El nuevo monto, vigente desde el 16 de octubre, forma parte del ajuste anual por inflación de las tarifas migratorias creadas por la ley "One Big Beautiful Bill". No es un cobro general: aplica solo a dos grupos específicos.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) comenzó a cobrar US$5,300 a determinados inmigrantes que tienen órdenes de deportación emitidas en ausencia y que luego son arrestados, así como a ciertos extranjeros considerados inadmisibles que son detenidos entre los puertos de entrada oficiales. La medida rige desde el 16 de octubre de 2026 y fue oficializada mediante un aviso publicado en el Registro Federal el 1 de octubre, como parte de los ajustes por inflación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para el año fiscal 2027.
¿A quién afecta?
El cobro no se aplica a todos los inmigrantes ni de forma automática a cualquier persona detenida. Según la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), la tarifa recae en dos categorías:
- Personas con una orden de deportación en ausencia que no salieron del país y que posteriormente son arrestadas por ICE. Se trata de quienes no se presentaron a su audiencia ante un juez de inmigración y fueron ordenados deportar sin estar presentes.
- Extranjeros considerados inadmisibles que son detenidos al cruzar entre puertos de entrada, es decir, fuera de los pasos fronterizos oficiales.
De acuerdo con la propuesta de regla del DHS, el gobierno considera este cobro un reembolso parcial del costo de los arrestos. La tarifa no se aplica si la orden de deportación en ausencia fue anulada conforme a la ley.
De dónde sale el monto
Ambas tarifas fueron creadas por la ley H.R. 1, conocida como "One Big Beautiful Bill Act", firmada el 4 de julio de 2025, que obliga a ajustarlas por inflación cada año fiscal. El cobro comenzó en US$5,000, subió a US$5,130 en diciembre de 2025 y ahora llega a US$5,300, un aumento de US$170 según MundoNow. El cálculo se basa en la variación del Índice de Precios al Consumidor urbano.
La cifra podría crecer mucho más. En mayo, el DHS propuso elevar la tarifa para personas con órdenes de deportación en ausencia de US$5,130 a US$18,000. Esa regla aún no ha entrado en vigor.
En paralelo, un juez frenó las multas diarias
El anuncio llega en medio de una disputa judicial sobre las sanciones económicas a inmigrantes. A comienzos de octubre, el juez federal George O'Toole Jr., del Distrito de Massachusetts, bloqueó el procedimiento que usaba el gobierno para imponer multas civiles de hasta US$998 diarios a inmigrantes que permanecían en el país pese a tener una orden de deportación definitiva.
La administración aplicaba esas multas de forma retroactiva hasta por cinco años, lo que podía sumar cerca de US$1.8 millones por persona. Según reportó Reuters, recogido por CTN, el DHS había emitido hasta julio más de 103,000 multas por un total aproximado de US$84,000 millones.
El juez concluyó que las multas violaban la Ley de Procedimiento Administrativo, en parte porque se basaban en formularios estandarizados que no explicaban por qué cada persona debía ser sancionada. También advirtió que los afectados podían enfrentar embargos de salario, pérdida de bienes y demandas de cobro. El fallo, sin embargo, no elimina la facultad legal del gobierno de multar a quienes se niegan deliberadamente a cumplir una orden de deportación, ni detiene las deportaciones; solo suspende el procedimiento mientras avanza el caso.
Son dos medidas distintas: el cobro de US$5,300 proviene de la ley H.R. 1 y sigue vigente, mientras que las multas diarias de hasta US$998 se basan en una ley de 1996 y son las que quedaron bloqueadas temporalmente.