En los últimos años, la relación entre las autoridades migratorias federales y las agencias locales se ha vuelto cada vez más tensa. Esa presión se ha intensificado en los últimos veinte meses, con una expansión acelerada de los acuerdos de cooperación entre ICE y autoridades estatales y locales.
Mientras algunas regiones buscan limitar su colaboración con las autoridades federales, el gobierno central impulsa mecanismos de cooperación policial cada vez más amplios. Desde enero de 2025, los acuerdos entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y departamentos de policía, alguacilazgos y agencias estatales pasaron de 135 a más de 2,485, con presencia en 39 estados y dos territorios de EE. UU.
Comprender cómo funcionan estos acuerdos y por qué se están expandiendo permite anticipar cambios relevantes para las comunidades inmigrantes en el corto y mediano plazo.
¿Qué es el programa 287(g) y qué implica en la práctica?
Para entender la presión que enfrentan hoy las ciudades y estados santuario, conviene partir de una disposición legal vigente desde hace casi treinta años, pero activada a una escala mucho mayor durante el último año y medio.
El 287(g) es una sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) que permite al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) delegar funciones migratorias a policías locales y estatales. La disposición se incorporó en 1996, dentro de la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante (8 U.S. Code § 1357(g)). Para participar, la agencia policial debe firmar un Memorando de Acuerdo (MOA), por sus siglas en inglés, con ICE.
¿Cuáles son los tres modelos del 287(g)?
Actualmente existen tres modelos de operación, y sus diferencias son clave para entender cómo pueden afectar la tranquilidad y vida cotidiana de las personas inmigrantes:
- Modelo de Cárcel (Jail Enforcement Model, JEM): permite que agentes designados identifiquen y procesen, para fines migratorios, a determinadas personas que ya están bajo custodia local y tienen cargos penales pendientes o activos. Su campo de acción se concentra en establecimientos de detención.
- Modelo de Oficial de Órdenes (Warrant Service Officer, WSO): es más limitado. Permite que agentes locales designados ejecuten órdenes administrativas de ICE contra personas que ya se encuentran bajo custodia de la agencia participante.
- Modelo de Fuerza (Task Force Model, TFM): es el de mayor alcance. Autoriza a agentes designados a ejercer facultades migratorias limitadas mientras realizan sus labores policiales ordinarias o participan en operaciones encabezadas por ICE. A diferencia de los otros dos modelos, puede extender la aplicación de la legislación migratoria fuera de las cárceles y hacia encuentros policiales cotidianos, como lo son operativos de tránsito.
Este último modelo había sido suspendido en 2012, tras documentarse perfilamiento racial, y fue reactivado por la segunda administración Trump en enero de 2025. Desde entonces se convirtió en la modalidad de mayor crecimiento. Al 17 de septiembre de 2026 había 1,797 acuerdos TFM, frente a 558 WSO y 184 JEM.
[GRÁFICA: acuerdos 287(g) por modelo (TFM, WSO, JEM)]
Fuente: ICE, conteo en vivo
La consecuencia práctica es una integración mucho mayor entre determinadas policías locales y la autoridad migratoria federal. Sin embargo, es importante precisar que estas facultades corresponden a funcionarios designados y capacitados bajo el acuerdo, y no se extienden automáticamente a todos los policías de una jurisdicción.
Una expansión sin precedentes desde 2025
El cambio de escala es particularmente visible al comparar el inicio de la actual administración con el panorama de septiembre de 2026.
El 17 de septiembre de 2025, DHS anunció que el programa había alcanzado 1,001 acuerdos, frente a 135 al inicio de la segunda presidencia de Trump, un aumento del 641%. Menos de un año después, el registro de ICE ya contabilizaba 2,539 memorandos.
El impulso está directamente relacionado con la política de la actual administración. El 20 de enero de 2025, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14159, Protecting the American People Against Invasion, que ordenó ampliar el uso de la sección 287(g) hasta el máximo permitido por la ley.
Florida se convirtió en uno de los principales motores de esa expansión. El estado ya había establecido requisitos de cooperación en años anteriores y reforzó su estructura de aplicación migratoria en 2025. En septiembre de ese año, ICE contabilizaba 325 acuerdos en Florida, un 577% más que al comienzo de la segunda administración Trump.
La expansión también alcanzó estados del Medio Oeste en los que anteriormente la participación era limitada. Wisconsin es un ejemplo: en febrero de 2026, 19 de sus 72 condados participaban en el programa, y durante los meses siguientes siguieron apareciendo nuevas incorporaciones.
De Obama a Trump: una trayectoria menos lineal
Bajo Obama (2009-2017)
Durante la segunda mitad del gobierno de Barack Obama, el programa se redujo sustancialmente. El Task Force Model fue abandonado en 2012 y el número de agencias participantes cayó hasta 35 al final de la administración. Entre 2012 y 2016 solo se incorporaron seis nuevos acuerdos.
Primer gobierno Trump (2017-2021)
La tendencia se revirtió. En enero de 2017 había aproximadamente 35 agencias con acuerdos 287(g); para septiembre de 2020 eran 150, un incremento superior al 300%. Por lo tanto, aunque la expansión fue considerablemente menor que la observada desde 2025, no puede calificarse como modesta.
