Cuando se habla de inmigración en Estados Unidos, gran parte de la atención suele centrarse en los arrestos, las redadas o las deportaciones, sin embargo, hay una parte de la historia de la que se habla mucho menos y es lo que ocurre con las personas una vez quedan bajo custodia de las autoridades migratorias. 

Cada año, miles de inmigrantes presentan denuncias por presuntos abusos ocurridos durante ese proceso. Estas quejas son registradas por la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL, por sus siglas en inglés) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y ofrecen una oportunidad para entender cuáles son los problemas que más reportan quienes pasan por centros de detención migratoria. 

Los datos muestran que entre 2013 y 2024, la CRCL recibió 6,971 denuncias por presuntas violaciones de derechos y libertades civiles relacionadas con actuaciones de las agencias migratorias estadounidenses. 

Al analizar esos datos, encontré un resultado que llama la atención y es que la mayoría de las denuncias no tienen que ver con el momento del arresto, sino con lo que ocurre después: problemas para recibir atención médica, las condiciones de los centros de detención, el respeto por el debido proceso y otras situaciones bajo custodia aparecen con mucha más frecuencia que las denuncias por uso excesivo de la fuerza. 

En este informe analizo más de doce años de cifras oficiales para conocer de qué se quejan los inmigrantes, cómo han cambiado esas denuncias durante los gobiernos de Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden, y qué muestran los datos más recientes de la segunda administración Trump sobre el sistema encargado de investigarlas. 

La principal denuncia tras la detención no es la violencia; la atención médica y el debido proceso también pesan  

 

Entremos en materia: el dato más contundente de todos los años analizados es que 3,450 denuncias, equivalentes al 49.5 % del total, están relacionadas con la atención médica y la salud mental lo que se traduce en que, durante los últimos doce años, la mayoría de las quejas se da por problemas para acceder a tratamientos, medicamentos o atención en salud mental adecuada dentro de los centros de detención migratoria. 

Y si miramos con detenimiento, la diferencia frente al resto de categorías es amplia porque ningún otro tipo de denuncia supera siquiera el 11 % del total, lo que nos indica que, para miles de inmigrantes, la principal preocupación no fue el momento del arresto, sino las condiciones en las que permanecieron bajo custodia. 

El debido proceso y las condiciones de detención completan el panorama 

Después de la atención médica, las denuncias más frecuentes se relacionan con posibles violaciones al debido proceso, con 724 casos (10.4 %), y a las condiciones de detención, con 630 denuncias (9 %), es decir, tienen que ver con presuntas fallas en los procedimientos migratorios; garantías para poder ejercer una legítima defensa o con las condiciones físicas de los lugares donde permanecen detenidas las personas. 

Y es que si sumamos estas categorías a las denuncias por atención médica, queda claro que más del 60 % de los reclamos interpuestos están asociados al trato recibido durante la detención y no exclusivamente a los operativos migratorios. 

El uso excesivo de la fuerza, otro motivo por el cual reclaman los detenidos  

Con 435 denuncias, equivalentes al 6.2 % del total, en el uso excesivo de la fuerza, podemos evidenciar que las preocupaciones de quienes presentan estas reclamaciones están mucho más relacionadas con el acceso a servicios básicos, el respeto de sus derechos durante la detención y las garantías de un proceso adecuado en los que puede presentarse episodios de violencia física. 

Un patrón que detecté es que este tipo de denuncias se mantuvo relativamente estable durante toda la serie histórica, sin registrar aumentos tan pronunciados como otras categorías. 

Abusos: de autoridad y sexuales también aparecen en el mapa  

Algunas categorías mantienen cifras menores, pero aparecen de manera constante durante prácticamente todos los años analizados, como es el caso del abuso de autoridad, con 227 denuncias, y de la agresión o abuso sexual, con 230 casos. Aunque representan apenas el 3.3 % cada una, su presencia continua demuestra que estos hechos siguieron siendo denunciados durante toda la década. 

Algo similar ocurre con los reclamos por discriminación, que acumularon 307 casos y con aquellas relacionadas con la falta de adaptaciones para personas en condición de discapacidad, que alcanzaron 394 denuncias. Y es que, sin duda, estos datos muestran que las personas inmigrantes también reportaron barreras adicionales cuando pertenecían a grupos con necesidades específicas o poblaciones vulnerables. 

Las denuncias crecieron con el paso de los años 

Si hacemos una comparación en el tiempo, en 2013 la CRCL recibió 282 denuncias, pero siete años después, es decir, en 2020, esa cifra llegó a 878, el nivel más alto de todos los años analizados y aunque posteriormente hubo una reducción, tanto en 2021 como en 2022 el número de denuncias se mantuvo muy por encima del registrado al inicio del período. 

