Durante décadas, la deportación en Estados Unidos se entendió como el retorno de una persona a su país de origen, sin embargo, una política migratoria cada vez más utilizada por la administración Trump tras su segunda llegada a la Casa Blanca está transformando ese comportamiento; miles de inmigrantes que buscaron protección en Estados Unidos ya no están siendo enviados necesariamente a sus países de nacionalidad, sino a terceros países con los que el gobierno estadounidense ha establecido acuerdos de cooperación migratoria. 

Bajo los llamados Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA, por sus siglas en inglés), los jueces de inmigración pueden desestimar solicitudes de asilo sin analizar a fondo los riesgos de persecución, violencia o tortura que enfrentan los solicitantes. En lugar de ello, el proceso puede concluir con una orden de expulsión hacia un tercer país considerado "seguro" por el gobierno estadounidense. 

Aunque la cooperación para enviar solicitantes de asilo a terceros países no es completamente nueva y tiene antecedentes en el Acuerdo de Tercer País Seguro entre Estados Unidos y Canadá de 2004, la administración Trump fue la primera en intentar expandir este modelo a gran escala mediante otros arreglos con países de Centroamérica en 2019 y en 2021. Mientras tanto, la administración de Joe Biden canceló los acuerdos firmados con Guatemala, Honduras y El Salvador. 

Los datos de 2025 y 2026 sugieren que esa estrategia se ha ampliado significativamente, incorporando a decenas de países en distintas regiones del mundo y detrás de esta política hay una realidad que va mucho más allá de las cifras porque para miles de personas, la deportación ya no significa únicamente abandonar Estados Unidos, sino enfrentar la incertidumbre de llegar a un país desconocido, sin redes familiares, sin apoyo comunitario y en algunos casos, a miles de kilómetros de su lugar de origen.  

Precisamente, el impacto humano puede incluir separación familiar, barreras culturales y lingüísticas, dificultades para acceder a protección internacional e incluso la pérdida de contacto con familiares y abogados. 

Datos del Panel de Deportaciones a Terceros Países de Mobile Pathways muestran que, hasta mayo de 2026, más de 30,000 casos de asilo habían sido cerrados bajo este mecanismo. Las órdenes de expulsión se concentraron principalmente en Ecuador, Honduras, Guatemala y Uganda, reflejando una expansión acelerada de una política que está redefiniendo el alcance de las deportaciones estadounidenses más allá de sus fronteras. 

Por eso, en este informe especial examino cómo ha crecido esta práctica, cuáles son los principales países receptores y qué revelan los datos sobre una estrategia migratoria que, para miles de personas, puede marcar el inicio de una nueva etapa de incertidumbre después de salir de Estados Unidos. 

Más de 30,000 órdenes en siete meses: así crecieron las deportaciones a terceros países. 

 

De acuerdo con los datos del Panel de deportaciones a terceros países, Mobile Pathways, con corte a mayo de 2026, entre noviembre de 2025 y mayo de 2026 los jueces de inmigración emitieron 30,238 órdenes de deportación hacia terceros países, una cifra que evidencia la rápida expansión de esta política migratoria en Estados Unidos, bajo el gobierno Trump. 

En noviembre apenas se registraron 244 órdenes, mientras que en febrero ya habían ascendido a 7,944 y el crecimiento continuó hasta alcanzar su punto más alto en marzo, cuando se emitieron 8,844 órdenes, equivalentes al 29 % de todas las registradas en los siete meses analizados. 

Pero si miramos con más detenimiento, febrero y marzo concentraron más de la mitad de todas las órdenes de deportación a terceros países con el 55 %, lo que nos permite ver que la política pasó de una fase inicial o experimental a consolidarse en los primeros meses del 2026.  

Ecuador: el principal destino 

Los datos muestran que Ecuador ha sido el más mencionado en las órdenes de deportación, con 18,194 casos, lo que representa aproximadamente el 60 % del total, la importancia de Ecuador se hizo especialmente visible a partir de enero, en ese mes aparecieron 3,057 órdenes, una cifra que aumentó a 5,263 en febrero y alcanzó 6,191 en marzo, el nivel más alto de todo el período.  

De hecho, durante febrero y marzo, Ecuador concentró la mayoría de órdenes emitidas en esos meses con más de 6 mil, lo que indica que se convirtió en el principal eje de la estrategia de deportaciones a terceros países. 

Honduras fue el principal destino al inicio 

Antes del auge de Ecuador, el país más frecuente era Honduras que, entre noviembre y enero, encabezó las cifras mensuales, acumulando 7,281 durante todo el período, equivalentes al 24 % del total. 

Sin embargo, mientras el volumen hacia Ecuador aumentaba rápidamente, las dirigidas a Honduras comenzaron a disminuir, pasando de 1,623 en enero a 302 en mayo, lo que podría indicarnos una posible reorganización de las rutas o acuerdos utilizados para ejecutar las deportaciones. 

