Han pasado casi cuatro meses desde que Markwayne Mullin asumió como secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en reemplazo de Kristi Noem. En ese momento surgieron interrogantes sobre si el cambio de liderazgo implicaría un giro en la política migratoria de la administración de Donald Trump.
Hoy, los hechos permiten hacer un primer balance
Durante la gestión de Noem, el Departamento de Seguridad Nacional se convirtió en uno de los principales pilares de la estrategia migratoria de la administración Trump. Su participación en operativos, sus constantes apariciones públicas y su discurso sobre seguridad fronteriza marcaron una etapa en la que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) adquirió un papel aún más protagónico dentro de la política migratoria del país.
Con la llegada de Mullin, algunos esperaban un cambio de tono en la conducción del DHS. Sin embargo, cuatro meses después de su nombramiento, las operaciones de ICE continúan con una intensidad similar.
La principal diferencia parece estar en el estilo de liderazgo y no en la dirección de la política migratoria. Mientras Kristi Noem mantenía un perfil altamente público, Mullin ha optado por una presencia más discreta. No obstante, la estrategia de fortalecer los operativos migratorios, incrementar los arrestos y acelerar las deportaciones se ha mantenido.
Las recientes muertes de inmigrantes durante operativos en los que participaron agentes de ICE volvieron a centrar la atención en las decisiones que se están tomando dentro del DHS y en la manera en que la agencia desarrolla este tipo de acciones.
Tras la muerte del colombiano Joan Sebastián Guerrero, en Maine, y del mexicano Lorenzo Salgado, en Texas, el Departamento de Seguridad Nacional suspendió temporalmente algunos operativos realizados mediante paradas de tránsito para revisar los protocolos utilizados por los agentes y determinar si era necesario introducir cambios en estos procedimientos.
Sin embargo, la pausa fue muy breve. A las pocas horas el presidente Donald Trump manifestó públicamente que ICE debía continuar realizando este tipo de operativos, al considerar que las detenciones durante controles de tránsito son una herramienta importante para identificar y detener a inmigrantes que permanecen sin autorización en Estados Unidos. Después de esas declaraciones, el secretario Markwayne Mullin confirmó que la agencia retomaría estas acciones.
Este episodio evidenció una aparente tensión dentro del propio gobierno. Por un lado, funcionarios del DHS enfrentaban la necesidad de revisar los procedimientos tras incidentes de alto impacto; por otro, la Casa Blanca mantenía la presión para que ICE continuara ejecutando la estrategia de deportaciones impulsada por el presidente Trump.
La situación también abrió una pregunta importante: ¿la presión por aumentar el número de arrestos está influyendo en la forma en que se realizan los operativos migratorios?
Hasta el momento, las investigaciones sobre las muertes de Guerrero y Salgado continúan y las autoridades no han determinado responsabilidades definitivas. Sin embargo, ambos casos reavivaron el debate sobre los protocolos de actuación de ICE, el entrenamiento de sus agentes y las condiciones en las que se desarrollan algunos operativos.
Otro elemento clave para entender por qué ICE mantiene este nivel de actividad es el incremento de recursos destinados a la política migratoria. En los últimos meses, el Congreso aprobó más dinero para fortalecer la capacidad operativa de la agencia durante los próximos años, lo que permitirá ampliar la infraestructura de detención, contratar más personal y reforzar las operaciones en distintas regiones del país.
Esto significa que, aunque Kristi Noem dejó la dirección del DHS, muchas de las políticas y capacidades operativas impulsadas durante su gestión permanecen vigentes. Bajo el liderazgo de Mullin, la agencia cuenta con mayores recursos y mantiene una amplia capacidad para ejecutar operativos migratorios.
Además, las decisiones sobre política migratoria no dependen exclusivamente del secretario del DHS. La Casa Blanca continúa desempeñando un papel central en la definición de esta estrategia y el presidente Trump ha mantenido las deportaciones masivas como una de sus principales prioridades. A esto se suma la influencia que sigue teniendo Tom Homan, conocido como el "zar de la frontera", en la coordinación de la política migratoria del gobierno.
Diversos analistas consideran que el protagonismo actual de ICE responde a una estrategia más amplia de la administración Trump y no únicamente a las decisiones de una persona. Desde esa perspectiva, el relevo de Kristi Noem por Markwayne Mullin representó un cambio de liderazgo dentro del DHS, pero no necesariamente un cambio en el rumbo de la política migratoria.
Aunque Mullin ha comenzado a conformar su propio equipo y ha realizado ajustes en algunos cargos estratégicos dentro del Departamento de Seguridad Nacional, dichos movimientos parecen orientados a fortalecer la estructura administrativa de la agencia más que a modificar la estrategia migratoria implementada desde el inicio del segundo mandato de Trump.
Uno de los cambios más relevantes fue el impulso a un nuevo liderazgo para ICE. En junio de 2026, el presidente Donald Trump anunció la nominación de Lance Schroyer para dirigir la agencia.
Schroyer se desempeñó previamente como asesor dentro del DHS y cuenta con una amplia trayectoria en seguridad pública en Oklahoma. Su nombramiento refleja la intención de consolidar un equipo alineado con las prioridades de la administración, sin que ello implique un cambio sustancial en la estrategia migratoria.
Después de casi cuatro meses de gestión, la pregunta ya no es si Markwayne Mullin dirigiría el DHS de una manera diferente a Kristi Noem, sino qué muestran los resultados hasta ahora.
La evidencia apunta a que la estructura institucional y la estrategia migratoria impulsadas por la administración Trump se mantienen. El cambio de liderazgo no ha venido acompañado, hasta el momento, de un cambio de rumbo.
Bajo la dirección de Mullin, ICE continúa operando con una amplia capacidad, mayores recursos y una fuerte presión política para mantener el ritmo de arrestos y deportaciones, consolidándose como uno de los principales instrumentos de la política migratoria de la administración Trump.