Las cortes de inmigración ocupan un lugar central dentro del sistema migratorio de Estados Unidos y aunque las leyes y políticas migratorias son definidas por el Congreso y el gobierno de turno, son los jueces quienes toman la decisión final sobre miles de casos cada año, las mismas que definen si una persona puede permanecer en el país, obtener asilo o ser deportada. Por esta razón, analizar quiénes son los jueces que integran estas cortes y cómo resuelven los casos permite entender mejor cómo las administraciones pueden influir en los resultados del sistema migratorio más allá de los cambios en la legislación o en las políticas públicas.

Esta investigación parte de una pregunta: ¿cómo cambiaron las cortes de inmigración tras la llegada por segunda vez de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos? Para responderla, no solo analizaré el número de jueces nombrados por cada administración, sino también el perfil de quienes fueron designados y la manera en la que toman decisiones.

Por eso el análisis lo desarrollaré en tres momentos: el primero, examinando los 200 jueces nombrados durante el primer gobierno de Donald Trump, entre 2017 y 2020, con el propósito de identificar las características de las cortes antes del cambio; en segundo lugar, estudiaré los 127 jueces nombrados durante el gobierno de Joe Biden, entre 2021 y 2024, para establecer si el perfil de las cortes y los patrones de decisión se modificaron y, finalmente, se analizan los primeros jueces designados durante el segundo gobierno de Trump, con el fin de identificar si los nombramientos muestran señales de continuidad o de cambio frente a los periodos anteriores.

Primer gobierno de Trump: jueces con grandes diferencias en sus decisiones

Los 200 jueces de inmigración nombrados durante el primer gobierno de Donald Trump, entre 2017 y 2020, muestran un patrón importante y es que muchos registraron tasas altas de deportación. De acuerdo con los datos de Pathfinder, estos jueces deportaron, en promedio, al 59.83 % de las personas cuyos casos resolvieron, la cifra es cercana al promedio nacional, que fue de 60.65 %, sin embargo, detrás de estos promedios existen diferencias importantes entre los jueces.

Mientras algunos ordenaron la deportación en cerca del 32 % de los casos, otros superaron el 90 %, es decir, hay una diferencia de casi 60 puntos porcentuales entre los jueces que menos deportaron y quienes más lo hicieron, lo que muestra que, aunque todos fueron nombrados durante el mismo periodo presidencial, no todos resolvieron los casos de la misma manera.

Entre los jueces con las tasas de deportación más altas aparece Ralph Girvin, del tribunal de Otero, Nuevo México, quien deportó al 91.58 % de las personas cuyos casos resolvió, le siguen Robert Driscoll, del tribunal de Batavia, Nueva York, con una tasa de 82.61 %; Mary Baumgarten, de Buffalo, Nueva York, con 82.27 %; y Justin Adams, del tribunal de San Antonio, Texas, con el 80 %.

En el otro extremo se ubican jueces como Christian Pressman, de Miami, Florida, quien deportó al 32 % de las personas cuyos casos decidió; Khalilah Taylor, de Nueva York, con una tasa de 33.7 %, y Daniel Kinnicutt, de Conroe, Texas, con el 34.2 %, lo que nos indica que las decisiones podían variar ampliamente entre jueces, incluso cuando todos habían sido nombrados durante la misma administración.

Los datos también exhiben diferencias entre los tribunales; algunas cortes tienen promedios de deportación considerablemente más altos que otras, lo que señala que el lugar donde se lleva el caso puede tener cierta influencia en el resultado, sin embargo, el tribunal por sí solo no explica las diferencias. Incluso dentro de una misma corte hay jueces que toman decisiones muy distintas.

Otro patrón aparece al comparar las deportaciones con las solicitudes de asilo y, en términos generales, los jueces que más deportan también son quienes menos solicitudes de asilo aprueban, por ejemplo, Ralph Girvin, por ejemplo, deportó al 91.58 % de las personas cuyos casos resolvió y aprobó solicitudes de asilo en apenas el 5.12 % de los casos, por su parte, Robert Driscoll tuvo una tasa de deportación del 82.61 % y aprobó el asilo en solo el 6.54 % de las solicitudes.

