En medio del endurecimiento de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump tras su regreso a la Casa Blanca, el gobierno de Estados Unidos ha intensificado distintas herramientas para reforzar el control migratorio, a las deportaciones aceleradas, la expansión de los centros de detención, las nuevas restricciones migratorias y el aumento de operativos de inmigración, se suma una estrategia menos visible, pero cada vez más utilizada: las demandas para revocar la ciudadanía estadounidense a personas naturalizadas. 

La desnaturalización no es una figura nueva dentro del sistema migratorio estadounidense, precisamente la legislación permite al gobierno acudir a los tribunales para solicitar la revocación de la ciudadanía cuando considera que esta fue obtenida mediante fraude, ocultamiento de información u otras conductas que invalidan el proceso de naturalización, sin embargo, durante los últimos dos años esta herramienta ha adquirido una relevancia que no había mostrado en más de una década. 

Por eso me puse en la tarea de realizar un análisis de los registros del Centro de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC, por sus siglas en inglés) y de comunicados oficiales del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) con el propósito de estudiar el incremento, sin precedentes, en el uso de estas acciones judiciales desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump.  

De entrada, los datos ya muestran una realidad y es que solo en 2026 se presentaron 39 demandas de desnaturalización, la cifra más alta registrada desde 2009, lo que convierte a ese año en el de mayores acciones jurídicas emprendidas por parte del gobierno en los últimos 17 años. 

En esta investigación también evidencio cambios en el perfil de las personas demandadas, las nacionalidades más afectadas, los estados donde se concentran los procesos y los motivos por los cuales se está usando esta figura; los datos muestran cómo la desnaturalización pasó de ser un mecanismo utilizado de manera excepcional a convertirse en una herramienta mucho más frecuente dentro de la estrategia migratoria del gobierno estadounidense. 

De acuerdo con el Centro de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC, por sus siglas en inglés) durante más de una década, las demandas de desnaturalización en Estados Unidos fueron una herramienta utilizada de manera limitada. Entre 2009 y 2016, durante las administraciones de Barack Obama, se presentaron 52 demandas, con un promedio de 6,5 casos por año y aunque hubo algunos incrementos puntuales, las cifras se mantuvieron relativamente estables y nunca superaron las diez acciones anuales. 

El panorama comenzó a cambiar durante el primer mandato de Donald Trump (2017-2020). En esos cuatro años se registraron 45 demandas, un promedio de 11,3 casos por año, casi el doble del observado durante el gobierno de Obama. En ese periodo se alcanzó, hasta entonces, el mayor registro histórico, con 18 demandas en 2018, reflejando un mayor uso de este mecanismo judicial. 

La tendencia volvió a moderarse durante la administración de Joe Biden (2021-2024). En esos cuatro años se contabilizaron 15 demandas, con un promedio de 3,8 casos anuales, el más bajo de las administraciones analizadas. De hecho, 2023 cerró con una sola demanda, el menor registro de toda la serie histórica y un decrecimiento del -83% en comparación con 2022.  

Sin embargo, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 marcó un nuevo cambio de rumbo pues solo entre 2025 y 2026 se presentaron 47 demandas, una cifra que ya supera todas las registradas durante el primer mandato de Trump y triplica las iniciadas durante los cuatro años del gobierno de Biden. 

El cambio se hizo especialmente evidente en 2026, cuando se presentaron 39 demandas, la cifra más alta registrada desde 2009 y un incremento del 388 % frente a 2025, cuando se contabilizaron apenas ocho casos, dato que no solo rompe con el comportamiento histórico, sino que marca un punto de inflexión en el uso de las acciones de desnaturalización. 

Hasta antes de 2026, el mayor número de demandas se había registrado en 2018, con 18 procesos. En un solo año, esa cifra fue ampliamente superada, lo que refleja una utilización mucho más frecuente de este mecanismo por parte del Departamento de Justicia. 

Entre 2009 y 2025, el promedio fue de siete demandas por año. En contraste, las 39 acciones presentadas en 2026 equivalen a más de cinco veces ese promedio histórico. En otras palabras, en un solo año se promovieron más demandas de desnaturalización que las que normalmente se presentaban durante cinco años. 

A esto se suma que, de las 159 demandas registradas entre 2009 y 2026, 39 fueron presentadas únicamente en 2026, lo que significa que casi una de cada cuatro acciones de desnaturalización de todo el período se inició durante el segundo mandato de Donald Trump.  

El aumento cobra aún más relevancia al observar la evolución reciente pues después del pico alcanzado en 2018, las demandas disminuyeron de forma sostenida hasta llegar a su nivel más bajo en 2023. A partir de entonces comenzó una rápida escalada: tres casos en 2024, ocho en 2025 y 39 en 2026. En apenas tres años, el número de procesos pasó de uno a 39, un incremento cercano al 380 %. 

La evolución de las cifras muestra que este tipo de demandas pasó de ser una medida utilizada de forma esporádica a convertirse en un recurso mucho más frecuente y lo ocurrido desde 2025, y especialmente durante 2026, representa una ruptura con el comportamiento observado durante los últimos 17 años y consolida el mayor aumento registrado desde que existen datos comparables. 

El mayor repunte coincidió con el inicio del segundo mandato de Trump 

La evolución mensual de las demandas de desnaturalización nos permite identificar cuándo comenzó el cambio observado en 2026 y aunque el aumento anual ya resulta llamativo, el comportamiento mes a mes evidencia que el crecimiento estuvo concentrado en un periodo muy específico. 

Precisamente y durante 2025, el Centro de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC, por sus siglas en inglés) revela que las acciones judiciales se mantuvieron en niveles bajos, a largo de todo el año se presentaron ocho demandas, distribuidas en apenas cuatro meses. Marzo, mayo, junio, julio, octubre y noviembre cerraron sin ningún caso, mientras que septiembre fue el mes con mayor actividad, con apenas tres demandas. 

El panorama cambió por completo en 2026 y solo durante los primeros seis meses del año ya se habían presentado 39 demandas, casi cinco veces el total registrado durante todo 2025, en otras palabras, antes de terminar el primer semestre de 2026 ya se habían iniciado más acciones de desnaturalización que en los doce meses anteriores.  

Enero abrió con una demanda, seguido por dos casos en febrero y otros dos en marzo y hubo un decrecimiento en abril pasando de 2 a 1 acciones, marcando un –50%, pero, el verdadero punto de quiebre llegó en mayo cuando se registraron 15 demandas, la cifra mensual más alta hasta ese momento y un aumento del 1.400 % frente a abril, cuando solo se había presentado un caso.  

La tendencia se consolidó en junio, durante ese mes se contabilizaron 18 demandas, tres más que en mayo, lo que representa un nuevo incremento del 20 %, es decir, entre mayo y junio concentraron 33 de las 39 demandas registradas en 2026, lo que representa más del 80 % de todas las acciones iniciadas en 2026.  

Así cambió el perfil de las nacionalidades en las demandas de desnaturalización 

El perfil de las personas enfrentando demandas de desnaturalización también cambió con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Mientras que entre 2010 y 2025 se identificaron 40 casos, entre 2025 y 2026 ya se contabilizan otros 29, esto significa que, en apenas dos años, se concentra cerca del 42 % de todos los casos analizados. Esta información fue obtenida a través de un análisis propio de comunicados de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés). 

Otro dato que nos permite ver el análisis de datos es que México continúa siendo la nacionalidad con el mayor número de demandas; entre 2010 y 2025 se identificaron diez casos y durante los primeros dos años de la segunda administración de Donald Trump se sumaron otros cinco, para un total de 15, es decir que uno de cada tres casos históricos contra ciudadanos mexicanos fue iniciado entre 2025 y 2026. 

El crecimiento más pronunciado corresponde a India pues mientras que durante los 15 años anteriores solo se habían identificado dos demandas, entre 2025 y 2026 se registraron ocho nuevos casos, lo que se traduce en que el 80 % de todas las demandas contra ciudadanos indios fueron iniciadas durante este último período, convirtiendo a India en la nacionalidad con el mayor aumento reciente. 

Colombia también registró un cambio significativo; los cuatro casos documentados entre 2010 y 2025 fueron igualados en apenas dos años, con otras cuatro demandas, lo que quiere decir que la mitad de todas las acciones identificadas contra ciudadanos colombianos corresponden al período 2025-2026. 

China presenta una tendencia similar pues después de registrar un solo caso durante los 15 años anteriores, entre 2025 y 2026 se identificaron cuatro nuevas demandas, lo que significa que el 80 % de todos los casos contra ciudadanos chinos se concentró en ese corto período. 

La información también muestra la incorporación de nuevas nacionalidades a los registros; Nigeria, con tres casos, y Belice, con dos, no habían aparecido en el período 2010-2025 y concentran la totalidad de sus demandas en los primeros dos años de la segunda administración Trump. 

En contraste, varias nacionalidades presentes en años anteriores no fueron objeto de nuevas demandas durante el segundo gobierno Trump como lo son Pakistán, Iraq, Canadá, Jordania, Jamaica, Bangladés, Guatemala, Marruecos, Yemen, Birmania (Myanmar), Mali, Ruanda y Azerbaiyán que permanecieron sin cambios. 

Si miramos el panorama completo, México, India y Colombia reúnen 33 de los 69 casos documentados entre 2010 y 2026. Es decir, casi la mitad de todas las demandas de desnaturalización identificadas en el análisis corresponde a ciudadanos de solo tres países. 

Si se observa únicamente el período 2025-2026, la concentración está en India, México, Colombia y China que suman 21 de las 29 nuevas demandas, lo que equivale a cerca del 72 % de todos los casos iniciados durante esos dos años. 

Los estados donde más crecieron las demandas de desnaturalización 

La distribución por estados también refleja cambios importantes en el lugar donde el Departamento de Justicia ha promovido las demandas de desnaturalización, a través de un análisis propio de comunicados de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) pude evidenciar que entre 2010 y 2025 se identificaron 40 casos, mientras que entre 2025 y 2026 ya se contabilizan otros 29, lo que confirma un aumento de estas acciones durante los primeros dos años de la segunda administración de Donald Trump. 

Carolina del Norte continúa siendo el estado con el mayor número de demandas acumuladas; entre 2010 y 2025 se identificaron 11 casos y durante 2025 y 2026, se sumaron otros tres, para un total de 14. Aunque sigue encabezando la lista, el crecimiento reciente fue más moderado que el registrado en otros estados. 

El cambio más llamativo se observa en Florida, pues precisamente durante los 15 años anteriores solo se habían identificado tres demandas de desnaturalización, sin embargo, entre 2025 y 2026 se registraron nueve casos, convirtiendo al estado en el principal foco de nuevas acciones judiciales durante este período. 

California también mostró un incremento importante y después de registrar cinco casos entre 2010 y 2025, sumó otros tres durante los dos años siguientes, es decir, en total acumula ocho demandas, manteniéndose entre los estados con mayor número de procesos. 

Nueva York y Maryland siguieron una tendencia similar y ambos estados duplicaron prácticamente sus registros históricos al sumar tres nuevas demandas cada uno entre 2025 y 2026; Nueva York pasó de cuatro a siete casos, mientras que Maryland aumentó de tres a seis. 

Texas también registró un aumento, precisamente dos casos presentados entre 2010 y 2025 fueron seguidos por tres nuevas demandas durante el período 2025 2026, es decir que ahora concentra cinco procesos.  

También pude evidenciar que hay estados que no habían registrado demandas en el período anterior, por ejemplo, Virginia aparece por primera vez con un caso entre 2025 y 2026, ampliando el número de estados donde se han promovido este tipo de acciones pero en contraste, algunos estados que habían tenido casos en años anteriores no presentaron nuevas solicitudes durante el período más reciente como es el caso de Georgia, Connecticut, Vermont, Kentucky, Illinois y Arizona, cuyos registros permanecieron sin cambios. 

Florida, Carolina del Norte, California, Nueva York, Maryland y Texas reúnen 24 de las 29 nuevas demandas identificadas entre 2025 y 2026, esto significa que más del 80 % de las acciones iniciadas durante ese período se concentró en solo seis estados. 

Más allá del incremento en el número de procesos, la comparación evidencia un cambio en el mapa geográfico de las demandas de desnaturalización, pues mientras que durante los años anteriores Carolina del Norte lideraba ampliamente los registros, el período más reciente muestra un crecimiento acelerado en Florida y un aumento en varios estados que históricamente habían reportado menos casos. 

Fraude migratorio, el principal motivo de las demandas de desnaturalización 

Las demandas de desnaturalización identificadas entre 2010 y 2026 muestran que el Departamento de Justicia ha recurrido a esta herramienta por una amplia variedad de motivos, puntualmente el análisis datos del Centro de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC, por sus siglas en inglés) y del Departamento de Justicia de Estados Unidos, (DOJ, por sus siglas en inglés) reflejan que de los 69 casos no existe solo un tipo de conducta, sino que abarcan desde fraude migratorio hasta delitos sexuales, narcotráfico, corrupción, espionaje y presuntas violaciones a los derechos humanos. 

El motivo más frecuente es el uso de una identidad falsa para obtener la ciudadanía estadounidense, en total se identificaron 14 casos, equivalentes al 20 % del total, lo que significa que uno de cada cinco procesos de desnaturalización estuvo relacionado con personas que, según las autoridades, ocultaron información o utilizaron datos falsos durante su proceso migratorio. 

Los delitos contra menores constituyen el segundo grupo más numeroso y al sumar los casos relacionados con abuso infantil, abuso sexual de un menor, violación estatutaria, explotación sexual infantil e intento de violación contra menores, se identifican al menos 12 procesos, lo que representa cerca del 17 % del total y que indica que una parte importante de las demandas estuvo dirigida contra personas condenadas o investigadas por delitos sexuales o de violencia contra niños y adolescentes. 

El fraude también aparece como uno de los motivos más recurrentes; además de los casos asociados directamente con fraude migratorio, la base de datos incluye investigaciones por fraude en Medicare, en el sistema de salud y electrónico, en valores, de seguros, de cheques, así como fraude fiscal, matrimonial y falsificación de documentos, lo que lleva a esta categoría a convertirse en el principal motivo detrás de las demandas de desnaturalización (36 casos, es decir el 52.2 %).  

Otro grupo de demandas corresponde a investigaciones por presuntas violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra, en este grupo en total se identificaron cuatro casos (5.8 %) relacionados con persecución de civiles, asesinatos extrajudiciales y otros hechos ocurridos fuera de Estados Unidos, que posteriormente fueron utilizados por el Departamento de Justicia para solicitar la pérdida de la ciudadanía. 

Los expedientes vinculados con terrorismo, incluyendo apoyo material a organizaciones terroristas, representan tres casos (4.3 %). La misma proporción se observa en los procesos relacionados con tráfico de armas y en aquellos asociados con delitos de narcóticos, que también suman tres casos cada uno. 

Aunque con una menor frecuencia, el análisis también identifica demandas relacionadas con blanqueo de dinero, extorsión, espionaje, trabajo forzado y otros delitos financieros y si bien cada uno representa una proporción reducida del total, reflejan otro tipo de conductas por las cuales el Departamento de Justicia ha promovido procesos de desnaturalización. 

El balance de 17 años de desnaturalización 

El panorama que analicé deja algo claro y es que las demandas de desnaturalización dejaron de ser una herramienta utilizada de forma esporádica para convertirse en un mecanismo mucho más frecuente durante la segunda administración de Donald Trump. 

Los registros muestran que 2026 rompió todos los precedentes; ese año se presentaron 39 demandas, la cifra más alta desde 2009 y un aumento del 388 % frente a 2025. Además, casi una de cada cuatro demandas de desnaturalización registradas en los últimos 17 años fue presentada únicamente en 2026. En apenas dos años, entre 2025 y 2026, el Departamento de Justicia promovió 47 demandas, una cifra superior a las registradas durante todo el primer mandato de Trump con 45 y tres veces mayor a las presentadas durante los cuatro años de la administración Biden con 15.  

La investigación también demuestra que el incremento no fue progresivo, pues cerca del 85 % de todas las demandas presentadas en 2026 se concentró entre mayo y junio, meses en los que se registraron 33 de los 39 procesos iniciados ese año, hasta abril solo se habían contabilizado seis demandas, pero en los dos meses siguientes esa cifra se multiplicó más de cinco veces. 

Los datos también muestran un cambio en el perfil de las personas demandadas. Entre 2010 y 2025 se identificaron 40 casos, sin embargo, solo entre 2025 y 2026 se sumaron 29 nuevos procesos, equivalentes al 42 % de todos los procesos documentados. En medio de todo esto, México continúa siendo la nacionalidad con más demandas acumuladas, pero el mayor crecimiento reciente corresponde a India.  

La distribución geográfica también cambió, pues mientras que Carolina del Norte lideró históricamente los registros, Florida se convirtió en el principal foco de nuevas demandas durante el segundo mandato de Trump, al concentrar 9 de los 29 casos identificados entre 2025 y 2026. En conjunto, Florida, Carolina del Norte, California, Nueva York, Maryland y Texas reunieron más del 80 % de todas las nuevas acciones judiciales promovidas en ese período. 

En cuanto a los motivos, el análisis evidencia que el fraude es el principal fundamento de las demandas de desnaturalización. Al agrupar todas sus modalidades (fraude migratorio, uso de identidades falsas, fraude electrónico, fraude fiscal, fraude contra programas de salud, fraude matrimonial y otras conductas similares) se identificaron 36 de los 69 casos analizados, equivalentes al 52.2 % del total así como los delitos sexuales contra menores constituyen el segundo grupo más frecuente, con 12 casos (17.4 %), seguidos por investigaciones relacionadas con violaciones a los derechos humanos, terrorismo, tráfico de armas y narcotráfico. 

En síntesis, los datos muestran que la desnaturalización pasó de ser un mecanismo utilizado de manera excepcional a convertirse en una estrategia mucho más visible dentro de la política migratoria estadounidense y más allá del desenlace de cada proceso, el aumento sostenido de estas acciones marca un punto de inflexión en el uso de una de las herramientas más drásticas con las que cuenta el gobierno federal frente a ciudadanos naturalizados.