Un juez federal bloqueó los cobros de multas de hasta 1,8 millones de dólares a inmigrantes con órdenes finales de deportación que no abandonaran voluntariamente Estados Unidos.
La decisión responde a una demanda colectiva presentada por dos inmigrantes afectados y el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC).
El juez O’Toole consideró que los denunciantes tenían posibilidades de demostrar que el gobierno violó la Ley de Procedimiento Administrativo al imponer las multas sin un periodo de aviso y comentarios. También advirtió sobre el riesgo de que estos cobros terminaran afectando salarios, cuentas bancarias, vehículos y viviendas.
Las sanciones podían alcanzar los 998 dólares por día y, dependiendo del caso, acumularse de manera retroactiva hasta por cinco años. Según el Departamento de Seguridad Nacional, hasta julio de 2026 se habían emitido más de 103,000 multas, por un valor aproximado de 84,000 millones de dólares.