Te cuento qué dicen las cifras oficiales sobre lo que está pasando con este plan.

Una de las mayores apuestas de ICE para ampliar la detención migratoria en Estados Unidos durante el segundo mandato de Donald Trump parece haberse desvanecido.

Estamos hablando de una de las inversiones más grandes hechas por la agencia, que supera los $1,000 millones destinados a almacenes que, en su mayoría, terminaron cancelados, paralizados o bajo disputa judicial.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) decidió hace pocos días frenar los planes para construir la nueva instalación que funcionaría como centro de detención en Salt Lake City, Utah, después de que un grupo de políticos de ambos sectores plantearan dudas sobre la propuesta. Pero el caso de Salt Lake City es solo la punta del iceberg de un capítulo mucho más extenso.

ICE compró 11 propiedades o paquetes de almacenes por aproximadamente $1,074 millones para construir lo que definió en su momento como la nueva arquitectura de detención. Pero hoy, por lo menos siete ya están fuera del plan de detención, es decir, que no serán usados para este fin y tuvieron un valor de adquisición cercano a los $707 millones.

¿Por qué están siendo descartados?

Los problemas que están frenando la transformación de estos mega espacios en centros de detención migratoria pasan por demandas, órdenes judiciales, problemas ambientales y de infraestructura, oposición de gobiernos locales, problemas de agua y alcantarillado, y cambios de estrategia. Algunos proyectos ya tenían incluso otros millones de dólares adicionales comprometidos en remodelaciones y operación.

Por eso se habla de que el costo potencial no se limita a los $1,074 millones. Por ejemplo, Maryland llegó a tener un contrato de remodelación de $113 millones con opciones hasta aproximadamente $642 millones, mientras que Arizona tuvo un contrato de unos $313 millones con un potencial cercano a $704 millones.

Este compromiso de recursos e improvisación en la planeación deja bastantes interrogantes, como: ¿quién recomendó comprar cada almacén? ¿Quién tasó los costos? ¿Cuánto pagó realmente el DHS sobre el valor de mercado?

Hoy por hoy, el mapa de los mega centros de detención de ICE cuenta una historia muy diferente a la que se anunció cuando comenzaron las compras. En su momento, estos grandes almacenes y complejos industriales se adquirieron como la gran solución y la meta era transformarlos en enormes centros para detener inmigrantes y sumar miles de camas a la capacidad de ICE.

Pero hoy, el proyecto luce muy distinto. De los 11 almacenes adquiridos, 7 ya han sido descartados, redefinidos o encaminados fuera del plan original. Otros 3 permanecen sujetos a litigios, revisiones o incertidumbre y apenas 1 mantiene el camino abierto para convertirse en una instalación de detención.

Eso convierte a esta iniciativa en uno de los experimentos no solo más costosos, sino más accidentados de la expansión de la infraestructura migratoria durante el segundo gobierno de Donald Trump.

Proyecto Roxbury Township, New Jersey

En este caso, el DHS llegó a comunicar que abandonaría el proyecto y que el almacén sería vendido. Pero, posteriormente, el Gobierno reconsideró esa decisión, dejando nuevamente abierta la posibilidad de utilizar el inmueble para detención.

¿Dos proyectos frenados por la vía judicial?

La transformación de los almacenes de Williamsport/Hagerstown, Maryland, y Surprise, Arizona, permanece obstaculizada por procesos legales. En ambos casos, las autoridades estatales y locales cuestionaron aspectos relacionados con la transformación de los inmuebles y el cumplimiento de las normas ambientales.

El resultado es que los edificios fueron adquiridos, pero la transformación prevista no ha podido avanzar como inicialmente había sido planteada.

San Antonio: el proyecto que todavía sigue en pie

Este caso todavía conserva el camino abierto para convertirse en un centro de detención. El proyecto contempla entre aproximadamente 1,000 y 1,500 personas, aunque ha sufrido retrasos y, por ello, todavía no se encuentra operando como centro de detención.

¿Son simples edificios vacíos?

