Para un niño, niña o adolescente, llegar a una corte de inmigración significa tener que entrar en un sistema que puede ser difícil de entender incluso para un adulto; allí debe escuchar preguntas, responder ante un juez, comprender documentos y seguir las instrucciones de un proceso que puede definir qué ocurrirá con su permanencia en Estados Unidos, sin tener la edad, los conocimientos o las herramientas para dimensionar lo que está enfrentando.

Aun así, cientos e incluso miles de menores han tenido que atravesar este proceso sin un abogado que les explique precisamente qué está pasando, qué derechos tienen, qué pueden responder o cuáles pueden ser las consecuencias de una decisión judicial. Y aunque algunos están acompañados por sus padres, familiares u otros adultos, eso no significa que tengan a alguien preparado para defenderlos legalmente.

Los registros históricos de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés), que hace parte del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), contabilizan más de 1,205,000 registros de menores entre 2020 y 2026 ante una corte de inmigración, de los cuales 11,141 cruzaron solos la frontera. De este total, más de 750,000 aparecen sin representación legal y cerca de 460,000 figuran con abogado.

La pregunta entonces ya no es solamente cuántos niños llegaron solos y tuvieron que enfrentar una corte, sino cuántos menores, aun teniendo a un adulto cerca, tuvieron que avanzar por un proceso migratorio sin alguien que los representara legalmente.

Esto nos revela que estar acompañado no significa estar protegido frente a las reglas de una corte de inmigración, porque un niño puede tener a su madre, a su padre o a otro familiar a su lado y, aun así, no contar con quien pueda explicarle qué significa una acusación migratoria. Detrás de cada registro puede haber un menor sentado frente a un juez sin comprender por qué está allí, qué está en juego o por qué debe responder a preguntas que traerán consecuencias para su futuro. Y mientras el sistema sigue su curso, la edad no detiene el proceso ni hace que las reglas sean más sencillas.

Esta investigación reconstruye cómo se comportaron estos casos entre 2020 y 2026, quiénes eran esos menores, qué edades tenían, de qué países provenían, cuántos contaban con representación legal y qué ocurrió con sus procesos. Los datos permiten ver una realidad que va más allá de la condición de estar acompañado o no, porque durante varios de estos años, una proporción cada vez mayor de menores apareció en las cortes sin abogado.

¿Cuántos menores, aun estando acompañados, enfrentaron el sistema migratorio sin abogado?

Si nos detenemos a revisar año tras año, podemos ver cómo el aumento de menores que llegaron al sistema migratorio fue creciendo con el paso del tiempo; en 2020 fueron registrados 24,293, para 2021 la cifra saltó a 154,166, coincidiendo con el cierre del primer periodo del gobierno Trump, y en 2022 llegó a 185,653. Sin embargo, fue en 2023 cuando el sistema registró su mayor volumen, alcanzando los 472,375 casos, durante la administración Biden.

Pese al aumento de 2023, en 2024 el número cayó a 294,905 y en 2025 llegó a apenas 47,384. En 2026 van 38,034, aunque hay que aclarar que son datos parciales.

Al ver la relación entre los menores representados, los acompañados y los no acompañados, aparece un hallazgo clave para entender este panorama, pues la gran mayoría de los menores registrados no llegó solo al sistema migratorio; entre 2020 y 2026, un total de 1,205,669 menores llegaron junto con su familia en EE. UU. frente a 11,141 no acompañados. Entonces, ¿qué ocurrió con los menores que sí estaban acompañados? ¿El hecho de estar bajo el cuidado de un adulto garantizó que contaran con representación legal?

En 2020, el 37% de los menores registrados no contaba con representación legal, pese a que más de 23,512 llegaron acompañados; para 2021 la proporción subió al 45% sin abogado, aunque 151,959 estaban acompañados, y en 2022 alcanzó el 49%, pese a que 184,070 estaban con sus familias. Ya en 2023, justo cuando el sistema registró 469,912 acompañados, la cifra dio un salto hasta el 69% de no representados, es decir, 324,830 menores.

Para 2024 se registraron 293,438 menores acompañados, pero de ellos, el 71% no tenía abogado; para 2025 llegaron 45,417 niños, niñas y adolescentes, pero apenas el 57% contaba con representación legal. En lo corrido de 2026, 37,361 niños han llegado junto con sus familias, no obstante, solo el 67% ha contado con un abogado que lleve su caso.

