Los martillazos suenan en Altadena, pero no todos los días. En esta comunidad del condado de Los Ángeles, arrasada en enero de 2025 por el incendio Eaton, la reconstrucción avanza al ritmo que le permite el miedo. Capataces que revisan redes sociales antes de llegar a la obra para confirmar que no hay agentes de inmigración cerca. Cercos cerrados con candado durante la jornada laboral, no para evitar robos, sino para que no entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Cuadrillas que un viernes trabajan y al sábado siguiente simplemente no aparecen porque corrió la voz de un operativo.

Esta es la realidad que describe un reciente reportaje de EL PAÍS sobre Altadena, y confirma algo que ya venía advirtiendo en mi investigación sobre el impacto de las políticas migratorias en la industria de la construcción de Estados Unidos: cuando se ataca a la mano de obra inmigrante, se ataca directamente la capacidad del país de construir y reconstruir vivienda.

Altadena, año y medio después: una reconstrucción que no despega

El incendio Eaton fue uno de los más destructivos en la historia reciente de California. Destruyó miles de viviendas y dejó 19 personas fallecidas. Hasta mediados de este año, las autoridades del condado de Los Ángeles habían emitido más de 2.800 permisos de construcción en la zona, pero apenas 89 viviendas estaban terminadas y listas para ser habitadas, mientras más de 1.600 seguían en distintas etapas de obra.

Los residentes que perdieron todo —como Marialyce Pedersen, quien vivió dos décadas en su casa antes de que el fuego se la arrebatara— dependen casi por completo de constructores y trabajadores inmigrantes para poder regresar a sus hogares. Y ese es precisamente el eslabón que hoy está bajo amenaza.

El temor a las redadas paraliza las obras

Según relatan trabajadores, capataces y organizaciones comunitarias de la zona, los operativos de ICE en obras, paradas de autobús y comercios cercanos a Altadena han provocado que albañiles, jornaleros y otros trabajadores eviten presentarse a trabajar por temor a ser detenidos. Contratistas afirman que ya no logran conseguir cuadrillas suficientes para mantener el ritmo de los proyectos, y organizaciones comunitarias reportan que algunas detenciones se habrían basado en perfiles raciales.

El resultado es una reconstrucción que se estira en el tiempo justo cuando miles de familias, muchas de clase media, esperan poder volver a sus casas.

Como advertí en mi investigación: la construcción de EE. UU. depende de la mano de obra inmigrante

Lo que hoy se ve en Altadena no es un caso aislado ni sorpresivo. Es exactamente el escenario que documenté en mi análisis sobre cómo las deportaciones y las políticas migratorias golpean la construcción en Estados Unidos, donde reuní cifras oficiales y de organizaciones especializadas que muestran la magnitud del problema:

  • Estados Unidos enfrenta una escasez estimada de 3,7 millones de viviendas, mientras el sector de la construcción reporta 248.000 vacantes sin cubrir y necesitará al menos 454.000 trabajadores adicionales para responder a la demanda.
  • Los inmigrantes representan alrededor del 33,8 % de la fuerza laboral de la construcción en el país, equivalente a más de 4 millones de trabajadores. Entre 700.000 y 900.000 de ellos son indocumentados y realizan tareas esenciales como carpintería estructural, instalación de drywall y techado.
  • Según el Hispanic Construction Council, las deportaciones masivas podrían sacar del mercado laboral hasta 900.000 trabajadores esenciales de la construcción, con retrasos en proyectos de vivienda, aumento de costos y menos casas nuevas disponibles.
  • Más de 95.000 empresas de construcción son propiedad de hispanos, generan 779.000 millones de dólares en ingresos anuales y emplean a casi 4 millones de personas.
  • El tiempo promedio para construir una vivienda unifamiliar pasó de 6 meses en la década de 2000 a casi 8 meses en la actualidad, un retraso que estudios del sector atribuyen en buena parte a la escasez de trabajadores.

Estas cifras no son abstractas: son la explicación estructural de por qué, en Altadena, faltan manos para levantar las casas que el fuego destruyó.

California, uno de los estados más expuestos a esta crisis

Mi investigación también identificó a California como uno de los mercados donde la industria de la construcción depende en mayor medida de trabajadores nacidos en el extranjero: entre el 37 % y el 39 % de la fuerza laboral del sector en el estado es inmigrante. Es decir, más de uno de cada tres trabajadores de obra en California nació fuera del país.

Esto explica por qué el impacto de las redadas de ICE en zonas como Altadena y Pasadena no es solo un problema local de orden público, sino un golpe directo a la capacidad de reconstrucción de todo el estado. Cuando se retira o se ahuyenta a esa fuerza laboral, no hay un reemplazo inmediato disponible, y el propio sector reconoce que los trabajadores inmigrantes complementan, no sustituyen, a la mano de obra nacida en Estados Unidos.

Qué significa esto para las familias que intentan reconstruir sus vidas

Para las familias de Altadena que perdieron su vivienda en el incendio Eaton, esta crisis de mano de obra se traduce en meses de espera adicionales, en constructores que no pueden garantizar plazos y en el temor constante de que un operativo migratorio detenga una obra a medio terminar. Para los trabajadores inmigrantes —muchos con años o décadas viviendo y trabajando en Estados Unidos significa literalmente arriesgar su libertad cada vez que se presentan a trabajar.

Y para el mercado de vivienda en general, como documenté en mi investigación, significa precios más altos y menos oferta disponible, un costo que terminan pagando tanto inmigrantes como ciudadanos estadounidenses.

¿Qué pueden hacer los trabajadores inmigrantes ante este escenario?

Si trabajas en construcción, o si eres empleador en este sector y te preocupa cómo las políticas migratorias actuales pueden afectar a tu equipo o a tu proyecto, es fundamental conocer tus derechos y opciones legales antes de que se presente una situación de riesgo. Como abogado de inmigración, en Abogado Héctor Quiroga ayudamos a trabajadores y familias a entender su situación migratoria, explorar alternativas de estatus legal y prepararse ante un eventual contacto con autoridades de inmigración.

¿Necesitas orientación legal sobre tu caso o el de tu equipo de trabajo? Contáctanos para una consulta personalizada.