Cuatro organizaciones de asistencia legal pidieron a un juez federal en Boston que frene la política que eliminó a estas personas del localizador público de ICE. Aseguran que la medida impide a abogados y familias encontrarlas y defender sus derechos.
Cuatro organizaciones de defensa de inmigrantes presentaron el miércoles 28 de octubre una demanda ante un tribunal federal de Boston para frenar una política del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que oculta la ubicación de las personas detenidas con órdenes finales de deportación. Las demandantes son Greater Boston Legal Services, Rian Immigrant Center, el Florence Immigrant and Refugee Rights Project y el Amica Center for Immigrant Rights, según Directorio Cubano.
La demanda cuestiona la decisión de ICE de retirar a estas personas de su Sistema de Localización de Detenidos en Línea y de ordenar a su personal que no revele su paradero, un cambio que fue revelado inicialmente por The Associated Press, de acuerdo con Telemundo.
Qué cambió en el localizador
Desde 2010, abogados y familiares han usado este sistema en línea para seguir a los detenidos mientras son trasladados de un centro a otro dentro de la extensa red de detención de ICE. Según la demanda, alrededor del 15 de septiembre la agencia empezó a excluir, sin aviso público, a quienes tienen órdenes de deportación administrativamente firmes.
Hasta el mes pasado, la medida afectaba a más de 16,000 de los casi 69,000 detenidos bajo custodia de ICE. Otras estimaciones del mismo expediente son mayores: según The Boston Globe, cerca del 30 % de todos los detenidos, más de 20,000 personas, desaparecieron de la base de datos. La política tiene excepciones limitadas a centros donde órdenes judiciales previas obligan a ICE a mantener visibles a los detenidos, como Adelanto, en California, y algunas instalaciones temporales en Minneapolis, Nueva York y los suburbios de Chicago.
Los abogados denuncian además que llamar a ICE tampoco es una alternativa real. Las llamadas, incluida la línea de información de detención y deportación, suelen terminar en largas esperas, cortes repentinos o ninguna respuesta, según WBUR.
Los argumentos de la demanda
Las organizaciones sostienen que el cambio viola la Ley de Procedimiento Administrativo, porque se adoptó sin justificación, y la Primera Enmienda, porque limita la capacidad de los abogados para asesorar a las personas sobre sus derechos legales.
Además, recuerdan que una orden final de deportación no cierra todas las puertas. Quienes la tienen conservan vías legales para impugnarla, como solicitar la reapertura de su caso o presentar un recurso de hábeas corpus ante un tribunal federal para cuestionar su detención. Ocultar su ubicación, según la demanda, facilita que el gobierno los deporte rápidamente antes de que puedan usar esas opciones.
Las organizaciones piden a un juez que bloquee la política mientras avanza el caso, que la declare ilegal y que ordene a ICE restablecer la información. La presentación de la demanda, por sí sola, no suspende la medida.
La respuesta del gobierno
ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no han confirmado públicamente el cambio, aunque han dicho que priorizan la deportación de personas con órdenes finales. En un comunicado sobre la demanda, el DHS afirmó que los detenidos tienen diversas formas de comunicarse con sus familiares y abogados, y sostuvo que el proceso que corresponde a quienes tienen una orden final de deportación es la expulsión.
En septiembre, ICE también argumentó ante la AP que enfrentaba un número histórico de órdenes judiciales que impedían algunas deportaciones.
Se estima que alrededor de 1.4 millones de personas que viven en Estados Unidos tienen órdenes finales de deportación.
Qué deben saber las familias
Que una persona no aparezca en el localizador de ICE no significa, por sí solo, que ya haya sido deportada, advierte MundoNow. Si un familiar fue detenido y no aparece en el sistema, lo recomendable es contactar a un abogado de inmigración lo antes posible para intentar ubicarlo y revisar si aún existen opciones legales en su caso.