El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) presentó una propuesta para incrementar drásticamente las multas impuestas a inmigrantes con órdenes de deportación “in absentia”, es decir, emitidas por un juez de inmigración cuando la persona no se presenta a su audiencia. La sanción pasaría de US$5,130 a US$18,000, en medio de una estrategia más amplia de endurecimiento migratorio impulsada por la administración Trump.

¿Qué son las órdenes de deportación “in absentia” y cómo funcionan?

La figura de la deportación “in absentia” está contemplada en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Bajo esa disposición, un juez puede ordenar la expulsión de un inmigrante si el Gobierno demuestra que la persona recibió una notificación adecuada de la audiencia y aun así no compareció.

Sin embargo, la ley también reconoce excepciones, incluyendo situaciones de emergencia, falta de notificación efectiva o circunstancias extraordinarias que puedan justificar la reapertura del caso.

Aumento de órdenes de deportación “in absentia” en Estados Unidos

El documento oficial también expone el crecimiento de este tipo de procesos dentro del sistema migratorio.

Según cifras del DHS, durante 2025 se emitieron más de 309,700 órdenes de deportación “in absentia”, mientras que 23,670 personas con este tipo de fallos fueron arrestadas posteriormente.

Considero que el aumento proyectado podría convertirse en uno de los castigos económicos más severos dentro del sistema migratorio civil estadounidense.

Las multas migratorias siempre han existido, pero estamos viendo una expansión importante tanto en los montos como en la manera en que el Gobierno busca aplicarlas. El impacto puede ser particularmente fuerte para familias de bajos ingresos que ya enfrentan procesos complejos y costosos.

Nuevas medidas del DHS para endurecer sanciones migratorias

El endurecimiento no ocurre de forma aislada. Desde 2025, el DHS y el Departamento de Justicia han impulsado regulaciones para acelerar la imposición y el cobro de sanciones migratorias, incluyendo cambios que reducen tiempos de respuesta y trasladan ciertas apelaciones directamente al DHS, limitando la participación de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA).

Problemas con las notificaciones en casos de deportación “in absentia”

Uno de los puntos más sensibles del debate gira alrededor de las notificaciones judiciales. En los últimos años, tribunales federales y organizaciones de defensa han advertido que muchos inmigrantes no comparecen a sus audiencias porque cambiaron de dirección, nunca recibieron correctamente la citación o enfrentaron barreras de idioma y representación legal.

En esos casos, las órdenes “in absentia” pueden ser posteriormente reabiertas, aunque el proceso suele ser complejo y requiere pruebas sólidas.

Desde mi experiencia como abogado de inmigración, la ley sí permite solicitar la reapertura de ciertas órdenes emitidas en ausencia, especialmente cuando hubo problemas con la notificación o circunstancias excepcionales. Por eso es importante analizar cada caso individualmente antes de asumir que una orden es definitiva o que no existen alternativas legales.

Multas migratorias: impacto económico y posibles desafíos legales

El aspecto económico también genera cuestionamientos. Diversos analistas consideran poco probable que muchas de estas multas puedan ser cobradas en su totalidad, especialmente entre inmigrantes con recursos limitados o sin autorización de empleo.

Al respecto, considero que este incremento podría funcionar más como un mecanismo de presión y castigo administrativo que como una medida recaudatoria efectiva.

Aunque la propuesta todavía no es definitiva y permanecerá abierta a comentarios públicos hasta junio de 2026, desde ahora ya se anticipan posibles desafíos legales relacionados con debido proceso, proporcionalidad y acceso a la defensa.

Recomendaciones para inmigrantes con procesos migratorios pendientes

Mi recomendación para los inmigrantes con procesos pendientes es mantener actualizada su dirección ante la corte y revisar constantemente el estado de sus casos para evitar ausencias involuntarias que puedan derivar en órdenes de deportación y sanciones económicas elevadas.