Si leemos la realidad de manera global, entre 2020 y 2026 los registros muestran una diferencia fundamental: 755,372 menores enfrentaron sus procesos migratorios sin representación legal, mientras que 11,141 figuraron como menores no acompañados. Es decir, son muchos más los niños, niñas y adolescentes que, aun habiendo llegado junto a sus familias, atraviesan el sistema migratorio sin un abogado que los represente, que aquellos que llegaron solos.

Pero el problema no desapareció cuando bajó el número de casos. En 2025, por ejemplo, el total de registros cayó a 47,384, pero 27,135 menores seguían apareciendo sin representación, y en lo corrido de 2026, de los 38,034 niños registrados, 25,470 figuran sin abogado.

Pero entonces, ¿cuántos recibieron una decisión porque no se presentaron a la corte? ¿Cuántos terminaron con una orden de deportación y qué diferencias hubo entre los menores que tuvieron abogado y los que no lo tuvieron? Eso lo iremos respondiendo en esta investigación.

Entonces, ¿qué ocurre con el caso cuando sí hay representación?

Pues bien, una vez que los procesos de estos menores llegaron a las cortes, no tuvieron un único desenlace; entre 2020 y 2026, algunos de los principales resultados terminaron con una orden de remoción, otros fueron desestimados por un juez, mientras que en otros el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) decidió no continuar con el proceso.

El desenlace que más peso tiene sobre el tablero son las órdenes de remoción, que llegaron a 336,972 en total y alcanzaron su punto más alto en 2023, con 127,237, para luego empezar a caer hasta llegar a 79,397 en 2024, 7,978 en 2025 y 3,807 en lo corrido de 2026.

En esos mismos siete años, 95,503 casos terminaron porque el Departamento de Seguridad Nacional decidió no avanzar con el proceso, a lo que se suma que 65,446 fueron desestimados por un juez. 20,712 casos aparecen como terminados por otras razones, como temas administrativos.

De un total de 24,293 menores en 2020, el 63% contó con representación legal. Sin embargo, incluso entre ese grupo de menores representados, 6,172 recibieron una orden para salir de EE. UU., mientras que a 2,724 se les cerró el caso y a 7,176 un juez les desestimó el proceso. Esta última decisión no significa necesariamente que el menor haya obtenido un beneficio migratorio, sino que el proceso de deportación dejó de continuar ante la corte por razones jurídicas o procesales, como problemas con los cargos, falta de elementos para demostrar que el menor debía ser removido o, en determinadas circunstancias, porque el propio gobierno solicitó poner fin al proceso.

Al revisar los años siguientes, la proporción de menores con abogado comenzó a reducirse al mismo tiempo que aumentaba el número de niños que llegaban a las cortes; en 2021, el 55% tenía representación y el 45% no, y para ese año se registraron 56,787 órdenes de remoción. En 2022, el 51% de los menores estaban representados y el 49% no lo estaban, mientras las órdenes de remoción alcanzaron 55,594.

En 2023, la tendencia de no representación empezó a visibilizarse aún más, pues de los 472,375 menores registrados ese año, solo el 31% tenía representación legal y el 69% restante enfrentaba el proceso sin abogado. En este año las órdenes de remoción ascendieron a 127,237, lo que representa más del doble que el año anterior; a esto se suman 47,965 casos en los que el DHS desistió del proceso y 17,102 que fueron desestimados por un juez.

En 2024, la brecha en el acceso a un abogado fue todavía mayor, pues apenas el 29% de los 294,905 menores tenía abogado, frente a un 71% que no contaba con representación; en ese año hubo 79,397 órdenes de remoción, 14,059 casos terminados y 9,813 en los que DHS dejó de proseguir. La proporción de menores representados aumentó levemente en 2025, llegando al 43%, mientras el 57% no contaba con abogado; para ese año se registraron 7,978 órdenes de remoción.

Para 2026, con los datos disponibles hasta el momento y con corte al 31 de agosto de 2026, la representación volvió a caer al 33% y los menores sin abogado alcanzaron el 67%, acercándose a los datos de los años anteriores, aunque las órdenes de remoción sumaron 3,807.

Entonces, podemos inferir que el acceso a representación legal no fue constante durante los últimos siete años; pasó de ser mayoritario en 2020, cuando seis de cada diez menores tenían abogado, a convertirse en minoritario desde 2023 y llegar a una representación de tres de cada diez menores en 2026. Es decir, menor representación se tradujo en mayor cantidad de órdenes de remoción.

