Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Donald Trump ha repetido la misma promesa en materia migratoria: terminar con el uso “masivo” del Parole y aplicar una política de cero flexibilidad para los extranjeros inadmisibles. Pero antes de cumplirse el primer año de su segundo mandato, los datos oficiales muestran una realidad distinta.

Al revisar los informes del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), que compilan estadísticas de la Oficina de Campo (OFO) de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y al contrastarlos con documentos del Congressional Budget Office (CBO), de la Government Accountability Office (GAO) y expedientes de tribunales federales, encontramos que el Parole no desapareció, solo cambió de forma.

El Gobierno eliminó programas colectivos como el Parole para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV) y CBP One, que permitían a decenas de miles de personas solicitar una cita para presentarse en un puerto de entrada. Pero los oficiales de CBP no dejaron de usar el Parole individual; por el contrario, volvieron a concederlo con mayor frecuencia que en cualquier otro momento del periodo analizado.

En enero de 2026, el 61.5 % de todas las decisiones tomadas sobre migrantes inadmisibles en los puertos de entrada fue una liberación bajo Parole: la proporción más alta registrada por TRAC en el periodo analizado.

¿Qué significa ser “inadmisible”?

Antes de entrar en las cifras, conviene aclarar un término que aparece en cada párrafo de este artículo. “Inadmisible” es una categoría legal definida en la sección 212(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA): describe a un extranjero que, al presentarse en un puerto de entrada, no cumple los requisitos para ingresar en ese momento —por ejemplo, porque no tiene visa, porque su pasaporte no es válido, porque tiene antecedentes penales o una deportación previa— o porque no logra demostrar el propósito de su viaje.

Ser declarado inadmisible no equivale a ser deportado de inmediato: es apenas el punto de partida. A partir de ahí, el oficial de CBP en el puerto de entrada tiene distintas opciones, entre ellas la remoción expedita, el retiro voluntario de la solicitud de ingreso, referir el caso a un juez de inmigración o —la que ocupa esta investigación— conceder el Parole. Es importante distinguir además que estos datos corresponden únicamente a personas que se presentaron en un puerto de entrada oficial; no incluyen a quienes cruzan la frontera entre puertos y son procesados por la Patrulla Fronteriza, un universo estadístico distinto.

¿Qué es el Parole y por qué importa?

El Parole, o “permiso de ingreso”, es una decisión discrecional contemplada en la sección 212(d)(5)(A) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Permite que un extranjero considerado inadmisible esté físicamente presente en Estados Unidos por razones humanitarias apremiantes o de beneficio público significativo, sin que ello se considere una “admisión” formal. Existe además el Parole in place, dirigido a personas que ya se encuentran en el país sin haber pasado por inspección, un trámite distinto que resuelve USCIS y no CBP en la frontera. También existen otros tipos de Parole, como el Advance Parole para viajar, que no forman parte de los datos analizados aquí.

A diferencia de programas específicos como CHNV o CBP One —creados por la administración Biden y cancelados por Trump—, el Parole individual sigue existiendo porque está anclado en la ley, no en una política de turno. Eso significa que, aunque la Casa Blanca elimine programas de admisión masiva, los oficiales de CBP conservan la facultad legal de autorizar el ingreso temporal de una persona, caso por caso, cuando consideran que las circunstancias lo justifican.

Octubre de 2025: el mes en que la tendencia se revirtió

Entre febrero y septiembre de 2025, el Parole se mantuvo como una decisión minoritaria en los puertos de entrada: nunca superó el 28 % de los casos y llegó a caer a solo 12 % entre julio y agosto. En ese periodo, la mayoría de los migrantes inadmisibles recibía otro tipo de solución administrativa.

En octubre de 2025 esa tendencia se revirtió de forma abrupta. El número de personas liberadas bajo Parole saltó de 1,396 a 7,064 en un solo mes —más del quíntuple—, y su participación en el total de decisiones pasó del 13 % al 44 %. A partir de ahí, la curva no volvió a bajar: noviembre (47 %), diciembre (52 %) y enero de 2026 (62 %) marcaron alzas consecutivas, hasta que el Parole se convirtió, por primera vez en el periodo analizado, en la decisión más frecuente para los migrantes inadmisibles en los puertos de entrada.

Este último recuento mensual supera incluso las cifras de los últimos meses de la administración Biden: en diciembre de 2024 se concedieron 5,977 libertades condicionales y en enero de 2025, 5,478, frente a las 12,639 de un año después, bajo la administración Trump.

Una paradoja frente al discurso oficial

El comportamiento de la gráfica plantea una contradicción difícil de ignorar. Desde enero de 2025, la administración Trump anunció que reduciría drásticamente el uso del Parole, calificándolo como una herramienta utilizada de manera excesiva durante el gobierno anterior. Se cancelaron programas de esta índole y se ordenó revisar cientos de miles de permisos ya concedidos.

No obstante, los datos muestran que el sistema aún depende de ese mecanismo de admisión temporal para evitar su colapso. Por un lado, la Casa Blanca insiste en que está cerrando las puertas a la admisión discrecional; por otro, las cifras reflejan que las autoridades fronterizas continúan recurriendo al Parole, caso por caso, para administrar el creciente flujo de personas que llegan a los puertos oficiales. La paradoja, entonces, no es solo política: es estructural.

Parte de la explicación está en los tribunales. En marzo de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el fin del programa CHNV, que había permitido el ingreso de cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Un mes después, la jueza federal Indira Talwani, en Boston, bloqueó temporalmente esa terminación por considerarla contraria a la Ley de Procedimiento Administrativo. El 30 de mayo de 2025, la Corte Suprema levantó ese bloqueo y permitió al Gobierno avanzar con la cancelación.