Paralelamente, el gobierno intentó condicionar fondos federales del programa Byrne JAG a determinadas formas de cooperación migratoria. Esas condiciones generaron una prolongada disputa judicial: cuatro tribunales federales de apelación las consideraron ilegales, mientras que el Segundo Circuito sostuvo una posición distinta.
Durante esos años también se consolidaron importantes límites estatales a la cooperación migratoria. Illinois aprobó su TRUST Act en 2017 y posteriormente la reforzó mediante la Way Forward Act 2021.
Gobierno Biden (2021-2025)
El gobierno revirtió las condiciones de financiamiento del gobierno Trump, y el programa se mantuvo sin mayores cambios: había 135 acuerdos en todo el país al 20 de enero de 2025. Mientras tanto, el bloque santuario siguió creciendo con la Ley Way Forward de Illinois (2021) y, al final del periodo, la Ley Trust de Maryland (2024).
Segundo gobierno Trump (2025 - hoy)
Mediante la firma de la Orden Ejecutiva 14159, "Protegiendo al Pueblo Estadounidense de la Invasión", firmada el 20 de enero de 2025, la curva dio un salto exponencial, de 135 acuerdos en enero de 2025 a 2,485 a septiembre de 2026. Un crecimiento sin precedente en la historia.
[GRÁFICA: evolución de los acuerdos 287(g), 2025-2026]
Fuente: DHS, comunicado del 17 de septiembre de 2025; ICE, conteo en vivo (cortes 2025-2026)
Quiénes se sumaron y quiénes se retiraron desde 2025
Lo notable de este periodo no es solo la velocidad del crecimiento, sino su asimetría.
Se sumaron: Florida, Texas, Georgia, Tennessee, Virginia, Pensilvania, Carolina del Sur, Misuri, Iowa, Kansas, Nebraska, Indiana, Wisconsin y Carolina del Norte. En su mayoría se aprecia el apoyo de los departamentos de alguaciles y en algunos el apoyo de la policía local y la estatal.
Se retiraron:
- Debido al cambio de alguacil por elección local, el Condado de Bucks, Pensilvania.
- El primer retiro del estado de Nueva Hampshire se dio en el Condado de Grafton.
- Debido a que se firmó el acuerdo sin previa autorización del Consejo de Supervisores, fue anulado en el Condado de Pinal, Arizona.
Estados que legislaron para salir por completo
- Maryland: aprobó en febrero de 2026 legislación que prohíbe estas alianzas y ordenó terminar los acuerdos existentes. Nueve agencias o jurisdicciones del estado participaban entonces en el programa.
- Nueva York: la legislación aprobada y firmada en mayo de 2026 restringió la participación de agencias estatales y locales en el 287(g). En julio, la fiscalía general notificó a 12 agencias que sus acuerdos debían quedar desmontados antes del 25 de agosto.
Estos casos muestran que la tendencia nacional no puede entenderse únicamente como una expansión geográfica. Mientras numerosos estados multiplican sus acuerdos, otros están utilizando la legislación estatal para impedirlos.
¿Qué sigue después de esta expansión?
Toda proyección que podamos hacer debe surgir de un punto: casi todos los estados que hace un año se consideraban "candidatos" a sumarse, hoy ya lo hicieron. Oklahoma, Misuri, Indiana, Iowa, Kansas, Nebraska y Wisconsin, que figuraban como posibles incorporaciones, hoy tienen decenas de agencias activas. Eso obliga a pensar la proyección en otros términos: no quiénes se pueden sumar, sino en qué dirección se moverá la presión dentro de los estados que ya participan y hacia los que todavía resisten.
En los estados donde ya existe cooperación, la expansión podría darse no solo hacia más condados, sino también hacia otros tipos de agencias dentro del mismo estado, como departamentos de corrección, policías estatales o cuerpos policiales de instituciones públicas.
En los estados con leyes de tipo santuario, en cambio, la presión federal tiene menos margen para traducirse directamente en nuevos acuerdos 287(g), precisamente porque existen restricciones estatales a ese tipo de cooperación. La disputa se desplaza entonces hacia otros frentes: los tribunales, el Congreso y el financiamiento federal.
¿Qué protege realmente una política santuario?
Aquí es importante aclarar qué protege realmente una política santuario. Vivir en una ciudad o un estado con este tipo de medidas no significa que las leyes federales de inmigración dejen de aplicarse ni que ICE no pueda operar allí. Los agentes federales conservan sus propias facultades para hacer cumplir la legislación migratoria.
Lo que estas políticas limitan, con alcances que varían según cada jurisdicción, es la participación de autoridades y recursos estatales o locales en la aplicación de las leyes civiles de inmigración. En Illinois, por ejemplo, la TRUST Act y la Way Forward Act establecen restricciones específicas a la participación de las autoridades locales en esa tarea.
En síntesis: dos bloques cada vez más diferenciados
El escenario que se perfila no es necesariamente el de un mapa que continúa expandiéndose estado por estado de manera indefinida, sino el de dos bloques cada vez más diferenciados. Por una parte, estados del sur, las llanuras y buena parte del Medio Oeste donde la cooperación con ICE es amplia y continúa expandiéndose; por otra, estados con políticas santuario donde la disputa se desplaza hacia los tribunales y las legislaturas estatales y federal. Maryland y Nueva York, al avanzar legislativamente en sentido contrario a la expansión del 287(g), son una muestra de esta segunda tendencia.
