Desde el pasado 11 de junio entró en vigor una nueva ley que aplica para el estado de Washington y protege a miles de trabajadores inmigrantes frente a operativos migratorios en sus sitios de trabajo.
La nueva legislación busca dar más tiempo, información y garantías a los trabajadores cuando una empresa sea objeto de una auditoría federal relacionada con documentos de empleo. La norma, conocida la Ley 2105 (Ley de Protección de los Trabajadores Inmigrantes), ya se aplica en este territorio.
¿Qué cambia en la práctica?
A partir de ahora los empleadores ya no podrán manejar de manera silenciosa una auditoría de formularios I-9, aquellos documentos que verifican la autorización de trabajo en Estados Unidos.
Ahora deberán notificar a los empleados al menos cinco días hábiles antes de una auditoría federal sobre este formulario u otros registros laborales, entregar información sobre derechos y recursos disponibles, y proporcionar un aviso en cinco idiomas adicionales de uso común en Washington, además del inglés.
La empresa también tendrá la obligación de informar a los empleados los resultados de la auditoría dentro de los cinco días posteriores a su publicación.
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El objetivo: reducir el miedo y evitar abusos
La patrocinadora del proyecto, la legisladora estatal Lillian Ortiz-Self, dijo que la iniciativa surgió después de que empleadores preguntaran qué podían hacer si agentes federales llegaban a sus instalaciones y cuáles eran los derechos de sus trabajadores. Según Ortiz, la ley también busca evitar que algunos empleadores utilicen una auditoría migratoria como herramienta de presión o castigo contra empleados.
El gobernador Bob Ferguson respaldó la medida al afirmar que los trabajadores inmigrantes son una parte importante de la economía y la cultura del estado.
¿Por qué esto es importante para los inmigrantes?
Hasta ahora, un empleador podía recibir una notificación de auditoría federal y los trabajadores no necesariamente se enteraban. Organizaciones de defensa de inmigrantes argumentaban que eso dejaba a muchas personas sin oportunidad de consultar a un abogado, reunir documentos faltantes o corregir errores antes de que el proceso avanzara.
La nueva ley cambia esa dinámica y crea un período mínimo de aviso previo.
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Sanciones para empresas que no cumplan
La ley contempla multas para las empresas que no notifiquen correctamente a sus trabajadores. Las sanciones van desde una posible multa de US$500 por cada incumplimiento hasta US$1,000 si un tribunal determina que la omisión fue deliberada.
Washington se convierte así en uno de los pocos estados que intenta reforzar las protecciones para trabajadores inmigrantes sin cambiar las reglas federales sobre verificación de empleo.