Este crecimiento se hizo evidente en las denuncias relacionadas con el debido proceso, que pasaron de apenas tres casos en 2013 a 137 en 2021, así como en las quejas por condiciones de detención, que pasaron de 31 a 58.  

Hay un dato que merece una explicación aparte porque mientras en 2022 la CRCL registró 845 denuncias, el informe correspondiente a 2023 solo reporta dos casos, un año después, en 2024, la cifra volvió a subir hasta 440 denuncias, sin embargo, esto se debe a la falta de reporte de información por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).  

Es por esto que la reducción no corresponde al comportamiento observado durante el resto de los datos y difícilmente puede interpretarse como una disminución real de los presuntos abusos, por lo que lo más probable es que responda a cambios en la forma en que la información fue recopilada o presentada en el informe anual, razón por la cual ese dato debe analizarse con pinzas.  

Entonces, ¿cómo se han comportado las quejas a lo largo de los gobiernos? 

Si lo analizamos a la luz de los gobiernos que ha tenido EE. UU. desde 2013, podemos evidenciar que durante el segundo mandato de Barack Obama (2013-2016), la CRCL registró 1,982 denuncias, con un promedio cercano a 496 casos por año; lo que implicó un aumento al pasar de 282 denuncias en 2013 a 683 en 2015, más del doble en apenas dos años y aunque en 2016 hubo una reducción hasta llegar a 620 casos, las cifras se ubicaron por encima de las registradas al comienzo del período. 

Con la llegada de Donald Trump por primera vez a la Casa Blanca (2017-2020), el número de denuncias continuó aumentando, precisamente durante esos cuatro años se registraron 2,929 casos, lo que representa el mayor número de casos de las tres administraciones analizadas con un promedio de 732 denuncias anuales. 

Fue precisamente durante el primer mandato de Trump cuando la CRCL alcanzó los niveles más altos de toda la serie histórica, pues en 2018 se registraron 725 denuncias, en 2019 la cifra subió a 770 y en 2020 alcanzó un máximo de 878 casos, el mayor número reportado entre 2013 y 2024. 

En la administración de Joe Biden (2021-2024) el comportamiento es más difícil de interpretar debido a que el informe anual de 2023 solo reporta dos denuncias, un dato que rompe completamente la tendencia histórica y que probablemente responde a cambios en la publicación o la consolidación de la información más que a una disminución real de los casos. Sin embargo, en este periodo también se presentaron cifras altas: 773, en 2021; 845 en 2022, y 440 en 2024.  

¿Y qué pasó con esas denuncias, son investigadas, cerradas o se toma algún tipo de acción?  

 

Hasta ahora hemos visto cuáles fueron los principales motivos por los que miles de inmigrantes denunciaron presuntos abusos por parte de las autoridades migratorias, sin embargo, la siguiente pregunta que cobra sentido es: ¿qué pasó con esas quejas?, ¿realmente fueron atendidas? 

Las cifras de la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL) muestran que entre 2013 y 2024 la entidad cerró 6,226 quejas, es decir, cerca del 89 % de las 6,971 denuncias registradas durante ese mismo período. 

Vale la pena hacer una aclaración y es que el hecho de que una queja haya sido cerrada no significa necesariamente que la autoridad haya encontrado responsabilidad por parte de un agente migratorio, lo que indica, en efecto, es que la CRCL concluyó el trámite administrativo o la revisión del caso. 

La atención médica también lidera las investigaciones que fueron cerradas 

Así como ocurrió con las denuncias recibidas, la atención médica y la salud mental fueron el principal motivo de las investigaciones que concluyó la oficina. 

En total, la CRCL cerró 3,116 expedientes relacionados con esta categoría, equivalentes al 50 % de todos los casos cerrados, es decir, uno de cada dos expedientes que terminaron su trámite estaba relacionado con problemas para acceder a medicamentos, tratamientos o atención médica durante la detención lo que demuestra que este ítem no solo fue el tema que más denunciaron los inmigrantes, sino también el que ocupó buena parte de la revisión de la oficina durante más de una década. 

Después de la atención médica aparecen las investigaciones relacionadas con el debido proceso, con 660 casos cerrados (10.6 %), y las condiciones de detención, con 630 expedientes (10.1 %). 

Al igual que en las reclamaciones abiertas, estas tres categorías concentran cerca del 71 % de todas las investigaciones que fueron cerradas, lo que confirma que los mayores esfuerzos de la CRCL estuvieron enfocados en revisar cómo eran tratados los inmigrantes una vez quedaban bajo custodia de las autoridades. 

Al comparar las denuncias recibidas con las investigaciones cerradas aparecen datos llamativos como, por ejemplo, que las 630 relacionadas con condiciones de detención terminaron convertidas en 630 expedientes cerrados, lo que indica que la oficina logró concluir la revisión de prácticamente todos esos casos. 

