Mientras el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), por sus siglas en inglés, amplía arrestos y detenciones en todo el país, varios legisladores demócratas han presentado proyectos para imponer nuevas reglas a la agencia. Algunas propuestas buscan que los agentes se identifiquen durante los operativos; otras limitarían arrestos cerca de escuelas e iglesias o ampliarían el acceso a abogados.

Por ahora, ninguno de estos proyectos se ha convertido en ley y la mayoría ni siquiera ha llegado a votarse. Sin embargo, sirven para entender qué preocupaciones existen en el Congreso y qué podría cambiar si cambia el equilibrio de poder en Washington.

¿Cómo llegamos acá?

Estas propuestas no nacieron de la nada. Responden a un cambio importante en la forma de aplicar las leyes migratorias desde enero de 2025, cuando el gobierno amplió los arrestos y las detenciones. Según la Casa Blanca, el objetivo era enfocarse en personas que considera una amenaza para la seguridad pública.

El cambio más visible se refleja en los centros de detención. Cuando comenzó el actual gobierno, ICE mantenía detenidas a unas 39,700 personas. Un año después, en enero de 2026, la cifra llegó a 70,766, la más alta registrada hasta ese momento, según TRAC.

Sin embargo, el aumento de las detenciones no se concentró únicamente en personas con antecedentes penales. Datos de la misma entidad muestran que el 74,2% de quienes estaban detenidos por ICE en enero de 2026 no tenía condenas criminales.

Con más personas detenidas también aumentaron las muertes bajo custodia. ICE reportó 33 muertes en 2025, frente a 11 en 2024, la cifra anual más alta desde la creación de la agencia. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), por sus siglas en inglés, sostiene que la tasa de mortalidad se mantiene estable cuando se compara con el crecimiento de la población detenida.

Que los agentes muestren quiénes son

Una de las principales críticas apunta a los operativos realizados por agentes vestidos de civil, con el rostro cubierto y sin una identificación visible. Quienes apoyan estos proyectos sostienen que esa práctica genera temor y confusión, e incluso ha permitido que algunas personas se hagan pasar por agentes federales. DHS ha respondido a esto aclarando que las máscaras protegen a sus agentes y a sus familias frente a posibles amenazas.

Sobre este tema hay tres propuestas:

  • No Secret Police Act (H.R. 4176). Presentada por el representante Daniel Goldman en junio de 2025. Exigiría que los agentes porten una identificación visible y les impediría cubrirse el rostro durante un arresto.
  • No Anonymity in Immigration Enforcement Act (H.R. 4004). Presentada por la representante Nydia Velázquez. Prohibiría el uso de máscaras, salvo por razones médicas o ante un peligro inmediato. La ropa del agente tendría que mostrar su nombre y la agencia para la que trabaja.
  • Visible Act (S.2212 en el Senado y H.R. 4667 en la Cámara). Presentada simultáneamente en el Senado y la Cámara en julio de 2025. Exigiría que los agentes muestren su nombre o número de placa y el nombre de la agencia a la que pertenecen. También limitaría el uso de máscaras, salvo por razones médicas. La medida incluiría a policías locales que colaboran con ICE y no aplicaría a operaciones encubiertas.

Nada de operativos cerca de escuelas, iglesias y hospitales

Desde 2011, ICE evitó hacer arrestos en estos lugares. Sin embargo, esta era solo una regla interna, no una ley. Por eso el Gobierno pudo removerla en enero de 2025. Al hacerlo, DHS dijo que los delincuentes ya no podrían esconderse en escuelas e iglesias.

El Protecting Sensitive Locations Act (H.R. 1061 en la Cámara y S. 455 en el Senado) quiere convertir esa protección en ley. Fue presentada por el representante Adriano Espaillat el 6 de febrero de 2025.

Prohibiría arrestos a menos de 1,000 pies (unos 300 metros) de escuelas, hospitales, iglesias, templos, refugios y centros de ayuda en desastres. Solo habría excepciones en emergencias o situaciones que representen un peligro inmediato para la vida de otras personas. Además, DHS tendría que informar cada año al Congreso sobre los operativos realizados en estos lugares.

Derecho a llamar a un abogado o a la familia

Hay casos de personas retenidas por horas, o días, sin poder llamar a un abogado ni avisar a su familia.

El Access to Counsel Act (H.R. 944), impulsado por la representante Pramila Jayapal y el senador Alex Padilla, establece que, si la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), por sus siglas en inglés, retiene a alguien por más de una hora en un aeropuerto o en la frontera, esa persona tendría derecho a comunicarse con un abogado o con un familiar. La protección cubriría a ciudadanos, residentes permanentes y personas con estatus legal. Y, si la persona renuncia a sus papeles sin haberse podido comunicar con un abogado, esa firma quedaría sin valor.

Esta propuesta protegería a quienes llegaron al país con documentos válidos por un aeropuerto o frontera. No cubre a las personas que ICE detiene dentro del país.