Uganda, un destino emergente 

Aunque en menor proporción que Honduras o Ecuador, Uganda también figura en los registros, ya que entre diciembre de 2025 y mayo de 2026 se emitieron 2,718 órdenes de deportación a este lugar, cerca del 9 % del total. La cifra alcanzó su punto máximo en marzo, con 791 órdenes y posteriormente descendió hasta llegar a 131, y aunque está lejos de los niveles observados para Ecuador, los datos muestran que las deportaciones a países africanos no fueron casos aislados, sino una parte visible del sistema. 

Más de dos mil casos fueron enviados a otros destinos 

Además de Honduras, Ecuador y Uganda, existen 2,045 órdenes clasificadas en la categoría "otros", que representan cerca del 7 % del total, es decir, que la política de deportaciones a terceros países no se limitó a unos pocos destinos específicos, sino que involucró una red más amplia de receptores. 

En conjunto, los datos muestran una aceleración notable de esta política. Si se comparan las cifras de noviembre de 2025 con las de mayo de 2026, se observa que las órdenes de expulsión hacia terceros países crecieron de forma exponencial en apenas siete meses. Mientras que en los dos últimos meses de 2025 se registraron 1,420 órdenes, entre enero y mayo de 2026 la cifra se disparó a 28,901. Esto significa que aproximadamente el 95 % de todas las solicitudes identificadas en el período analizado se concentraron en los primeros cinco meses de 2026, lo que sugiere una expansión acelerada del uso de esta herramienta dentro de la política migratoria estadounidense. 

Entre noviembre de 2025 y mayo de 2026 se emitieron más de 30 mil órdenes de expulsión a terceros países, una cifra equivalente a la población completa de una ciudad estadounidense de tamaño medio como Miami Lakes, en la Florida o West Hollywood, en California, esto dimensiona la cantidad de personas que quedaron expuestas a ser enviadas no solo a sus países de origen, sino también a terceros países con los que Estados Unidos mantiene acuerdos migratorios. 

La mayoría de los inmigrantes afectados provenían de América Latina  

 

Los datos indican que las deportaciones a terceros países afectaron principalmente a personas provenientes de América Latina, especialmente de Venezuela, México, Colombia, Guatemala, Nicaragua y Hondura. En la mayoría de los casos, los inmigrantes no fueron enviados a su país de origen, sino a otro de la región o incluso a otro continente. 

El principal destino fue Ecuador, que recibió 16,792 personas, en donde fueron remitidos venezolanos (4,161), mexicanos (2,612), colombianos (2,199), cubanos (1,714) y guatemaltecos (1,675), lo que confirma que se convirtió en el principal punto de recepción para personas de múltiples nacionalidades. 

Honduras aparece como el segundo destino más frecuente, con 6,921 casos. Además de recibir personas de países vecinos como Guatemala, Nicaragua y El Salvador, también fue el lugar que albergó a más de 1,300 mexicanos y de 1,100 colombianos e incluso los propios ecuatorianos figuran entre las nacionalidades enviadas a Honduras. 

Los datos también muestran casos llamativos de inmigrantes enviados a países distintos de su lugar de origen, por ejemplo: 1,252 hondureños fueron enviados a Ecuador, mientras que 1,857 ecuatorianos fueron enviados a Honduras, es decir, este intercambio evidencia que las deportaciones a terceros países no necesariamente buscan devolver a las personas a su lugar de nacimiento. 

Guatemala recibió 1,606 personas, principalmente hondureños (829), nicaragüenses (319), mexicanos (233) y salvadoreños (180) y pese a que representa un volumen menor, también funcionó como un destino regional para inmigrantes de distintas nacionalidades. 

Por otra parte, Uganda destaca por ser el único destino africano incluido en la tabla del del Panel de deportaciones a terceros países. Allí fueron enviados al menos 613 ciudadanos de Guinea y 422 de Senegal, para un total de 1,035 personas, lo que refleja que la práctica no se limita a movimientos dentro de América Latina y que algunos inmigrantes están siendo trasladados a países situados a miles de kilómetros de sus hogares. 

Otro dato relevante es la escasa presencia de Colombia como país receptor, solo aparecen 53 venezolanos enviados a territorio colombiano, una cifra muy inferior a la observada en Ecuador, Honduras o Guatemala. 

EE. UU. amplía su red de recepción de deportados fuera de sus fronteras 

 

Los datos muestran que Estados Unidos también está buscando acuerdos con otros gobiernos para que reciban a inmigrantes deportados, incluso cuando esas personas no nacieron ni han vivido en esos países. 

Lo que se observa es una estrategia mucho más amplia que las deportaciones tradicionales que, en lugar de depender de unos pocos países, estaría construyendo una red internacional de gobiernos dispuestos a recibir personas. La lista incluye más de 30 naciones de América Latina, el Caribe, África y Europa del Este. Algunos todavía están negociando con Estados Unidos, mientras que otros ya colaboran activamente o incluso han comenzado a recibirlas.  

América Latina desempeña un papel importante dentro de esta estrategia. Países como México, Costa Rica, Panamá, El Salvador, Guatemala, Honduras y Ecuador aparecen vinculados de alguna manera a estos acuerdos. Entre ellos, México destaca por ser el principal receptor de personas enviadas desde Estados Unidos. 

