El gobierno presentó una apelación de emergencia para levantar la orden judicial que frenó las obras en la región, mientras ganaderos, residentes, empresarios y ambientalistas advierten sobre sus costos y su impacto en uno de los paisajes más emblemáticos del país.

La administración del presidente Donald Trump pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos que le permita reanudar la construcción del muro y otras barreras fronterizas en la región de Big Bend, en el oeste de Texas. El Departamento de Justicia presentó el miércoles 21 de octubre una solicitud de emergencia para levantar la orden de una jueza federal que detuvo las obras mientras avanza una demanda en su contra.

En el recurso, el procurador general D. John Sauer calificó la suspensión de "infundada" y pidió dos cosas: que se suspenda la orden, para que la construcción continúe, y que el máximo tribunal revise el caso de forma sumaria y revoque la decisión original, según Texas Public Radio. La Corte Suprema aún no ha indicado cuándo responderá.

La orden que frenó las obras

El 2 de octubre, la jueza federal Kathleen Cardone, del Distrito Oeste de Texas, concedió una medida cautelar que ordenó detener de inmediato toda la construcción de barreras en el sector Big Bend dentro de una milla del río Bravo, así como en el Parque Nacional Big Bend y el Parque Estatal Big Bend Ranch. La jueza también dejó sin efecto, mientras dure la pausa, las exenciones federales que el gobierno había usado para acelerar la obra.

La decisión abarca un tramo de unas 500 millas, cerca de una cuarta parte de la frontera sur con México, de acuerdo con AP vía PBS. El fallo llegó pocas semanas después de que el gobierno levantara los primeros paneles del muro en la zona, a mediados de septiembre.

La demanda fue presentada por el Center for Biological Diversity, un guía de río de la región y un grupo que busca preservar una histórica iglesia de adobe en Ruidosa, Texas. Los demandantes cuestionan las exenciones emitidas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para saltarse leyes ambientales y de conservación.

Los argumentos del gobierno

La administración sostiene que la suspensión pone en riesgo la seguridad fronteriza. Según el gobierno, el DHS eligió Big Bend por sus altos índices de cruces irregulares y contrabando de drogas en los últimos años, de acuerdo con The Daily Signal.

El gobierno también argumenta que dejar esta zona sin infraestructura, mientras se construyen muros en otros tramos, crearía un "embudo" que concentraría allí los cruces migratorios no autorizados y las rutas de contrabando. En su solicitud asegura además que sus intereses de seguridad pesan mucho más que los perjuicios estéticos, recreativos o culturales que alegan los demandantes, y que ya se habían construido unos tres cuartos de milla de barrera, además de oficinas temporales, depósitos y una planta de concreto.

El plan contempla muros, barreras para vehículos, caminos y tecnología de vigilancia. El gobierno señaló que por ahora no hay muros previstos dentro del Parque Nacional Big Bend ni del Parque Estatal Big Bend Ranch.

Una oposición que cruza líneas partidistas

El proyecto ha generado rechazo entre ganaderos, residentes, empresarios y organizaciones ambientalistas. Desde que se conocieron los planes en enero de 2026, ha surgido en la región una oposición bipartidista contra una infraestructura que suma más de US$7,500 millones en contratos federales, según The Texas Tribune. Hasta ahora se han presentado seis demandas contra el muro en Big Bend.

Los opositores sostienen que la región es tan remota y su terreno tan accidentado que funciona por sí misma como barrera natural. Propietarios de tierras también han denunciado que el proyecto les impediría acceder al río y alteraría la cultura transfronteriza de la zona, como recoge Reason.

La disputa también ha llegado a la política local: los dos candidatos al Distrito 23 del Congreso por Texas, que incluye Big Bend, han dicho que se oponen a un muro que altere la región.

La decisión de la Corte Suprema definirá si las obras se reanudan mientras sigue el litigio o si la pausa se mantiene hasta que los tribunales resuelvan el fondo del caso.