Pero el litigio no terminó ahí. Según un análisis del American Immigration Council, en 2026 otra jueza federal —Allison Burroughs— determinó que la terminación masiva del Parole a los beneficiarios del programa CBP One había sido ilegal, precisamente porque una decisión de este tipo debe evaluarse caso por caso y no mediante avisos colectivos. La corte ordenó restituir el estatus a los afectados que permanecían en el país.

La administración no se dio por vencida: en abril de 2026, según registros judiciales, el Gobierno informó que emitiría nuevos avisos de terminación a cerca de 900,000 personas que ingresaron bajo el programa CBP One, lo que motivó una nueva demanda de organizaciones defensoras de inmigrantes. El resultado de ese pulso legal sigue en disputa.

Este vaivén judicial es relevante para entender la gráfica de TRAC: cada vez que un tribunal exige que el Parole se evalúe individualmente —y no se cancele en bloque—, refuerza precisamente el mecanismo que la administración dice querer eliminar: el Parole caso por caso que los oficiales de CBP siguen concediendo en los puertos de entrada.

Lo que dice el CBO

Según el informe The Demographic Outlook: 2026–2056, del Congressional Budget Office (CBO), las órdenes ejecutivas emitidas al inicio del segundo gobierno de Trump modificaron de forma significativa la política de admisión en la frontera. Entre las medidas citadas por la agencia están la cancelación del uso de CBP One para programar citas, la suspensión de programas de Parole de amplio alcance, el endurecimiento del control fronterizo y una reducción prevista de las admisiones humanitarias.

El CBO también redujo sus proyecciones de inmigración neta para los próximos años debido a estos cambios. Pero en ningún momento el informe sostiene que CBP haya dejado de concederlo ni atribuye su uso a problemas de capacidad operativa, falta de camas de detención o escasez de personal. Es decir: el CBO confirma que la política cambió, pero no contradice —ni explica— el aumento que muestran los datos de TRAC.

¿Quiénes están recibiendo el Parole?

Aquí aparece uno de los hallazgos más llamativos: los mayores porcentajes de libertad condicional no corresponden a los mexicanos, que concentran el mayor número absoluto de casos (tanto en inadmisibles como en libertad condicional), pero con un porcentaje de aprobación del 45.5 %. En cambio, en enero de 2026, TRAC registró que la India obtuvo el 85 % de aprobación y China el 84,5 %, muy por encima del resto de nacionalidades.

Las concesiones también varían por región. En ese mismo mes, la mayor cantidad de extranjeros que intentaron ingresar sin la documentación adecuada llegó a los puertos cubiertos por las oficinas regionales de Nueva York, Seattle y San Francisco. Boston, sin embargo, lideró el cambio más pronunciado: un aumento del 153 % en personas inadmisibles durante los últimos tres meses del periodo analizado, y un salto de más del 600 % en el número de personas a las que se les concedió Parole en los puertos bajo su jurisdicción.

¿Es solo el regreso de CBP One y CHNV bajo otro nombre?

Una hipótesis alternativa que vale la pena evaluar es que el repunte de octubre de 2025 no sea un fenómeno nuevo, sino simplemente la reaparición —con otro nombre— del mismo flujo de personas que antes se procesaba a través de CBP One y CHNV, los dos programas que la administración Trump canceló en enero de 2025. Es decir: que el sistema no esté generando más Parole, sino solo reclasificando al mismo grupo de personas bajo un mecanismo distinto. Contrastamos esa hipótesis con cifras oficiales de ambos programas y no se sostiene, ni en magnitud ni en composición.

La magnitud no coincide

Según los reportes operativos mensuales de CBP, la aplicación CBP One permitía procesar cerca de 44,000 personas al mes en puertos de entrada durante buena parte de 2023 y 2024 —una cifra que se mantuvo estable mes tras mes—, mientras que CHNV tenía un tope de hasta 30,000 Paroles mensuales combinados entre los cuatro países beneficiarios. Sumados, ambos programas podían mover hasta unas 70,000 personas al mes antes de su cancelación.

El punto más alto registrado por TRAC tras la reactivación —enero de 2026, con 12,639 Paroles— equivale a apenas el 29 % de lo que procesaba CBP One en solitario, sin siquiera sumar CHNV. Si el aumento actual fuera simplemente la reaparición del mismo flujo bajo otra etiqueta administrativa, sería razonable esperar cifras mucho más cercanas al volumen que manejaban esos programas. No es lo que muestran los datos.

La composición nacional tampoco coincide

Los usuarios más frecuentes de CBP One eran, según los propios reportes de CBP, ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití, México y Honduras. CHNV, por definición, solo beneficiaba a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Sin embargo, en la tabla de TRAC correspondiente a enero de 2026, ninguno de esos cuatro países aparece entre los diez principales receptores de Parole. Quienes encabezan la lista son India (85 % de aprobación) y China (84,5 %), nacionalidades que no formaban parte del núcleo de beneficiarios de ninguno de los dos programas cancelados.

La geografía apunta a otro lado

CBP One y CHNV se concentraban en puertos del suroeste, como El Paso, San Diego y Nogales, y en aeropuertos con alta población caribeña y venezolana, como Miami. El mayor salto reciente, en cambio, ocurrió en la oficina de campo regional de Boston, que no era un nodo relevante de ninguno de los dos programas.

Lo que sí cuadra: la caída inicial

Hay un punto en el que la hipótesis sí tiene sustento parcial: la caída del Parole a mínimos de 12 % entre febrero y septiembre de 2025 coincide con la cancelación inmediata de CBP One en enero de ese año. