Un análisis realizado partiendo de una base de datos oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), por sus siglas en inglés, y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), por sus siglas en inglés, registró que el promedio de días bajo custodia para una persona hasta la liberación por parte de ICE pasó de 31,2 en el año fiscal 2023 a 82,1 en 2025 y, en un corte parcial de 2026, la cifra ya alcanza los 106,7 días.

La información plantea un interrogante sobre lo que está ocurriendo después de que USCIS reconoce que una persona teme regresar a su país. Pero hay que revisar lo que dicen las normas de detención, las decisiones de liberación, las demoras judiciales y los cambios de política migratoria.

Una determinación favorable por temor de persecución o tortura no garantiza la liberación de una persona detenida por ICE inmediatamente. Entre ese reconocimiento y una posible salida de detención pueden interponerse normas de custodia obligatoria, decisiones discrecionales de libertad, procedimientos judiciales prolongados y órdenes de expulsión anteriores, pero lo que sí llama bastante la atención es el aumento en el número de días en los que se puede tomar dicha decisión.

Los tiempos pueden revelar patrones que merecen explicación, como ya se ha visto en el tiempo que ICE mantiene detenidas a las personas según sus antecedentes. Por ejemplo, si el promedio entre la determinación favorable y la liberación aumenta, podría estar relacionado con las características de los casos, las decisiones de custodia o las prácticas administrativas.

¿Cuál es el panorama actual de la política migratoria del Gobierno y por qué quedan más dudas que respuestas?

Este escenario se conoce mientras el Gobierno de Donald Trump presenta como resultados de su política migratoria una reducción de la población inmigrante indocumentada, un aumento de las deportaciones y el fin de las liberaciones en la frontera.

En un balance publicado el 20 de octubre de 2026, la Casa Blanca afirmó que más de 1,2 millones de inmigrantes habían sido deportados o expulsados durante el segundo mandato del presidente y que se habían realizado cerca de 1,3 millones de arrestos.

Según el mismo informe, los ingresos de solicitantes de asilo por los puntos de entrada entre Estados Unidos y México cayeron un 99,9%, mientras que la tasa de concesión de asilo descendió al 7%, frente a más del 50% durante la administración anterior.

El gobierno sostiene, además, que eliminó la política de captura y liberación en la frontera y que Estados Unidos acumuló 17 meses consecutivos sin liberar inmigrantes en el interior del país desde la frontera, con cero liberaciones atribuidas a la Patrulla Fronteriza durante el año fiscal 2026.

Aunque estos indicadores presentados por la Casa Blanca no miden directamente cuánto tiempo permanecen detenidas las personas después de recibir una determinación favorable de temor por parte de USCIS, sí arrojan algunos indicios de las acciones que podría estar generando este retraso.

Dimensión de los retrasos del sistema migratorio

Las últimas cifras de TRAC Immigration permiten dimensionar el sistema de detención y los procedimientos migratorios pendientes. El tablero registra 65,765 personas bajo custodia de ICE y otras 183,181 inscritas en programas de supervisión migratoria conocidos como ATD (Alternatives to Detention). Los datos ofrecen una radiografía de la magnitud de personas que están pasando por el sistema, aunque no permiten identificar cuántas de las detenidas recibieron una determinación favorable de temor ni cuánto tiempo llevan bajo custodia.

Los registros de TRAC muestran que al cierre de agosto de 2026 había 3,092,988 casos activos pendientes ante los tribunales de inmigración, de los cuales 2,278,978 correspondían a personas que habían presentado solicitudes formales de asilo y esperaban una audiencia o decisión.

La administración Trump presentó la reducción del inventario judicial como otro de sus logros. En septiembre de 2025, el Departamento de Justicia informó que la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), por sus siglas en inglés, había reducido en más de 447,000 casos el volumen pendiente desde el 20 de enero de ese año.

En su balance más reciente, la Casa Blanca afirmó que la acumulación había bajado de más de 4,18 millones a menos de 3,09 millones. La comparación debe leerse con las fechas de corte correspondientes: los datos de TRAC sitúan el inventario en 3,09 millones al cierre de agosto de 2026, pero una disminución del número de casos pendientes no demuestra que todos los procedimientos se estén resolviendo con mayor rapidez ni que haya disminuido el tiempo de detención.

Mientras el Gobierno destaca menos cruces fronterizos, más deportaciones y una reducción de los casos pendientes, el análisis propio de la base de datos oficial de ICE y USCIS identificó un aumento del promedio de días hasta la liberación por ICE entre las personas registradas que posteriormente salieron de custodia: de 31,2 días en el año fiscal 2023 a 106,7 días en el corte parcial de 2026.

La tendencia nos plantea una pregunta: ¿qué está sucediendo con las personas que ya recibieron una determinación favorable de temor y continúan esperando su liberación?

Los datos disponibles muestran una gran coincidencia entre un sistema de detención de gran escala, cambios en las políticas de liberación y millones de procedimientos judiciales pendientes que podrían llevarnos a preguntar a las autoridades qué factores están prolongando la custodia.

¿Por qué el temor reconocido no garantiza por sí solo la libertad?

Una persona puede explicar a las autoridades migratorias estadounidenses que teme regresar a su país porque considera que su vida, su libertad o su integridad física estarían en peligro. Si USCIS determina que existe un temor creíble de persecución o tortura, el caso puede avanzar hacia una evaluación más completa de su solicitud de protección.

Sin embargo, esa decisión no significa que el Gobierno le haya concedido asilo ni que ICE tenga la obligación automática de ponerla en libertad. Aunque parezca una contradicción, el reconocimiento de un temor que merece ser evaluado no implica necesariamente el fin inmediato de la detención migratoria.

En determinados procedimientos, la ley permite o exige que la persona continúe bajo custodia mientras se examina su solicitud. La liberación puede depender de una autorización discrecional de parole u otra vía legal aplicable a su situación.

Esto significa que el reconocimiento del temor y la decisión sobre la custodia son dos cuestiones diferentes. Una determina cómo debe continuar la evaluación de protección; la otra establece si la persona puede permanecer detenida durante ese proceso.

El cambio comenzó antes de Trump 2.0, pero la tendencia continuó

Un análisis de la base de datos hecho para esta investigación identificó un cambio considerable en el promedio de días desde que USCIS reconoció el temor de una persona que aplicó al asilo, hasta la liberación por parte de ICE. En el año fiscal 2023, el promedio registrado fue de 31,2 días. Para 2024, subió a 71,8 días y, en 2025, alcanzó 82,1 días. Esto representa un incremento aproximado del 163% entre 2023 y 2025, equivalente a 50,9 días adicionales.

El dato parcial de 2026 eleva el promedio a 106,7 días, aproximadamente 3,4 veces el nivel registrado en 2023. Sin embargo, esta cifra corresponde a un corte incompleto del año fiscal, aunque ya muestra una tendencia de incremento.

Por lo tanto, el aumento no comenzó exclusivamente con la segunda administración Trump. Sin embargo, la tendencia continuó durante su primer año fiscal y de lejos va a seguir esta senda en 2026, lo que nos lleva a analizar si el aumento de días podría estar relacionado con los cambios introducidos en la política de detención y liberación.


¿Qué han encontrado las oficinas de control gubernamentales?

Un antecedente relevante es el informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO), por sus siglas en inglés, sobre el parole en la frontera suroeste. La entidad examinó las restricciones aplicadas desde enero de 2025 al uso de este mecanismo por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), por sus siglas en inglés.

Según este informe, los cambios en las políticas de parole podrían tener relación con el aumento de días, ya que modifica las posibilidades de que determinados inmigrantes continúen sus procedimientos migratorios fuera de la detención. La GAO documentó que, desde enero de 2025, CBP restringió sustancialmente el uso de este mecanismo.

Antes de ese cambio, algunas personas que recibían una determinación favorable de temor creíble podían ser liberadas mediante parole mientras sus casos continuaban ante las autoridades migratorias. Este ajuste podría estar incidiendo en el aumento del tiempo promedio hasta la liberación que encontramos en los registros.

Otro hallazgo relevante son las dificultades para compartir información entre CBP y ICE, que estaría complicando el seguimiento de las personas liberadas y la supervisión de sus procedimientos migratorios. ¿Hasta qué punto las agencias pueden reconstruir y explicar lo que ocurre desde que USCIS reconoce un temor creíble hasta que la persona es liberada o se resuelve su caso? Acá la cuestión central es si el sistema puede garantizar un seguimiento efectivo de los casos y revisar oportunamente la necesidad de mantener la detención, sin confundir una determinación favorable de temor con una concesión definitiva de asilo.

¿Por qué ICE puede mantener detenida a una persona que ya recibió una determinación favorable de temor?

La explicación jurídica depende de la vía migratoria en la que se encuentre la persona. No todas las determinaciones favorables tienen el mismo desenlace.

Temor creíble: el caso todavía debe resolverse

El temor creíble se utiliza habitualmente en el procedimiento de expulsión acelerada. Una determinación favorable indica que existe una posibilidad significativa de que la persona demuestre su elegibilidad para el asilo en una evaluación posterior.

La sección 235 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, 8 U.S.C. § 1225, establece un régimen de detención para determinadas personas sujetas a ese procedimiento. La disposición contempla que, tras una determinación favorable, la persona permanezca detenida para que se examine su solicitud de protección, aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), por sus siglas en inglés, conserva la autoridad para conceder parole según la ley.

Temor razonable: la situación puede ser más compleja

El temor razonable puede aplicarse a determinadas personas sujetas a una orden de expulsión anterior que el Gobierno intenta ejecutar nuevamente.

Cuando USCIS determina que existe temor razonable, el caso puede pasar a un procedimiento limitado en el que un juez examina si corresponde conceder suspensión de la expulsión o protección bajo la Convención contra la Tortura (CAT).

Estos procedimientos no equivalen necesariamente a reabrir todo el caso migratorio ni cancelan automáticamente una orden anterior. Además, las reglas sobre detención y revisión de custodia pueden diferir de las aplicables a otras personas en procedimientos de expulsión.

El parole: una posible salida, no una garantía

El parole migratorio permite autorizar temporalmente la permanencia de una persona fuera de custodia bajo las condiciones previstas por la ley. No equivale a asilo, residencia permanente ni una decisión definitiva sobre la solicitud de protección.

La regulación federal contempla que el parole de determinados grupos sujetos a detención bajo la sección 235 se valore caso por caso, atendiendo a razones humanitarias urgentes o a un beneficio público significativo y a las condiciones pertinentes.

No existe un límite máximo único de detención aplicable a todas las personas que reciben una determinación favorable de temor. La duración permitida depende de la autoridad legal que sustenta la custodia, de la etapa del procedimiento y de las circunstancias del caso.

Esto no significa que toda detención sea válida por cualquier duración, ni que desaparezcan las posibles reclamaciones constitucionales. Significa que no se puede asumir que, al cumplir seis meses, una persona detenida bajo la sección 235 adquiere automáticamente el derecho a ser liberada o a recibir una audiencia de fianza.

¿Puede el Gobierno mantener a alguien detenido indefinidamente?

La respuesta depende de la autoridad legal bajo la que se encuentre detenida la persona, de si existe una orden final de expulsión, del procedimiento pendiente y de las garantías constitucionales aplicables.

En los casos sujetos a detención obligatoria bajo la sección 235 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, se sostiene que la detención debe continuar hasta que concluyan los procedimientos, salvo que DHS conceda parole.

El tiempo que una persona pasa bajo custodia de ICE después de recibir una determinación favorable de temor a regresar a su país puede significar meses de incertidumbre, separación familiar y angustia por un futuro que sigue sin tener fecha.

Para quienes huyen de amenazas o persecución, saber que su temor fue reconocido en una evaluación migratoria es satisfactorio, pero cuando la detención se prolonga sin que exista información pública suficiente para entender por qué o cuánto tiempo más deben esperar, puede ser frustrante, preocupante y económicamente costoso.

Las cifras disponibles me hacen plantearme preguntas como: ¿cuántas personas con determinaciones favorables de temor permanecen detenidas después de 30, 90, 180 o 365 días? ¿Cuánto tiempo transcurre, en promedio, entre la decisión de USCIS y la liberación? ¿Cuántas solicitudes de parole se presentan, cuántas son aprobadas y cuáles son las razones para rechazarlas?

Reconocer el temor de una persona y mantenerla detenida no deberían ser decisiones que deban analizarse por separado, sino en conjunto.