Los datos muestran una tendencia y es que cuando aumenta el porcentaje de deportaciones, suele disminuir el de solicitudes de asilo aprobadas, lo que significa que las personas que llegaban ante determinados jueces podían tener probabilidades muy diferentes de obtener protección, dependiendo de quién estuviera a cargo de su caso.

Los datos muestran que durante el primer gobierno de Donald Trump las cortes de inmigración estuvieron conformadas por jueces con maneras muy distintas de decidir los casos y aunque el promedio de deportación de los 200 jueces fue de 59.83 %, muy cercano al promedio nacional de 60,65 %, las tasas individuales variaron desde alrededor del 32 % hasta más del 90 %.

La información también muestra que varios de los jueces con mayores tasas de deportación registraron bajos niveles de aprobación de asilo y que el tribunal donde se llevaba el proceso podía influir en los resultados, aunque no era el único factor.

Periodo Biden y unas cortes sin uniformidad en las decisiones

Los datos de Pathfinder sobre los 127 jueces nombrados durante la administración de Joe Biden, entre 2021 y 2024, muestran que tomaron decisiones muy diferentes entre sí, pues pese a que todos fueron nombrados durante el mismo gobierno, sus resultados muestran que no todos aplicaron los mismos criterios al resolver los casos.

Una de las mayores diferencias está en las tasas de deportación, ya que mientras algunos jueces ordenaron la deportación en menos del 30 % de los casos, otros superaron el 90 %, lo que en la práctica se traduce en que las decisiones no parecen depender únicamente de la política migratoria del gobierno de turno.

El promedio de deportación de este grupo de jueces fue de 60.65 %, pero muchos estuvieron muy por debajo de esa cifra. Jeffrey Frederick, por ejemplo, registró una tasa de deportación de 28.72 %; Mónica Neumann, de 34.20 %; y Jason Braun, de 34.33 %; al mismo tiempo, otros jueces estuvieron muy por encima del promedio: Patrick Burke tuvo una tasa de 90.81 %; Emmanuel García, de 90.46 %; y Patrick Barrett, de 87.51 %.

En otras palabras, los 127 jueces nombrados durante el gobierno de Biden no siguieron un mismo patrón, mientras algunos deportaron a una proporción mucho menor de las personas cuyos casos resolvieron, otros ordenaron remociones en la gran mayoría de los casos.

El tribunal donde trabaja cada juez también parece tener importancia y algunas cortes registraron promedios de deportación bastante altos. Oakdale (California) tuvo un promedio de 82.62 %; Conroe (Texas) de 77.9 %; Batavia (Nueva York) de 76.53 %; Dallas (Texas) de 75.07 %; y El Paso (Texas) de 74.18 %. En otros tribunales las tasas fueron menores, por ejemplo, San Francisco (California) registró un promedio de 44,15 %; Hyattsville (Maryland) de 47,78 %; Nueva York (Nueva York) de 48,19 %; Miami (Florida) de 49,46 %; y Los Ángeles (California) de 49,3 %.

A esto se suma que el tribunal tampoco explica las diferencias que existen dentro de una misma corte, donde hay jueces que toman decisiones distintas, para no ir tan lejos, Orlando es un buen ejemplo para analizar, allí, aunque el promedio de deportación fue de 54.9 %, varios jueces nombrados durante el gobierno de Biden estuvieron muy por debajo de esa cifra: Jeffrey Frederick registró 28.72 %; Raphael Rojas, 38.74 %; Benjamin Rosen, 41.42 %, y Anna Adams, 42.48 %.

Por otra parte, Nueva York muestra la situación contraria, aunque el promedio de deportación del tribunal fue de 48.19 %, algunos jueces nombrados durante el gobierno de Biden registraron tasas cercanas al 70 % e incluso superiores al 77 %, lo que refleja que dos personas que llevan sus casos ante el mismo tribunal pueden tener resultados muy diferentes dependiendo del juez que los atienda.

Los datos también indican una relación entre las deportaciones y las solicitudes de asilo; desde este ángulo, en general, los jueces que más deportan son también los que menos solicitudes de asilo aprueban.

Patrick Burke, del tribunal de Cleveland en Ohio, por ejemplo, deportó al 90.81 % de las personas cuyos casos resolvió y aprobó el asilo en apenas el 1.9 %; algo similar ocurrió con Danielle Garten, del tribunal de Houston en Texas, quien registró una tasa de deportación de 83.86 % y aprobó solo el 0.21 % de las solicitudes de asilo.

En el otro extremo aparecen jueces que aprobaron asilo con mayor frecuencia, en este caso, Steven Kirchner, del tribunal de San Francisco en California, con una tasa del 27.84 % de los casos y del 61,25 % en deportaciones. Mark Sameit, de Otay Mesa también en California, concedió asilo en el 21,18 % de las solicitudes y deportó al 50,34 % de las personas cuyos casos resolvió. Por su parte, Jacob Stender, del tribunal de Concord, California, aprobó el asilo en el 21.25 % y tuvo una tasa de deportación de 73.24 %.

Aunque existen algunas excepciones, la tendencia general es clara y es que los jueces con las tasas de deportación más altas suelen ser también los que menos solicitudes de asilo aprueban, por el contrario, quienes conceden protección con mayor frecuencia tienden a deportar a una proporción menor de las personas cuyos casos resuelven.

También ocurre algo similar con el número de casos, algunos jueces que han tomado más de 13.000 decisiones mantienen tasas de deportación cercanas al promedio nacional, mientras otros, con muchos menos casos, registran algunos de los porcentajes más altos.

En otras palabras, durante el gobierno de Biden llegaron nuevos jueces a las cortes de inmigración, pero esto no significó que todos decidieran de la misma manera, ya analizamos que los datos muestran los diversos perfiles; algunos jueces ordenaron deportaciones con mucha frecuencia y casi nunca aprobaron solicitudes de asilo, mientras otros deportaban a una proporción menor y concedían protección con mayor regularidad.

Trump 2.0: ¿comienza a consolidarse un nuevo perfil de juez?

Si durante la administración Biden la principal característica fue la diversidad en la forma de decidir, los primeros nombramientos realizados durante el segundo gobierno de Donald Trump muestran un panorama diferente porque, aunque muchos de estos jueces llevan menos de un año en el cargo y apenas han resuelto un número reducido de casos, ya es posible identificar algunos patrones comunes que contrastan con el periodo anterior.

Lo primero que llama la atención es la velocidad con la que se han realizado los nombramientos, pues en apenas el primer año y medio del segundo gobierno de Trump ya aparecen 105 jueces nuevos en la base de datos de Pathfinder, una cifra que se acerca a los 127 jueces nombrados durante los cuatro años de la administración Biden, evidenciando que la renovación de las cortes de inmigración volvió a convertirse en una prioridad de la política migratoria del gobierno.

Sin embargo, el cambio no parece limitarse únicamente al número de nombramientos ya que a diferencia de lo observado durante el gobierno de Biden, donde había jueces con tasas de deportación inferiores al 30 % y otros que superaban el 90 %, los primeros resultados de los jueces nombrados por Trump muestran una concentración mucho mayor en porcentajes altos de deportación.

Una parte importante de estos nuevos jueces registra tasas superiores al 80 % e incluso cercanas al 100 %, lo que nos permite ver una mayor similitud en la forma de resolver los casos.

Algunos casos muestran tasas de deportación especialmente altas: Paul Jones, del tribunal de Dallas (Texas), registra una tasa de 95,4 %; Galvao Andrew, de Harlingen (Texas), alcanza el 93,97 %; Jennifer Wells, de Charlotte (Carolina del Norte), el 94,12 %; Christopher Cooper, de Detroit (Michigan), el 93,44 %; Jacob Marshall, de Pearsall (Texas), el 98,43 %; Meredith Duff, de Memphis (Tennessee), el 97,85 %; y Andrew Scafidi, de Sacramento (California), el 96,3 %. A ellos se suman Chad Bayse, de Miami (Florida); Patrick Espana, de Concord (California); Robin Etienne, de Houston (Texas); Donna Gopaul, de Atlanta (Georgia); y Marla Goss, de Santa Ana (California), quienes registran, hasta ahora, una tasa de deportación del 100 %. Aunque algunos de estos jueces todavía han resuelto un número reducido de casos, las cifras llaman la atención porque la mayoría se encuentra muy por encima del promedio nacional de deportación, que es de 60,65 %.

