El Departamento de Justicia de Estados Unidos propone una nueva regulación que permitiría a los jueces de inmigración imponer multas económicas a inmigrantes, abogados y testigos que, según determinen, retrasen u obstaculicen las audiencias de deportación.
La medida establecería por primera vez un procedimiento formal para aplicar estas sanciones, incluyendo notificación, derecho a responder y posibilidad de apelación. De aprobarse, los inmigrantes indocumentados podrían enfrentar no solo el riesgo de deportación, sino también sanciones económicas durante su proceso migratorio.
La propuesta ya genera preocupación porque ampliaría las facultades de los jueces en un sistema que actualmente acumula más de 3.5 millones de casos pendientes.
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