Algo parecido ocurre con el uso excesivo de la fuerza. Mientras se recibieron 435 denuncias, la CRCL cerró 421 investigaciones, una diferencia muy pequeña si se compara con el resto de las categorías, también sucede con el abuso de autoridad con 204 quejas cerradas de 204, así como las derivadas de actos discriminatorios cuyo indicador de revisión terminó con 291 investigadas de las 307 que se presentaron en total.  

Agresión o abuso sexual, de las agresiones que menos casos cierran  

Hay otros tipos de denuncias en los que la diferencia entre los casos recibidos y los cerrados es mucho mayor, el ejemplo más evidente lo podemos ver en las denuncias por agresión o abuso sexual; justamente, durante los doce años analizados, se presentaron 230 quejas, pero la CRCL solo reportó 133 expedientes cerrados, lo que significa que poco más de la mitad aparecen como concluidos. 

Algo similar ocurre con las denuncias relacionadas con personas en condición de discapacidad, que pasaron de 394 denuncias a 291 investigaciones cerradas, y con las violaciones a derechos humanos, donde las cifras bajan de 145 a 93 casos. 

Es importante aclarar que aunque los informes no explican las razones de estas diferencias, los datos muestran que algunos tipos de investigaciones parecen tardar más tiempo en concluir o requieren procesos administrativos más complejos. 

La capacidad para cerrar investigaciones también aumentó con los años 

La evolución anual también nos muestra que la CRCL no solo recibió más denuncias con el paso del tiempo, sino que también aumentó el número de investigaciones que logró concluir, revisemos los datos:  

En 2013 la oficina cerró 253 expedientes y para 2019 esa cifra ya había llegado a 773, el mayor número de toda la serie analizada; en 2020 concluyó 734 casos, mientras que en 2021 y 2022 mantuvo cifras superiores a las 690 investigaciones cerradas por año con 713 en 2021 y 695 en 2022, esto nos permite inferir que, a medida que aumentaban las denuncias, la oficina también incrementó su capacidad para darles trámite. 

El comportamiento también cambia según el gobierno de turno 

Si se observan las cifras por administración presidencial, durante el segundo mandato de Barack Obama (2013-2016) la CRCL cerró 1,534 investigaciones. 

Con la llegada de Donald Trump (2017-2020) ese número aumentó hasta 2,762 expedientes, el mayor volumen de casos cerrados de los tres gobiernos analizados. Coincide, además, con el período en el que también se registró el mayor número de denuncias. 

Durante la administración de Joe Biden (2021-2024) la oficina reportó 1,930 investigaciones cerradas, sin embargo y como ya lo hemos aclarados a lo largo de esta investigación, este período vuelve a estar marcado por la anomalía de 2023, cuando el informe anual solo registra 29 casos cerrados, una cifra muy inferior a las 695 investigaciones reportadas en 2022 y a las 493 de 2024. 

Más denuncias, menos investigadores: las cifras que muestran cómo cambió la supervisión de los abusos migratorios durante el segundo mandato de Trump  

Después de analizar más de una década de denuncias por presuntos abusos cometidos por agentes migratorios, los datos más recientes muestran un cambio importante en el funcionamiento del sistema encargado de vigilar esas actuaciones. 

Entre enero de 2025 y junio de 2026, la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL) recibió 6,000 quejas relacionadas con presuntas violaciones de derechos y libertades civiles. Sin embargo, las cifras muestran que solo una parte de esos casos ha sido investigada y que, al mismo tiempo, la oficina cuenta hoy con muchos menos funcionarios que hace apenas unos años. 

Miles de denuncias siguen llegando 

A pesar de los cambios administrativos ocurridos durante la segunda administración de Donald Trump, las denuncias contra las agencias migratorias no han desaparecido, por el contrario, entre enero de 2025 y junio de 2026 la CRCL recibió 6,000 quejas, una cifra que confirma que las personas migrantes continúan reportando presuntas irregularidades durante los procedimientos migratorios y mientras permanecen bajo custodia de las autoridades. 

Aunque este dato corresponde únicamente a un período de alrededor de año y medio y no puede compararse directamente con la serie histórica de 2013 a 2024, sí deja claro que el flujo de denuncias sigue siendo alto. 

El dato que más llama la atención aparece al comparar las denuncias con las investigaciones realizadas; de las 6,000 quejas recibidas, la CRCL reporta 554 investigaciones, lo que significa que menos de una de cada diez denuncias ha sido investigada. 

La diferencia es aún mayor cuando se observan las investigaciones realizadas directamente por la propia oficina. Durante este período la CRCL abrió 183 investigaciones directas, es decir, apenas alrededor del 3% del total de las denuncias recibidas. 

Las cifras no permiten concluir qué ocurrió con el resto de los casos ni si fueron remitidos a otras dependencias, archivados o continúan en trámite. Sin embargo, sí muestran una diferencia importante entre el número de personas que presentaron una queja y el número de investigaciones reportadas. 

