En los últimos meses ha surgido una nueva propuesta federal que está generando preguntas entre alcaldías, consejos municipales y, por supuesto, entre las familias inmigrantes que viven en las ciudades involucradas. Desde la administración federal se anunció la iniciativa Ciudades Modelo (Model Cities Initiative, o MCI), liderada por el Departamento de Justicia (DOJ), por sus siglas en inglés.

¿Qué es la iniciativa de Ciudades Modelo?

Según la propia convocatoria del DOJ, una "Ciudad Modelo" es una jurisdicción seleccionada para adoptar un enfoque de "ciudad completa" en materia de seguridad pública, en el que la alcaldía, policía, fiscalía y otras dependencias trabajan bajo una sola estrategia coordinada con el gobierno federal. La idea es que esa ciudad sirva de ejemplo para el país y que el DOJ pueda usar como plantilla para replicar en otras partes del país.

¿De qué se trata el programa?

Es, en esencia, un concurso nacional de fondos federales. El Departamento de Justicia anunció que destinará cerca de 300 millones de dólares, financiados a través de la ley "One Big Beautiful Bill", para repartirlo entre 2 a 4 ciudades de todo el país.

El objetivo del gobierno es apoyar a esas ciudades para reducir el crimen violento y fortalecer sus cuerpos policiales. A diferencia de un subsidio tradicional, este dinero se entrega mediante un "acuerdo de cooperación" de 36 meses, lo que significa que el gobierno federal mantiene una participación durante todo ese periodo, en lugar de solo transferir los fondos.

Este concurso no aparece de manera aislada. El propio DOJ lo presenta como una continuación de los despliegues federales ya realizados en Memphis y Washington D.C., donde agencias federales se sumaron a la vigilancia de la policía local. La diferencia es que, hasta este momento, estos despliegues habían sido caso a caso y sin un mecanismo formal de financiamiento.

La iniciativa de Ciudades Modelo es, en este sentido, el primer intento de convertir ese modelo en un programa competitivo y replicable. Si este experimento resulta como el gobierno espera en las ciudades ganadoras, es razonable anticipar que la administración busque ampliarlo a más ciudades en futuras convocatorias.

Las condiciones del concurso

Para aspirar a estos recursos, una ciudad debe tener al menos 100,000 habitantes, y su alcalde, jefe de policía, fiscal y demás autoridades locales deben presentar una solicitud conjunta. El dinero puede usarse en contratación de personal policial, tecnología de vigilancia (cámaras, lectores de placas, drones), servicios de salud mental, programas de reinserción y prevención juvenil.

Aquí hay que señalar algo importante: el concurso cuenta con una cláusula que obliga a la ciudad ganadora a devolver el dinero si hay un aumento en la violencia y desorden público.

La obligación de cooperar con ICE y lo que implica a nivel migratorio

Una de las condiciones más relevantes para la comunidad inmigrante está en la letra pequeña de la convocatoria. Según el documento, cada ciudad que aplique debe firmar una certificación de cumplimiento con el artículo 8 U.S.C. § 1373, la norma federal que prohíbe a los gobiernos locales restringir el intercambio de información sobre el estatus migratorio de una persona con las autoridades federales. En la práctica, esto significa que una ciudad no puede tener políticas "santuario" que limiten la comunicación entre su policía y agencias como ICE si quiere participar por los fondos.

Para los inmigrantes que viven en una de las ciudades que sean ganadoras, esto se traduce en un mayor control por parte de las agencias locales y mayor acceso a tecnología de vigilancia (cámaras y lectores de placas), datos que posteriormente pueden ser compartidos con las agencias federales. Un encuentro rutinario con la policía, como una parada de tránsito, tendría más probabilidades de derivar en una consulta sobre el estatus migratorio de la persona.

¿Qué ciudades rechazaron participar en Ciudades Modelo?

Entre las ciudades que rechazaron públicamente participar están:

  • Nueva Orleans, cuya administración anunció que no concursaría tras dudas legales.
  • Charlotte, donde el concejo municipal se negó a respaldar la solicitud que pedía la policía local, por la preocupación de mayor presencia federal en la ciudad.
  • Billings, en Montana, donde el concejo votó en contra por mayoría, citando la falta de garantías sobre qué ocurriría con los compromisos de intercambio de información una vez termine el acuerdo.

Del otro lado, el condado de East Baton Rouge, en Luisiana, sí presentó su solicitud, pues sus autoridades buscan hasta 125 millones de dólares para su plan de seguridad.

El DOJ no ha confirmado aún la lista completa de postulantes, por lo que es posible que otras ciudades medianas también hayan enviado propuestas sin hacerlo público.

Vale la pena resaltar que rechazar el concurso de Ciudades Modelo no libra a una ciudad de la presión ejercida a través de los fondos económicos, como el fondo BIDEN. Incluso aquellas que optaron por no aplicar pueden seguir bajo la exigencia de firmar un 287(g) si buscan acceder a otros fondos federales para la policía.

¿Qué implica esto para los inmigrantes?

El resultado de este concurso marcará un precedente en la relación entre los gobiernos locales y el gobierno federal en materia de seguridad pública e inmigración. Las ciudades que resulten elegidas recibirán una inyección importante de recursos. Sin embargo, al aceptar las condiciones del programa, las ciudades seleccionadas asumirían una coordinación más estrecha con agencias federales. El alcance concreto de esa cooperación dependerá de los acuerdos que adopte cada jurisdicción y de la forma en que implemente los requisitos del programa.

Para una persona inmigrante, esto significa que el lugar donde vive puede volverse más determinante de lo que era antes. En una ciudad que participe en cualquiera de estos programas, un contacto rutinario, una infracción de tránsito, una llamada de un vecino, una revisión, podría tener más probabilidades de convertirse en el punto de partida de un proceso migratorio.

Por ello, independientemente de la ciudad en la que vivas, la mejor forma de protegerte es mantener tus documentos en orden, conocer tus derechos ante cualquier interacción con la policía (como el derecho a guardar silencio y a solicitar un abogado) y asesorarte siempre con un profesional para evaluar tu situación migratoria antes de que se presente un inconveniente.