A medida que se acercan las elecciones de medio término de noviembre de 2026 en Estados Unidos, la inmigración se vuelve uno de los temas más importantes del debate político, junto con la economía. Las elecciones decidirán qué partido controlará la Cámara de Representantes y el Senado, influyendo de forma directa en la agenda legislativa, la supervisión del Poder Ejecutivo y el financiamiento de las principales agencias encargadas de hacer cumplir las leyes migratorias: ICE, CBP y USCIS.
Para comprender cómo estas elecciones podrían influir en la política migratoria, es necesario analizar tres factores clave: en primer lugar, la evolución de la opinión pública; en segundo, las restricciones presupuestarias ya existentes, y, por último, los distintos escenarios políticos que podrían surgir tras las elecciones de noviembre.
¿Qué piensa la gente? Un panorama dividido
La inmigración sigue siendo uno de los temas que más divide a los votantes estadounidenses. A lo largo de 2026, las percepciones sobre cómo debe gestionarse la migración han experimentado cambios significativos.
A comienzos de año, predominaba el respaldo a políticas más restrictivas y a procesos de deportación más ágiles. Una encuesta realizada por Cygnal reveló que el 61% de los votantes apoyaba la deportación de personas indocumentadas, frente a un 34% que se oponía. En la misma línea, un sondeo de Harvard-Harris encontró que el 67% respaldaba la cooperación entre las fuerzas policiales locales y las autoridades federales para deportar a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales. Durante ese periodo, la inmigración se consolidó como la segunda mayor preocupación de los votantes, solo por detrás de la inflación.
Sin embargo, con el paso de los meses aumentó el descontento con la forma en la que el gobierno gestionaba este asunto. Según datos recopilados por YouGov, apenas el 40% de los encuestados aprobaba la estrategia migratoria de la administración, mientras que el 53% expresaba su desaprobación.
Las encuestas realizadas por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research también reflejan una creciente preocupación por la manera en la que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) aplica la ley migratoria. Solo el 29% aprueba la labor de la agencia, mientras que el 49% la desaprueba.
En conjunto, estos datos reflejan una opinión pública cada vez más matizada. Aunque una parte significativa de los votantes sigue respaldando medidas estrictas para combatir la migración irregular, también crece la demanda de mayor transparencia, rendición de cuentas y respeto por los derechos de las personas durante las operaciones de control migratorio.
El Power of the Purse y los límites presupuestarios del Congreso
La Constitución otorga al Congreso la facultad exclusiva de decidir cómo se distribuyen los recursos públicos, es decir, cuánto dinero se gasta y a qué fines se destina. Esta atribución, conocida como Power of the Purse (poder del monedero), constituye una de las principales herramientas con las que cuenta el poder legislativo para influir, limitar o condicionar la implementación de políticas públicas, incluida la política migratoria. Sin embargo, buena parte de ese margen de actuación quedó restringido tras las decisiones presupuestarias adoptadas en los últimos años.
Durante el periodo legislativo 2025-2026, el Congreso aprobó la ley One Big Beautiful Bill, que destinó cerca de 170,700 millones de dólares adicionales al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ICE, CBP y al Departamento de Defensa. La medida fue aprobada mediante el mecanismo de reconciliación presupuestaria, que permite tramitar determinadas iniciativas con mayoría simple en el Senado. Los recursos asignados estarán disponibles hasta septiembre de 2029. De acuerdo con estimaciones del American Immigration Council, esta financiación sitúa el gasto destinado a la seguridad fronteriza y a la aplicación de las leyes migratorias en niveles históricamente elevados.
En este contexto, es probable que los resultados de las elecciones tengan un impacto limitado sobre los componentes de la política migratoria en el corto plazo. Los fondos necesarios para sostener las operaciones de las principales agencias federales ya fueron autorizados y cuentan con financiación garantizada durante varios años. Además, en caso de ser necesario, el Congreso dispone de mecanismos adicionales para aprobar recursos extraordinarios.
Esto no significa que el nuevo Congreso carezca de capacidad de influencia. Los legisladores seguirán desempeñando un papel relevante a través de sus funciones de supervisión y control. Entre otras facultades, podrán examinar el uso de los recursos asignados, convocar audiencias, impulsar investigaciones y promover iniciativas legislativas orientadas a modificar distintos aspectos de la política migratoria.
