¿Te imaginas que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ya no existiera? Esa es la posibilidad que Amnistía Internacional, una ONG que trabaja por los derechos humanos, está poniendo sobre la mesa después de documentar lo que describe como un patrón generalizado de violaciones en medio de operaciones migratorias durante la segunda administración de Donald Trump.
Y es que la organización no está pidiendo solamente que se investigue a determinados agentes o que se modifiquen algunos procedimientos: su propuesta es mucho más profunda y consiste en abolir ICE de manera inmediata para comenzar desde cero la construcción de un sistema de control migratorio que cumpla con las normas internacionales de derechos humanos.
Amnistía también pide acabar con los acuerdos del programa 287(g), que permiten que determinadas autoridades estatales y locales ejerzan funciones específicas de control migratorio bajo acuerdos con el gobierno federal. Según ICE, al 9 de septiembre de 2026 había firmado 2,466 memorandos de acuerdo con agencias estatales y locales de 287(g) en todo el país.
Además, la organización reclama una mayor supervisión de los centros de detención de inmigrantes y que los miembros del Congreso puedan ingresar a estos lugares sin previo aviso, inspeccionarlos y hablar sin restricciones con las personas detenidas, tal como, según la organización, exige la legislación estadounidense.
El planteamiento aparece en el informe “Teníamos silbatos, ellos tenían armas”, elaborado a partir de investigaciones sobre operaciones de control migratorio realizadas en Chicago, Minneapolis, Nueva Orleans y Washington D. C.
En total, Amnistía entrevistó a 154 personas en esas cuatro ciudades y concluyó que las violaciones documentadas no serían episodios aislados, sino parte de patrones que se repiten en diferentes lugares del país.
¿Qué encontró Amnistía sobre las violaciones de ICE?
La investigación señala siete grandes tipos de situaciones. En resumidas cuentas, entre ellas están las operaciones discriminatorias por motivos raciales y las detenciones arbitrarias, además de denuncias de hostigamiento, intimidación, trato degradante y uso injustificado de la fuerza por parte de agentes federales.
El informe también documenta casos de uso de fuerza letal y homicidios que considera que deberían ser investigados como posibles ejecuciones extrajudiciales. A esto se suman el uso de gas lacrimógeno y gas pimienta durante protestas, la vigilancia que la organización considera ilícita y la utilización de tecnología de reconocimiento facial.
Pero uno de los señalamientos más graves está relacionado con los centros de detención, pues habla de denuncias de condiciones de reclusión inhumanas y restricciones de garantías procesales que, en determinados casos, deberían ser investigadas como posibles actos de tortura. También habla de detenciones en régimen de incomunicación y de posibles casos de desaparición forzada.
Entre los testimonios recogidos está el de una representante estatal de Minnesota, quien relató el caso de una familiar que viajaba en automóvil con su esposo. Según el testimonio, agentes de ICE rompieron la ventana del vehículo y golpearon a la mujer, quien estaba embarazada. Su esposo habría intentado explicar que ella era nativa americana, pero los atacaron.
En Chicago, por ejemplo, el centro de Broadview se convirtió en uno de los lugares de concentración de las manifestaciones. En este caso, la organización recoge el testimonio de un religioso que dijo haber recibido disparos de proyectiles con gas pimienta mientras se encontraba frente a agentes federales.
Nadia Daar, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Estados Unidos, sostuvo que los abusos documentados muestran un problema estructural y afirmó que, para crear un sistema migratorio acorde con las normas de derechos humanos, es necesario abolir ICE y empezar de cero.
La organización sostiene que ICE arrastra cuestionamientos desde su creación en 2003, después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, y que las violaciones denunciadas durante el gobierno de Trump habrían alcanzado una nueva dimensión debido a la expansión de recursos destinados al control migratorio.
Pero la propuesta de Amnistía ocurre precisamente cuando la administración Trump está aumentando la capacidad de ICE. Recordemos que el presupuesto federal para el año fiscal 2027 contempla 10,000 millones de dólares para ICE, incluyendo recursos para mantener 41,500 camas de detención migratoria en niveles base. Además, la legislación fiscal aprobada durante el segundo mandato de Trump destinó 75,000 millones de dólares adicionales para que ICE implemente la estrategia de deportaciones masivas, con capacidad prevista para ampliar considerablemente los espacios de detención.
Entonces, ¿qué pasaría si ICE desapareciera?
ICE es la agencia que actualmente se encarga de buena parte de las tareas de inmigración dentro de Estados Unidos: investigar a personas que pueden estar sujetas a deportación, detenerlas, mantenerlas bajo custodia y ejecutar las deportaciones.
Si ICE dejara de existir, esas tareas no desaparecerían de un día para otro. El gobierno tendría que decidir quién las asumiría, cómo funcionaría ese nuevo sistema y qué reglas tendría. Tampoco desaparecerían automáticamente los casos migratorios que ya están en marcha ni las órdenes de deportación que ya fueron emitidas. En palabras más sencillas, el cambio sería reemplazar la forma en que actualmente se realizan esas tareas.