Hay un último dato que nos permite dimensionar de manera completa el panorama, y es que entre 2020 y 2026, los casos decididos en ausencia del menor oscilaron entre el 9% y el 20% cada año. En este sentido, el punto más alto se alcanzó en 2021, cuando más del 23,7% de los casos se resolvió sin que el menor estuviera presente en la audiencia, y para 2026 esa proporción había descendido a más del 8,9%. Hay que aclarar que los datos de 2026 corresponden a un periodo aún parcial.

El mapa detrás de los menores ante las cortes

Si ubicamos estos casos en el mapa, las coordenadas muestran que los menores que llegaron a las cortes migratorias entre 2020 y 2026 procedían principalmente de América Latina; entre las nacionalidades, México concentra la mayor cantidad de casos, con 243,776, seguido por Honduras con 164,038; Guatemala, con 158,229, y Colombia con 80,533. Estas cuatro nacionalidades reúnen 646,576 casos, más del 93%.

Sin embargo, el mapa cambia con el pasar de los años. En 2020, Guatemala aparecía al frente, con 6,589 casos, seguido por Honduras, con 4,717, y México, con 3,187. Un año después (2021), Honduras pasó a ocupar el primer lugar, con 40,209 casos, mientras que Guatemala registró 30,870 y Brasil, 18,051.

Desde 2023, México empezó a liderar el ranking, y solo ese año registró 111,340 casos de menores ante las cortes, la cifra más alta de una nacionalidad en los últimos siete años; por su parte, Guatemala sumó 63,602, Honduras 57,257 y Colombia 36,512.

En 2024, México nuevamente encabezó los registros, con 99,317 casos; por su parte, Guatemala tuvo 23,829, Honduras 22,528 y Colombia 22,126.

En 2025, los casos de menores mexicanos bajaron a 7,586, los de Guatemala a 6,901, los de Honduras a 6,054 y los de Colombia a 3,195. Para 2026, con los datos disponibles hasta agosto, México registraba 4,277 casos, Honduras 4,479, Guatemala 4,063 y Colombia 2,789.

Si bien Honduras y Guatemala tuvieron un gran peso durante los primeros años, México pasó a ser el protagonista a partir de 2023, y Colombia, por su parte, ganó presencia en ese mismo periodo, lo que nos muestra cómo la composición de los menores que llegaron a las cortes fue cambiando con el tiempo y siguiendo distintas dinámicas migratorias desde América Latina.

¿Qué edad tenían los menores que enfrentaron el sistema sin abogado?

Ahora, si miramos la edad promedio, encontramos que para 2020 era de 11,2 años y el 37% enfrentaba su proceso sin abogado, pero un año después la edad promedio cayó a 8,3 años mientras la falta de representación aumentó al 45%, una combinación que pone en evidencia la llegada de niños más pequeños junto con un mayor número de casos sin asistencia legal.

En 2022 la edad promedio fue de 8,7 años y el porcentaje sin representación llegó al 49%, aunque el cambio más marcado apareció en 2023, cuando la edad bajó hasta los 7,9 años y el 69% de los menores no tenía abogado, una situación que se mantuvo en 2024, cuando la edad subió hasta los 8,7 años, pero la falta de representación alcanzó el nivel más alto con un 71%.

A partir de 2025 se observa un cambio en la edad de los menores y también en el acceso a representación legal; el promedio aumentó hasta los 11,2 años, mientras que el porcentaje sin abogado bajó al 57%. Sin embargo, en lo corrido de 2026 la edad subió hasta ubicarse en los 11,6 años, mientras que la falta de representación también volvió a crecer, ubicándose en el 67%.

En este sentido, la evolución muestra un aumento considerable en la proporción de menores que enfrentan sus procesos sin abogado, ya que pasó del 37% en 2020 al 71% en 2024, prácticamente el doble en apenas cuatro años.

No podemos asegurar que la edad sea la causa de la falta de representación, ya que detrás de estas cifras pueden existir otros factores como la disponibilidad de abogados o el lugar donde se tramita el caso, entre otros. Pero lo que sí muestran los datos es que durante los años en que las cortes recibieron a menores más pequeños también aumentó la proporción de quienes debían enfrentar el proceso sin tener a alguien que los representara y defendiera sus intereses. La pregunta entonces es: ¿un niño de 8 o 9 años es capaz de comprender y responder ante el sistema migratorio sin el acompañamiento de un abogado?