Detrás de cada compra hay contratos, remodelaciones, estudios ambientales, demandas judiciales, gobiernos locales enfrentados a Washington y millones de dólares comprometidos.

En algunos casos, el costo proyectado fue mucho más allá del precio del inmueble. Mientras que algunos de los edificios que debían convertirse en piezas centrales de la nueva red de detención ahora tienen otro destino: ser vendidos, transferidos o permanecer en disputa.

El caso de Salt Lake City resume el giro

DHS pagó $145.4 millones por un almacén de unos 833,000 pies cuadrados. El plan era convertirlo en un gigantesco centro de detención. La ciudad y el condado demandaron al Gobierno.

Meses después, el DHS informó al tribunal que ya no utilizará el inmueble como centro de detención y que será enviado al proceso federal para su disposición. Pero el edificio fue comprado, el proyecto fue anunciado y ahora el Gobierno debe decidir qué hacer con el inmueble.

Pero este no es el único caso. En Social Circle, Georgia, se presentó algo inusual: ICE llegó a proyectar un centro con capacidad para hasta 10,000 detenidos en una comunidad que apenas llega a unos 5,500 habitantes.

En Pennsylvania, dos grandes almacenes adquiridos para convertirse en centros de detención terminaron enfrentando obstáculos relacionados con agua, alcantarillado y requisitos ambientales. En Michigan, por su parte, el proyecto Romulus terminó inclinándose hacia la venta.

Lo mismo pasó en Texas, donde uno de los grandes complejos adquiridos también está en proceso de disposición. Lo que más preocupa es que un proyecto clasificado como descartado no garantiza la recuperación del dinero invertido. Ahora el DHS debe decidir si conserva, transfiere o vende los inmuebles. Y esto dependerá, seguramente, de cuánto pueda recuperar el Gobierno frente al precio que pagó originalmente y del dinero que haya quedado comprometido en contratos, remodelaciones y otros gastos.

¿Más de $1,000 millones en almacenes y ninguno estaba funcionando como centro de detención?

Según una investigación de Project Salt Box, con corte a junio de 2026, ninguno de los 11 inmuebles estaba funcionando como centro de detención. Pero lo más llamativo es que este mismo estudio analizó escrituras, registros tributarios, información inmobiliaria y propiedades comparables, y su conclusión fue que el Gobierno pagó por encima del valor reciente cada uno de los 11 inmuebles y, en la mayoría de los casos, también por arriba de referencias recientes del mercado.

Tres compras que ponen las cifras en perspectiva

Para Project Salt Box, el caso de Socorro, Texas, es uno de los más llamativos. DHS pagó aproximadamente $123 millones por un paquete de tres almacenes, con una superficie conjunta cercana a 826,780 pies cuadrados. Pero la valoración anterior de las propiedades rondaba los $11 millones.

En Flowery Branch/Oakwood, Georgia, se evidencia un mayor contraste: el Gobierno pagó aproximadamente $68 millones por una propiedad cuya valoración previa era de alrededor de $400,000, de acuerdo con el análisis de Project Salt Box.

Y en Salt Lake City, Utah, el DHS desembolsó $145.4 millones por un almacén de aproximadamente 833,000 pies cuadrados. Según el análisis inmobiliario de Project Salt Box, el precio pagado fue de más de 49 % sobre la valoración anterior.

Estas cifras no demuestran propiamente que las propiedades estuvieran "sobrevaloradas" ni que haya existido alguna irregularidad en las compras. La valoración tributaria no necesariamente equivale al valor comercial de una propiedad y una adquisición federal de este tipo puede responder a otros factores que no aparecen en los registros fiscales.

Pero sí nos surge una pregunta: ¿por qué el Gobierno se apresuró a pagar esas cantidades y qué valor tiene hoy esa inversión si varios de los proyectos ya fueron descartados?

El problema es que la capacidad prometida tampoco llegó

Las compras formaron parte de una estrategia impulsada durante la gestión de Kristi Noem al frente de DHS, cuando el Gobierno buscaba aumentar considerablemente la capacidad de detención migratoria. La administración llegó a plantear una infraestructura capaz de sostener hasta 100,000 personas detenidas simultáneamente, respaldada en gran parte por los $45,000 millones que el Congreso asignó en 2025 para ampliar la capacidad de detención y deportación.

