de los 53 nuevos jueces, 47 fueron nombrados en propiedad y otros 6 temporales.

EOIR afirma que los nuevos cargos son fundamentales para el objetivo de la administración de reducir el atraso de los tribunales de inmigración y restaurar la integridad del sistema migratorio.

Aunque la comunicación oficial habla de más jueces para reducir el atraso de las cortes migratorias, los perfiles profesionales de los nuevos integrantes cuentan una historia más amplia.

10 de los nuevos jueces trabajaron directamente para ICE

Al revisar las 53 biografías oficiales publicadas por EOIR, 10 de los 47 nuevos jueces permanentes tienen experiencia profesional directamente en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Eso representa aproximadamente 21,3% de los nuevos jueces permanentes. En otras palabras, aproximadamente uno de cada cinco tiene experiencia laboral previa en ICE y, en varios casos, no se trata de una experiencia de hace décadas.

Las biografías muestran que algunos de ellos trabajaban en la Oficina del Asesor Jurídico Principal de ICE (OPLA) hasta poco antes de convertirse en jueces. OPLA es la oficina jurídica de ICE y representa al gobierno en los procedimientos migratorios ante las cortes.

¿Quiénes son los 10 nuevos jueces con experiencia directa en ICE?

  • Brian J. Boyd: trabajó como attorney advisor de OPLA, ICE, entre mayo de 2019 y febrero de 2022. Posteriormente trabajó para el Departamento de Justicia antes de ser nombrado juez.
  • Shawn P. Hammond: fue assistant chief counsel de OPLA, ICE, en Columbia, Carolina del Sur, desde enero hasta septiembre de 2026.
  • Héctor Hernández Jr.: trabajó en OPLA, ICE, hasta septiembre de 2026, antes de asumir como juez.
  • David W. Illingworth II: trabajó en OPLA, ICE, hasta septiembre de 2026.
  • William R. LaFleur II: trabajó en OPLA, ICE, entre 2022 y 2023.
  • Debbie López-Carr: trabajó en OPLA, ICE, desde 2019 hasta septiembre de 2026.
  • Latosha M. Powell: trabajó en OPLA, ICE, desde 2020 hasta septiembre de 2026.
  • Veronika N. Rabon: trabajó en OPLA, ICE, desde septiembre de 2025 hasta septiembre de 2026.
  • Michele M. Renteria: trabajó en OPLA, ICE, desde agosto de 2019 hasta septiembre de 2026.
  • Kerry Anne Vales: trabajó en OPLA, ICE, desde octubre de 2025 hasta septiembre de 2026.

El caso es bastante llamativo, pues la biografía oficial indica que estuvieron en OPLA, ICE, hasta septiembre de 2026, el mismo mes en que comenzaron su nueva función como jueces de inmigración.

No solo ICE: también aparecen USCIS y CBP

El análisis de las biografías muestra que la experiencia previa en el sistema migratorio federal va más allá de ICE. Entre los nuevos jueces también aparecen 5 perfiles que trabajaron para el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) y otros 3 en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Por ejemplo, James J. Cavagnaro trabajó en USCIS como Oficial de Servicios de Inmigración y posteriormente como Oficial Supervisor de Servicios de Inmigración, además de haber sido Oficial de asilo. Jordan D'Angelo también tuvo experiencia en USCIS, además de haber trabajado en otras dependencias federales.

John C. Allison, por su parte, trabajó hasta julio de 2026 como abogado en la Oficina del Asesor Jurídico Principal de CBP en Buffalo, Nueva York.

El resultado del análisis es que 16 de los 47 nuevos jueces permanentes tienen experiencia previa en ICE, USCIS o CBP. Eso representa aproximadamente 34% del nuevo grupo permanente.

Es decir, uno de cada tres nuevos jueces tiene experiencia laboral previa en una de las principales agencias migratorias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La cifra se dispara cuando se mira la experiencia en todo el gobierno federal

El perfil de los nuevos jueces también muestra una vasta experiencia gubernamental federal. La revisión de las biografías identifica 42 de los 53 nuevos jueces con experiencia previa en agencias o instituciones federales como:

  • ICE.
  • USCIS.
  • CBP.
  • Departamento de Justicia.
  • Departamento de Salud y Servicios Humanos.
  • Departamento de Trabajo.
  • Departamento de Asuntos de Veteranos.
  • FEMA.
  • FAA.
  • SBA.
  • SSA.
  • Fuerzas Armadas.
  • Tribunales federales.
  • Otras dependencias federales.

Eso equivale a, aproximadamente, 79,2% de los 53 nuevos jueces nombrados por EOIR, aunque no es lo mismo haber trabajado como abogado de OPLA representando al DHS en procesos de inmigración que haber servido como abogado militar, juez de una corte marcial o empleado de otra agencia federal.

¿Cuántos jueces de inmigración hay realmente?

En mayo, EOIR anunció el nombramiento de 77 jueces de inmigración y cinco temporales. En ese momento, el Departamento de Justicia dijo que el cuerpo de jueces de inmigración había crecido a casi 700 y que EOIR había contratado 153 jueces permanentes durante ese año fiscal.

Entre junio y septiembre la entidad anunció otros 158 nuevos jueces permanentes, además de los temporales. Si se suman los anuncios desde marzo hasta septiembre, se contabilizan 292 nuevos jueces de inmigración anunciados en esas tandas.

Pero acá es preciso aclarar que 292 nombramientos no significan que el cuerpo de jueces haya aumentado en exactamente ese número, porque esa cifra no contempla eventuales salidas, retiros, renuncias o movimientos dentro de EOIR.

Por eso, la cifra más precisa que se tiene es la de 650 jueces de inmigración con los que cuenta actualmente EOIR.

Ante un sistema con millones de casos pendientes, la duda que queda es si el objetivo de la expansión judicial es solamente reducir el atraso en las cortes o aumentar la velocidad con la que se emiten fallos y deportaciones.

Lo que sí está claro es que el efecto concreto de todo esto dependerá de qué casos reciban, el ritmo de resolución que tengan y qué tipo de decisiones se emitan.