De igual manera, cambia la forma en la que estos jueces deciden sobre las solicitudes de asilo. Durante el gobierno de Biden todavía había jueces que aprobaban solicitudes de asilo por encima del promedio nacional, que era de 14.5 %. En cambio, entre los jueces nombrados por la administración de Donald Trump aparecen muchos casos con porcentajes muy bajos: en numerosos casos la aprobación de asilo es menor al 5 % y, en varios jueces, llega al 0 %.

Por ejemplo, Jonathan Andresen, Meredith Duff, Galvao Andrew, Donna Gopaul, Marla Goss, Alex Mason y Paul Jones no han aprobado ninguna solicitud de asilo entre los casos que han decidido hasta ahora, lo que mantiene el patrón que ya habíamos encontrado durante el gobierno anterior: los jueces que más deportan suelen ser también los que menos aprueban solicitudes de asilo.

También hay un cambio en la importancia que parece tener el tribunal pues si durante el gobierno de Biden, dentro de una misma corte era posible encontrar jueces con decisiones muy diferentes, ahora empiezan a aparecer jueces con tasas de deportación muy altas incluso en tribunales que históricamente habían tenido porcentajes más bajos.

Nueva York es un ejemplo claro de esta situación, pues durante el gobierno de Biden, este tribunal tenía un promedio de deportación de 48.19 %, sin embargo, entre los jueces nombrados por Trump ya aparecen Watson Berich y Denise Bowen con tasas del 100 %; Jacob Weintraub con 92.48 %; y Denise Kallas con 91.43 %, lo que nos podría indicar que el resultado podría depender cada vez más de quién toma la decisión y no solamente de la corte donde se lleva el proceso.

Todavía es muy pronto para afirmar que este cambio sea definitivo, ya que aún faltan dos años y medio del gobierno Trump y muchos de estos jueces llevan pocos meses en sus cargos, sin embargo, los primeros datos muestran una tendencia diferente a la que encontramos durante el gobierno de Biden.

En lugar de tener jueces con perfiles y decisiones muy diferentes, los nuevos nombramientos del segundo gobierno de Trump parecen mostrar comportamientos más parecidos entre ellos con tasas de deportación muy altas y una aprobación muy baja de solicitudes de asilo.

Este cambio es importante para nuestro análisis, porque nos muestra que durante el gobierno de Biden, el resultado de un caso migratorio podía variar mucho dependiendo del juez que lo recibiera y los primeros datos del segundo gobierno de Trump sugieren que esa diferencia podría estar reduciéndose.

Si esta tendencia continúa a medida que los nuevos jueces acumulen más casos y decisiones, las cortes de inmigración podrían terminar teniendo un grupo de jueces con comportamientos más parecidos entre sí. Esto podría significar que el perfil de los nuevos jueces tenga un efecto cada vez más claro en las posibilidades de que una persona sea deportada o consiga protección en Estados Unidos.

¿Qué está cambiando en las cortes de inmigración?

El análisis de los jueces nombrados por Donald Trump y Joe Biden muestra que las decisiones en las cortes de inmigración pueden ser muy diferentes dependiendo del juez que lleve el caso. Durante el primer gobierno de Trump, los 200 jueces nombrados tuvieron una tasa promedio de deportación de 59.83 %, pero hubo grandes diferencias: algunos deportaron a cerca del 30 % de las personas cuyos casos resolvieron, mientras otros superaron el 90 %.

Durante el gobierno de Biden ocurrió algo parecido. Los 127 jueces nombrados también tuvieron resultados muy diferentes, ya que algunos deportaron a menos del 30 % de las personas, mientras otros superaron el 90 %. Esto demuestra que aquellos nombrados durante un mismo gobierno no necesariamente toman las mismas decisiones.

Pero los primeros datos de los jueces nombrados durante el segundo gobierno de Trump muestran algo diferente pues, aunque muchos llevan pocos meses en sus cargos y todavía han decidido pocos casos, una gran parte registra tasas de deportación superiores al 80 % y niveles muy bajos de aprobación de asilo y, en algunos casos (al menos hasta ahora), no han aprobado ninguna solicitud de asilo.

Esto podría indicar que los nuevos jueces de Trump están mostrando decisiones más parecidas entre sí que los nombrados durante el gobierno de Biden, sin embargo, todavía es muy pronto para saber si esta tendencia se mantendrá, porque estos jueces necesitan más tiempo y más casos para tener resultados que puedan compararse con los de sus antecesores.