Pero el escenario cambió

Mientras algunos funcionarios de la administración defendían públicamente una expansión histórica de las deportaciones, el DHS comenzó a reconsiderar el destino de varios de los inmuebles.

La contradicción es difícil de ignorar porque primero se compraron los edificios para ampliar en teoría masivamente la capacidad de detención; después, y sin que siquiera varios hubieran podido entrar en operación, el Gobierno comenzó a estudiar qué hacer con ellos.

¿Se está revisando si la operación fue conveniente?

El propio organismo independiente de vigilancia del DHS abrió una auditoría sobre si ICE hizo estas adquisiciones de manera costo-efectiva. La Oficina del Inspector General del DHS (OIG) está evaluando si obtuvieron un valor razonable por el dinero público utilizado para comprar y preparar estos inmuebles.

La pregunta que se plantea el propio gobierno es: ¿ICE compró y convirtió estos inmuebles de una manera que realmente respondiera a sus necesidades operativas y, al mismo tiempo, protegiera el dinero de los contribuyentes?

La respuesta todavía no es clara, precisamente por eso interviene el DHS Office of Inspector General (OIG). El OIG no ha concluido que ICE haya pagado de más, que haya cometido fraude o que las compras hayan sido ilegales; tampoco ha publicado, hasta ahora, un informe final con sus conclusiones.

Su misión es auditar la operación para determinar si las decisiones de adquisición y conversión cumplieron con el objetivo operativo de una manera económicamente razonable.

El análisis de CoStar encontró que ICE había pagado, en promedio, una prima de aproximadamente 12 % a 13 % respecto de operaciones comparables de mercado, aunque la diferencia variaba significativamente entre propiedades.

¿La urgencia por ampliar rápidamente la capacidad de detención llevó al Gobierno a pagar primas que no estaban justificadas por sus necesidades operativas?, como lo pregunta la Oficina del Inspector General. Todavía no sabemos la respuesta, la auditoría deberá determinarlo.

Lo que sí queda claro con esta indagación es que la eficiencia económica de estas compras ya está bajo revisión, incluso por parte del principal organismo de vigilancia interna del DHS.

Se observa un patrón: comprar, enfrentar obstáculos y ahora buscar qué hacer con los edificios

Al revisar los 11 casos aparece un patrón difícil de ignorar. El DHS compró rápidamente grandes almacenes para ampliar la detención migratoria, pero después encontró los mismos obstáculos en distintos estados.

Primero, el precio. Project Salt Box encontró que el Gobierno pagó por encima de las valoraciones previas en los 11 inmuebles. Después, la infraestructura: agua, alcantarillado, carreteras, hospitales y servicios de emergencia no siempre estuvieron preparados para instalaciones que podían albergar miles de detenidos.

A esto se suman litigios ambientales y cuestionamientos bajo NEPA (National Environmental Policy Act), que frenaron varios proyectos. Y mientras las demandas avanzaban, la estrategia del DHS comenzó a cambiar, con mayor énfasis en utilizar instalaciones de detención existentes mediante acuerdos con estados y gobiernos locales.

Pero los edificios ya fueron comprados. DHS no puede simplemente devolverlos; si decide que ya no los necesita, debe transferirlos o venderlos mediante los procedimientos federales correspondientes.

¿Dónde está el riesgo?

En la diferencia entre lo que pagó el Gobierno y lo que pueda recuperar. Si una propiedad fue comprada por encima del mercado y después se vende por menos, el contribuyente podría asumir esa diferencia, además de los costos de remodelación, mantenimiento y otros gastos asociados.

Así es como una estrategia diseñada para crear una enorme red de detención terminó dejando al Gobierno con grandes interrogantes, como: ¿qué hacer con los almacenes que compró para convertirlos en cárceles, pero que ya no necesita?

¿Cuánto dinero de los contribuyentes terminará perdiéndose cuando el Gobierno tenga que venderlos? Son respuestas que aún están por responder.