Vigilar las detenciones, uso de cámaras y frenar a la policía local

  • Mejores condiciones en la detención. Dignity for Detained Immigrants Act (H.R. 6397). Busca establecer reglas federales obligatorias para los centros de detención migratoria. Entre otras cosas, fija estándares mínimos sobre atención médica, salud mental, alimentación, condiciones de vida y supervisión de las instalaciones. Su objetivo es mejorar las condiciones de las personas detenidas y aumentar la transparencia dentro del sistema.
  • Cámaras en el uniforme. Trust Through Transparency Act (H.R. 5653), impulsada por el representante Donald Norcross. Obligaría a los agentes a portar cámaras corporales encendidas durante los operativos. Las grabaciones tendrían que conservarse durante períodos específicos definidos por la ley. Actualmente DHS ha comenzado a utilizar cámaras en ciertos equipos, pero esta propuesta extendería el requisito a todos los agentes.
  • Orden de un juez para entrar a tu casa. Hoy ICE suele usar órdenes "administrativas". La firma la misma agencia, no un juez. El Say No to Warrantless Searches Act (H.R. 7939), del representante Vicente González, exigiría una orden firmada por un juez para registrar una casa u otra propiedad privada.

Cerrar agencias y pagar a los afectados

  • Cerrar ICE. Abolish ICE Act (H.R. 7123), del representante Shri Thanedar, presentada el 15 de enero de 2026. Eliminaría el financiamiento federal de ICE y ordenaría el cierre de la agencia 90 días después de la aprobación de la ley. El texto no especifica qué organismo asumiría todas las funciones que actualmente realiza ICE.
  • Cerrar todo DHS. Reimagining Safety Act (H.R. 10803), presentada por la representante Delia Ramírez el 13 de octubre de 2026. Eliminaría el Departamento de Seguridad Nacional completo. El control de la inmigración pasaría al Departamento de Justicia. Las aduanas irían al Tesoro, y la seguridad de aeropuertos (TSA) y la Guardia Costera, al Departamento de Transporte.
  • Pagar a ciudadanos detenidos por error. Justice for Citizens Wrongfully Detained by ICE Act (H.R. 10826), el más reciente. Lo presentó la representante Teresa Leger Fernández el 15 de octubre de 2026. Un ciudadano estadounidense detenido sin orden o sin motivo válido, desde el 20 de enero de 2025, podría demandar. Si gana, recibiría $500,000, más $100,000 por cada día extra que pasó detenido.

¿Por qué no avanzan?

Ninguna de estas iniciativas ha logrado avanzar porque los republicanos controlan actualmente la Cámara de Representantes y el Senado. Eso les permite decidir qué proyectos se discuten y cuáles permanecen en comité sin llegar al pleno.

Además, muchas de estas propuestas enfrentan otros obstáculos. En el Senado, la mayoría de las leyes necesita al menos 60 votos para avanzar. Incluso si supera el Congreso, el presidente puede vetarla.

También existe un desacuerdo de fondo entre ambos partidos. Los demócratas buscan imponer nuevas restricciones a ICE, mientras que los republicanos sostienen que muchas de esas medidas limitarían la capacidad de la agencia para hacer cumplir las leyes migratorias.

A esto se suma otro factor: ICE tiene gran parte de su financiamiento asegurado hasta el año fiscal 2029, lo que reduce la presión política que normalmente se ejerce a través de las negociaciones presupuestarias.

Finalmente, el tiempo corre. El Congreso actual termina el 3 de enero de 2027. Si estos proyectos no son aprobados antes de esa fecha, tendrán que presentarse nuevamente desde cero en el próximo Congreso.

¿Qué puede cambiar después de las elecciones?

El 3 de noviembre de 2026 hay elecciones para el Congreso. El resultado no aprueba ninguna ley por sí solo. Pero sí decide qué partido controlará la discusión desde enero de 2027.

Si los demócratas ganan solo la Cámara de Representantes, podrían dirigir los comités, hacer audiencias y llamar a declarar a los jefes de DHS. También podrían pedir condiciones a cambio de aprobar el presupuesto. Si ganan la Cámara y el Senado, tendrían más fuerza, aunque seguirían necesitando 60 votos en el Senado y el presidente podría usar el veto. Y si los republicanos mantienen el control, lo más probable es que estas propuestas sigan sin votarse.

Antes de eso existe otra fecha relevante: el 11 de diciembre de 2026 vence el financiamiento temporal de DHS. Durante esa negociación podrían surgir acuerdos limitados, especialmente sobre temas que han recibido apoyo de legisladores de ambos partidos, como el uso de cámaras corporales.

Lo que esto significa para ti hoy

Ninguna de estas protecciones existe todavía. Hoy no hay una ley federal que obligue a los agentes de inmigración a mostrar su rostro o identificarse de una forma específica durante un arresto. Tampoco existe una ley que prohíba los operativos cerca de escuelas e iglesias ni una garantía federal para comunicarse con un abogado después de una detención de ICE dentro del país.

Si alguna de estas propuestas llegara a convertirse en ley, los inmigrantes podrían contar con más protecciones durante encuentros con autoridades migratorias. Dependiendo del proyecto aprobado, los agentes tendrían que identificarse con mayor claridad, podrían existir límites a los operativos cerca de escuelas e iglesias, aumentaría el acceso a asesoría legal en ciertos casos y habría más supervisión sobre los centros de detención y los procedimientos de ICE. Sin embargo, por ahora, todas estas medidas siguen siendo propuestas y ninguna ha cambiado las reglas actuales.

Lo que sí está vigente son los derechos que reconoce la Constitución. Por ejemplo, tienes derecho a guardar silencio. También puedes negarte a abrir la puerta de tu casa si los agentes no presentan una orden de registro firmada por un juez.

Si tienes dudas sobre tu caso migratorio o sobre tus derechos durante un encuentro con ICE, lo más seguro es buscar orientación de un abogado de inmigración calificado.