Otro dato que merece atención corresponde a las personas fallecidas mientras estaban bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Entre enero de 2025 y junio de 2026 se registraron 91 muertes. 

De ese total, la CRCL revisó 10 casos y únicamente uno fue objeto de una investigación por parte de la oficina, los datos disponibles no explican por qué unas muertes fueron revisadas y otras no, pero sí muestran que solo una pequeña parte de estos casos llegó a una investigación formal. 

Menos personal para responder a miles de denuncias 

Mientras las denuncias continúan llegando, la capacidad institucional de la CRCL también cambió, pues antes de la segunda presidencia de Donald Trump, la oficina contaba con 147 empleados. Actualmente, tiene menos de 40 lo que representa una reducción superior al 70 % de su planta de personal. 

En otras palabras, la dependencia encargada de recibir, revisar e investigar denuncias relacionadas con posibles abusos por parte de las agencias migratorias hoy opera con menos de una tercera parte del personal que tenía anteriormente. 

Al poner todas las cifras sobre la mesa aparece un patrón claro, por un lado, miles de personas siguen presentando quejas relacionadas con posibles violaciones de derechos civiles durante procedimientos migratorios. 

Por el otro, la oficina responsable de supervisar esos casos cuenta con una planta de personal mucho más reducida y reporta un número de investigaciones considerablemente menor frente al volumen de denuncias recibidas. 

Un sistema de supervisión bajo presión 

Más allá de los debates políticos sobre inmigración, las cifras muestran que existe una realidad que ha permanecido constante durante los últimos años y es que miles de personas han denunciado presuntas violaciones a sus derechos mientras estuvieron bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos. 

Entre 2013 y 2024, la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL) recibió 6,971 denuncias. Casi una de cada dos (49.5 %) estuvo relacionada con problemas de atención médica y salud mental, mientras que las denuncias por debido proceso (10.4 %) y condiciones de detención (9 %) ocuparon el segundo y tercer lugar. En conjunto, estas tres categorías concentraron cerca del 70 % de todas las quejas recibidas, lo que muestra que las principales preocupaciones de los inmigrantes no estuvieron únicamente en los operativos de arresto, sino en el trato recibido una vez quedaron bajo custodia del Estado. 

El análisis histórico también permitió identificar cambios importantes entre administraciones. Durante el segundo mandato de Barack Obama la CRCL registró 1,982 denuncias; durante el primer mandato de Donald Trump esa cifra aumentó hasta 2,929, el mayor acumulado de toda la serie histórica y un incremento cercano al 48 % frente al período anterior. En la administración de Joe Biden se reportaron 2,060 denuncias, aunque esa cifra debe interpretarse con cautela debido a que el informe de 2023 únicamente registró dos casos, una anomalía estadística que rompe completamente la tendencia observada durante el resto de los años. 

Las cifras también muestran que la CRCL reportó el cierre de 6,226 expedientes, lo que refleja un importante volumen de trabajo administrativo. Sin embargo, el análisis comparativo evidencia que no todas las categorías avanzaron al mismo ritmo. Mientras las denuncias por condiciones de detención prácticamente registran el mismo número de casos recibidos y cerrados, otras, como las relacionadas con agresiones sexuales, derechos humanos o personas en condición de discapacidad, presentan diferencias más amplias entre las denuncias interpuestas y los expedientes concluidos. 

Pero el cambio más significativo aparece en los datos más recientes. Entre enero de 2025 y junio de 2026 la CRCL recibió 6,000 nuevas quejas, de las cuales solo 554 fueron investigadas y únicamente 183 dieron lugar a investigaciones directas de la propia oficina. En ese mismo período se registraron 91 personas fallecidas bajo custodia de ICE; la CRCL informó haber revisado 10 de esos casos y solo uno fue investigado directamente. 

Todo esto ocurre mientras la oficina encargada de supervisar las actuaciones de las agencias migratorias pasó de tener 147 empleados a menos de 40, una reducción superior al 70 % de su planta de personal. 

Por sí solas, estas cifras no permiten concluir que hoy existan más o menos abusos que en años anteriores. Lo que sí evidencian es que el sistema de supervisión enfrenta un escenario muy distinto al de la última década: continúa recibiendo miles de denuncias, pero cuenta con menos recursos para revisarlas. 

En últimas, el principal hallazgo de esta investigación no es únicamente el volumen de denuncias acumuladas durante más de doce años, sino el contraste entre una demanda constante de vigilancia sobre las actuaciones de las autoridades migratorias y una capacidad institucional que, al menos según los datos disponibles, parece haberse reducido de manera significativa. Esa será una de las preguntas que seguirá marcando el debate sobre la protección de los derechos de las personas migrantes en Estados Unidos.