Según documentos oficiales disponibles en el registro federal el Departamento de Justicia (DOJ) propone establecer, por primera vez, las reglas para hacer efectivo un mecanismo que permitiría a los jueces de inmigración imponer multas monetarias a inmigrantes, abogados y testigos por conductas que retrasen u obstaculicen las audiencias.

La propuesta de reglamentación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) que está abierta para comentarios hasta el 28 de septiembre de 2026 ya causa polémica.

La sanción monetaria estaría ligada a “actos” que constituyen desacato al ejercicio adecuado de la autoridad de un juez de inmigración. Si se aprueba, el cambio afectaría directamente a inmigrantes, abogados y testigos que comparecen ante las cortes de inmigración.

Según el DOJ, el objetivo es brindar a los jueces una herramienta para controlar mejor las audiencias, reducir retrasos y enfrentar conductas que obstaculicen el funcionamiento de las cortes. Es importante recordar que en estos momentos el sistema supera los 3,5 millones de casos pendientes.

¿Cómo afectaría la propuesta del Departamento de Justicia a los inmigrantes indocumentados en procesos de deportación?

Un inmigrante podría enfrentarse paralelamente a la posibilidad de ser deportado y multado durante su propio proceso migratorio. La propuesta establece que los jueces podrán imponer multas civiles no solo a abogados y testigos, sino también a los "aliens who are the subject of the proceedings", es decir, a los propios inmigrantes que están enfrentando un proceso.

Esto significa que un inmigrante indocumentado podría enfrentar una sanción económica adicional si el juez concluye que incurrió en una conducta considerada como desacato.

¿Qué conductas podrían ser sancionadas con multas por un juez de inmigración?

No cualquier error será castigado.

El documento deja claro que la sanción estaría reservada para conductas que:

  • retrasen deliberadamente el proceso;
  • interrumpan las audiencias;
  • desobedezcan órdenes del juez;
  • obstaculicen el desarrollo normal del caso;
  • o constituyan fraude o abuso del procedimiento.

El departamento de Justicia insiste en que esta herramienta debería utilizarse de manera excepcional y no como una sanción rutinaria. Para la entidad, los jueces necesitan más herramientas para terminar los casos con mayor rapidez y supuestamente las multas ayudarían a disuadir conductas que generan demoras.

¿Cómo sería el procedimiento antes de que un juez de inmigración imponga una multa?

El documento explica que antes de imponer una multa, el procedimiento contempla una advertencia, una notificación formal de la presunta conducta, plazo de 30 días para responder, derecho a presentar pruebas, derecho a contar con abogado (pagado por el propio interesado) y la posibilidad de apelar la decisión.

¿Por qué preocupa que los jueces de inmigración puedan imponer multas durante los procesos?

Lo que más preocupa es que por primera vez los jueces de inmigración tendrían un mecanismo reglamentado para imponer sanciones económicas directamente contra inmigrantes durante sus procesos.

Hasta ahora, los jueces podían controlar las audiencias mediante otras medidas, pero no existía un procedimiento regulatorio para aplicar estas multas contempladas por la ley de 1996.