Llama la atención la presencia de varios países africanos, entre ellos Uganda, Ruanda, Guinea Ecuatorial, República Democrática del Congo y Sudán del Sur, lo que sin duda nos muestra que la búsqueda de países receptores no se limita a la región cercana a Estados Unidos, sino que se está extendiendo a distintas partes del mundo. La mayoría todavía se encuentran en una fase temprana de vinculación. De los 34 identificados, 16 están en conversaciones con Estados Unidos, lo que representa cerca de la mitad del total.  

A esto se suma que 5 países ya registran algún tipo de cooperación migratoria reportada, una etapa más avanzada que las simples conversaciones y aunque no necesariamente existen acuerdos públicos o definitivos, ya habría mecanismos de coordinación entre gobiernos en materia migratoria. 

Por otro lado, los datos muestran que la política ya está produciendo resultados concretos porque al menos 9 países han recibido deportados o tienen acuerdos bajo los cuales ya se han realizado traslados.  

Los datos también muestran una diferencia entre las regiones que participan ocasionalmente y aquellas que cumplen un papel central. Un país aparece identificado como "tiene acuerdo y es el principal receptor” que es México, lo que evidencia que la estrategia no depende por igual de todos los socios, sino que existen gobiernos que concentran una parte mucho mayor de las deportaciones. 

Las alertas de derechos humanos detrás de las deportaciones a terceros países 

Las preocupaciones sobre esta política van más allá de la deportación en sí, de acuerdo con el Observatorio de Deportaciones a Terceros Países, algunos traslados a terceros países pueden generar situaciones que recuerdan a las desapariciones forzadas, especialmente cuando familiares, abogados o representantes legales pierden contacto y desconocen su paradero durante días o semanas. 

Según el Derecho Internacional Humanitario (DIH), una desaparición forzada ocurre cuando una persona es privada de su libertad por agentes estatales y posteriormente se oculta o se niega información sobre su destino o ubicación, dejándola fuera de la protección de la ley y aunque no todos los traslados a terceros países encajan necesariamente en esa definición, el observatorio sostiene que la falta de información sobre el paradero de alguno de los deportados, sumada a traslados realizados a sitios donde no tienen vínculos familiares o comunitarios, puede aumentar los riesgos de aislamiento, vulnerabilidad y pérdida de contacto con sus redes de apoyo. 

De acuerdo con el derecho internacional, la responsabilidad principal de analizar una solicitud de asilo recae en el país al que llega inicialmente la persona que busca protección: el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) sostiene que trasladar solicitantes de asilo a un tercer país solo es aceptable cuando ese país garantiza plenamente los derechos de las personas refugiadas y cumple con las normas internacionales de derechos humanos.  

Por ejemplo, en marzo de 2026, Human Rights Watch entrevistó a 53 ciudadanos de terceros países deportados de Estados Unidos a Tapachula, Chiapas y Villahermosa, Tabasco, incluidos 41 hombres cubanos. La mayoría de ellos habían vivido en Estados Unidos, predominantemente en Florida, durante años o décadas tras huir de Cuba debido a la represión política o a la falta de oportunidades económicas. Muchos habían construido negocios, poseído casas y dejado familiares en Estados Unidos, la mayoría tiene 60 años o más y sufre enfermedades crónicas que requieren tratamiento médico continuo. 

Ninguna de las personas entrevistadas tuvo la oportunidad de impugnar su deportación a México, violando los derechos al debido proceso, tanto bajo la ley estadounidense como internacional. De acuerdo con HRW, las autoridades estadounidenses los deportaron sin documentación, dinero ni pertenencias personales y aunque las autoridades mexicanas han accedido a recibir a ciudadanos cubanos, los han dejado en condiciones inseguras, sin acceso a refugio ni atención sanitaria. Sin un camino claro hacia el estatus legal, muchos tienen pocas perspectivas de mejorar su situación. Algunos se han visto obligados a vivir en la calle, incluso en parques o fuera de hospitales. 

"Nos están apartando para que mueran", dijo un ciudadano cubano de 58 años. "No hay ayuda. No podemos trabajar porque no tenemos papeles. No nos dan nada, nada. ¿Cómo se supone que vamos a comer, a pagar el alquiler?".  

A estas preocupaciones se suman cuestionamientos sobre posibles casos de detención arbitraria, ya que se han denunciado casos en los que algunas personas permanecen detenidas durante largos períodos mientras se define su traslado a un tercer país, incluso después de que sus solicitudes de asilo han sido desestimadas sin un análisis completo de sus temores de persecución o violencia. 

Si algo muestran los datos es que la deportación a terceros países ya no es una excepción dentro del sistema migratorio estadounidense, en apenas siete meses, más de 30,000 personas quedaron sujetas a órdenes de expulsión hacia países distintos al suyo, mientras Estados Unidos ampliaba su red de acuerdos con gobiernos de América Latina, África y otras regiones.