Cada vez es más difícil para un menor salir bajo fianza

Hay que empezar la lectura del comportamiento de los datos de fianzas diciendo que conseguirlas se volvió más difícil con el paso de los años. En 2020, el 42,4% de las decisiones terminaron con una concesión y el 57,6% fueron denegadas, pero esa relación fue cambiando con los años hasta llegar a su punto más bajo en 2025, cuando solo el 29,2% de las decisiones fueron favorables frente a un 70,8% que resultaron rechazadas.

Para 2020, la proporción de fianzas concedidas también fue reportada en 42%; para 2021, en 36,7%, y en 2022, en 38%. Mientras las respuestas positivas disminuían, las denegaciones fueron ganando terreno hasta llegar al punto en que, en 2025, fueran cerca del 70% frente a solo el 30% de aprobaciones.

En los siete años analizados se registraron 51,307 fianzas otorgadas frente a 90,835 denegadas, de modo que por cada fianza concedida hubo cerca de dos que fueron rechazadas. Es decir, la denegación no fue un resultado excepcional, sino el desenlace que concentró la mayor parte de las decisiones.

A esto se suma que durante estos años también se registraron 30,743 solicitudes de fianza retiradas; además, hubo 24,115 modificaciones de condiciones concedidas y 15,400 denegadas, lo que muestra que algunos procesos no terminaron simplemente en una respuesta de sí o no a la libertad bajo fianza, sino que continuaron a través de cambios en las condiciones impuestas.

Si hacemos énfasis, las solicitudes retiradas tuvieron su mayor volumen en 2025, con 7,521 casos, precisamente el año en que la proporción de decisiones favorables alcanzó su nivel más bajo, y todo esto ocurriendo mientras Donald Trump regresaba a la Casa Blanca.

Aunque 2026 todavía es un año en curso, la proporción de decisiones concedidas subió hasta el 37,6%, mientras las denegaciones bajaron al 62,4%, es decir, podría hablarse de una mejora frente al año anterior, pero todavía se trata de datos parciales.

Es especialmente llamativo lo que ocurre en 2026, pues se registran 12,243 fianzas otorgadas y 20,360 denegadas, de modo que las decisiones totales ya suman 32,603, una cifra que representa cerca del 23% de todas las decisiones de este tipo registradas entre 2020 y 2026.

Una mirada a siete años de procesos migratorios que dejaron a cientos de miles de menores sin abogado

Al unir todas las piezas de esta investigación aparece una realidad que va mucho más allá de una cifra aislada; entre 2020 y 2026, las cortes de inmigración registraron 1,216,810 casos de menores, y 755,372 de ellos (62,1%) aparecen sin representación legal. Y aunque una parte de la discusión suele concentrarse en los niños que llegan solos, los datos también cuentan la historia de quienes llegaron con su familia: 1,205,669 casos correspondieron a menores acompañados, es decir, tener a un padre, un familiar u otro adulto cerca no significó necesariamente tener a alguien que pudiera defenderlos ante la corte.

La diferencia se hace más grande con el paso de los años. En 2020, el 37% de los menores registrados no tenía abogado; para 2023 ya eran el 69%, y en 2024 la cifra llegó al 71%, el nivel más alto. En lo corrido de 2026, todavía 25,470 de los 38,034 casos presentados aparecen sin representación, es decir, el 67%.

También está la edad. En 2023, justamente uno de los años en que más creció la falta de representación, la edad promedio de los menores llegó a 7,9 años, la más baja. Y aunque los datos no permiten decir que ser más pequeño cause efectivamente la falta de abogado, sí muestran que durante varios de los años en que llegaron niños más pequeños, también aumentó la proporción de quienes tuvieron que enfrentar las cortes sin representación.

A esto se suma que en siete años se registraron 336,972 órdenes de remoción, mientras que en 95,503 casos el DHS decidió no continuar con el proceso y 65,446 fueron desestimados por un juez. Además, entre el 8,9% y el 23,7% de los casos de cada año terminaron con una decisión en ausencia del menor, es decir, sin que estuviera presente en la audiencia.

Incluso en materia de nacionalidad, los datos muestran que esta historia tiene un fuerte componente latinoamericano. México, Honduras, Guatemala y Colombia sumaron 646,576 casos de todos los presentados, el 53,1% del total.

Al final, detrás de los más de 1,200,000 registros hay algo que las cifras no pueden contar por completo, y es cuánto entendió cada niño de lo que estaba ocurriendo, quién le explicó por qué debía presentarse ante un juez o quién estuvo a su lado cuando recibió una decisión que podía cambiar su futuro en Estados Unidos.