Seis organizaciones de asistencia legal acusan a las autoridades de citar a menores a entrevistas con menos de un día de aviso y de dejarlos sin abogados independientes tras el fin del contrato que financiaba su defensa.

Un grupo de organizaciones que representan legalmente a menores inmigrantes presentó una demanda federal para frenar las medidas con las que el gobierno estadounidense busca acelerar los procesos de asilo y deportación de niños que llegaron al país sin sus padres. La acción judicial, identificada como The Door v. Edlow, fue presentada el jueves 15 de octubre ante el Tribunal Federal del Distrito de Maryland, División Sur.

Las demandantes son el Amica Center for Immigrant Rights, The Door, el Florence Immigrant and Refugee Rights Project (FIRRP), el Galveston-Houston Immigrant Representation Project (GHIRP), el Immigrant Defenders Law Center (ImmDef) y Jewish Family and Community Services (JFCS) de Pittsburgh. Según el National Immigration Law Center, las representan esa organización, el Center for Gender and Refugee Studies, el National Center for Youth Law y Trial Impact Project. La demanda está dirigida, entre otros, contra Joseph Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Entrevistas con horas de aviso

Según la demanda, algunos niños recibieron menos de 24 horas de aviso para presentarse a entrevistas relacionadas con sus solicitudes de asilo. De acuerdo con Bloomberg Law, las organizaciones sostienen que desde julio el USCIS empezó a programar cientos de entrevistas con poca o ninguna anticipación. Antes, estas citas solían ser presenciales y se notificaban a los abogados con al menos 21 días de antelación; ahora los avisos llegan con entre 18 y 24 horas de margen, y los niños bajo custodia federal solo pueden asistir de forma virtual.

Los grupos aseguran que desde el 1 de agosto el USCIS ha programado más de 600 entrevistas para sus clientes menores, muchas de ellas superpuestas, por lo que los abogados no pueden asistir a todas, según recogió CNN en Español. El expediente cita casos como la negativa a reprogramar una cita pese a que el abogado había sufrido un accidente de tránsito, y ejemplos de niños obligados a continuar sus entrevistas aun estando visiblemente angustiados.

Las organizaciones advierten que estos plazos dificultan que los menores expliquen por qué temen regresar a sus países y por qué necesitan protección en Estados Unidos.

Fecha límite en los tribunales

La demanda también sostiene que la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) ordenó a los jueces de inmigración cerrar todos los casos de deportación de niños no acompañados detenidos antes del 31 de enero de 2027, y limitar los aplazamientos a tres semanas sin importar las circunstancias. Los demandantes describen el sistema resultante como una “cadena de montaje de deportaciones”.

Sin abogados independientes

Las organizaciones denuncian además que muchos menores detenidos por las autoridades migratorias no tienen acceso a un abogado independiente, después de que la administración Trump dejara vencer el contrato que financiaba esos servicios. El 31 de julio de 2026 terminó el contrato con el Acacia Center for Justice, que coordinaba una red de casi 100 proveedores que ofrecían orientación y representación legal a más de 20,000 niños no acompañados en todo el país.

Según Acacia, sin representación legal menos del 1 % de los niños inmigrantes obtiene algún tipo de alivio migratorio. El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) afirma que cumple con sus obligaciones legales y que ofreció a Acacia un contrato puente que la organización rechazó. Días después, como informó NOTUS, el HHS adjudicó un contrato de 150 millones de dólares a una pequeña firma de Texas para representar a estos menores, mientras que Acacia insiste en que los niños deben contar con abogados independientes, especializados en inmigración y con experiencia en el trabajo con menores.

Qué piden los demandantes

La demanda solicita que se respeten los derechos de los menores y que tengan una oportunidad justa de pedir protección. En concreto, busca restablecer el aviso previo de 21 días, recuperar el criterio de “causa justificada” para reprogramar entrevistas y anular la fecha límite impuesta a los tribunales de inmigración.

Los demandantes alegan violaciones a la Ley de Inmigración y Nacionalidad, a la garantía de debido proceso de la Quinta Enmienda y a la Ley de Reautorización de Protección a las Víctimas de Trata de Personas de 2008, que reconoce a los niños no acompañados el derecho a solicitar asilo ante el USCIS y a contar con un abogado en la medida de lo posible.