La ciudadanía por nacimiento vuelve a estar en el centro del debate en Estados Unidos. Luego de que la Corte Suprema mantuviera vigente la interpretación de la Decimocuarta Enmienda sobre este derecho, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, aseguró que, si el país desea acabar la ciudadanía por nacimiento, el camino adecuado sería modificar la Constitución.

Su declaración reavivó nuevamente la discusión que ha acompañado durante años el debate sobre inmigración: ¿puede el Gobierno acabar con la ciudadanía por nacimiento mediante una ley aprobada por el Congreso?

Lo cierto es que existen varias rutas legales para intentarlo, pero de ahí a que se logre, hay un camino largo y para nada sencillo.

¿Qué dice la Constitución sobre la ciudadanía por nacimiento?

La ciudadanía por nacimiento está respaldada por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, aprobada en 1868. Su primer párrafo establece que: "Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de Estados Unidos y del estado donde residen."

Durante más de un siglo, los tribunales han interpretado esta disposición con la base de que una persona nacida en territorio estadounidense adquiere la ciudadanía desde el momento de su nacimiento, salvo excepciones muy específicas, como los hijos de diplomáticos extranjeros.

¿Se puede eliminar la ciudadanía por nacimiento modificando la Constitución?

Esta es la vía con mayor solidez jurídica si el objetivo es eliminar o restringir definitivamente la ciudadanía por nacimiento. Sin embargo, también es la más difícil.

El procedimiento está establecido en el artículo V de la Constitución y exige varios pasos:

  • Presentar una propuesta de enmienda constitucional.

  • Obtener el respaldo de dos tercios de la Cámara de Representantes (290 de los 435 miembros).

  • Conseguir el voto favorable de dos tercios del Senado (67 de los 100 senadores).

Posteriormente, la propuesta debe ser ratificada por 38 de los 50 estados, equivalente al 75 % de las legislaturas estatales o mediante convenciones estatales si el Congreso opta por ese mecanismo.

¿Cuánto tardaría una reforma constitucional?

La Constitución no establece un plazo máximo para completar este proceso.

Pero expertos consideran que, incluso con un amplio respaldo político, una reforma constitucional podría tardar entre dos y cinco años.

En un escenario más realista, el trámite podría extenderse entre cinco y diez años e incluso fracasar antes de alcanzar los requisitos necesarios, ya que en la práctica muchas propuestas de enmienda constitucional nunca logran reunir el apoyo suficiente de los estados.

¿Puede el Congreso eliminar la ciudadanía por nacimiento mediante una ley?

Otra de las posibilidades es que el Congreso apruebe una ley que redefina quiénes tienen derecho a la ciudadanía por nacimiento. No obstante, esta alternativa enfrenta un importante obstáculo jurídico.

Al tratarse de un derecho reconocido en la Constitución, cualquier ley que limite su alcance probablemente sería demandada de inmediato por estados, organizaciones civiles y personas afectadas.

El caso terminaría recorriendo distintas instancias judiciales hasta llegar nuevamente a la Corte Suprema.

¿Cuánto tardaría una decisión de la Corte Suprema?

Una discusión de este tipo podría prolongarse entre dos y cinco años, dependiendo del número de demandas, las decisiones de los tribunales inferiores y el calendario de la Corte Suprema.

Además, existe la posibilidad de que el máximo tribunal concluya nuevamente, como ya lo hizo, que la ley contradice la Decimocuarta Enmienda y, por lo tanto, la declare inconstitucional.

El debate sobre la ciudadanía por nacimiento continuará

Las declaraciones de Mike Johnson reflejan que el debate sobre la ciudadanía por nacimiento continuará ocupando un lugar central en la agenda migratoria de Estados Unidos por lo menos en lo que resta del gobierno Trump.

Sin embargo, más allá de las propuestas políticas, el sistema constitucional estadounidense establece barreras muy firmes para modificar uno de los derechos más antiguos y consolidados del país.

En la práctica, cualquier intento de restringir la ciudadanía por nacimiento podría derivar en años de litigios, intensos debates políticos y, finalmente, un nuevo pronunciamiento de la Corte Suprema que ya invalidó una orden ejecutiva de Donald Trump que buscaba negar la nacionalidad automática a los hijos de inmigrantes indocumentados o con estatus temporal.