Dos posibles escenarios después de noviembre
La evolución de la política migratoria dependerá en gran medida de la composición política que surja de las elecciones y, en particular, de qué partido logre controlar el Congreso.
Si los republicanos obtienen la mayoría
Una victoria republicana probablemente consolidaría la orientación actual de la política migratoria. En ese escenario, el Congreso tendría incentivos para respaldar la agenda del Poder Ejecutivo y facilitar la implementación de las medidas ya previstas, mediante el uso de los recursos aprobados en los últimos ciclos presupuestarios.
También es probable que los legisladores republicanos impulsen nuevas iniciativas orientadas a endurecer la normativa migratoria, como el SAVE America Act y otros proyectos similares. Entre las propuestas que podrían ganar impulso se encuentran el fortalecimiento de los controles fronterizos, el endurecimiento de los requisitos de acceso a determinados beneficios migratorios y la ampliación de las facultades de las fuerzas de seguridad para colaborar en la aplicación de las leyes de inmigración.
En términos generales, un Congreso controlado por los republicanos favorecería la continuidad de un enfoque centrado en la seguridad fronteriza, el control de la migración irregular y el fortalecimiento de los mecanismos de cumplimiento de la ley migratoria.
Si los demócratas obtienen la mayoría
Una mayoría demócrata en la Cámara de Representantes o en el Senado probablemente no supondría una transformación inmediata de la política migratoria. Dado que los recursos extraordinarios para las agencias migratorias ya fueron aprobados y estarán disponibles hasta 2029, el principal impacto de un Congreso controlado por los demócratas se reflejaría en sus funciones de supervisión y control sobre la actuación del Poder Ejecutivo.
En ese contexto, los legisladores podrían impulsar audiencias e investigaciones relacionadas con los contratos de los centros de detención, revisar las operaciones llevadas a cabo por ICE y CBP, y examinar el impacto que determinadas prácticas de vigilancia y control migratorio tienen sobre las comunidades afectadas. Asimismo, podrían poner un mayor énfasis en la transparencia y la rendición de cuentas de las agencias encargadas de hacer cumplir las leyes migratorias, así como en el uso de tecnologías de supervisión y sus implicaciones para los derechos civiles.
En el ámbito legislativo, es probable que los demócratas promuevan iniciativas destinadas a ampliar las vías de regularización para determinados grupos de inmigrantes en situación de vulnerabilidad, incluidos los beneficiarios de programas como DACA y TPS. Sin embargo, las posibilidades de aprobar una reforma migratoria de gran alcance seguirían siendo limitadas. En el Senado, muchas medidas requieren mayorías cualificadas para superar los mecanismos de bloqueo legislativo, lo que dificulta la aprobación de cambios sustanciales sin un amplio consenso entre ambos partidos.
En consecuencia, una mayoría demócrata tendería a reforzar la supervisión de la política migratoria vigente y a promover ajustes específicos en materia de protección y regularización, más que a impulsar cambios estructurales inmediatos en el sistema migratorio.
¿Habrá cambios importantes?
Independientemente del resultado electoral de noviembre, es poco probable que la política migratoria de Estados Unidos experimente cambios profundos o inmediatos. Existen al menos tres factores que explican esta continuidad.
En primer lugar, gran parte de la capacidad para implementar y hacer cumplir la política migratoria recae en el Poder Ejecutivo y en las agencias federales, más que en el Congreso. En segundo lugar, la financiación de las principales agencias encargadas de la seguridad fronteriza y la aplicación de las leyes migratorias ya está garantizada para los próximos años. Por último, la fuerte polarización política y las diferencias entre ambos partidos continúan dificultando la aprobación de una reforma migratoria integral.
En este contexto, las elecciones de medio término de 2026 probablemente tendrán un mayor impacto en la supervisión de las agencias federales, la fiscalización del uso de los recursos públicos y el tono del debate político sobre inmigración que en la estructura misma de la política migratoria. Más que abrir la puerta a transformaciones inmediatas, los resultados electorales podrían influir en la manera en que se implementan, evalúan y discuten las políticas actualmente vigentes.
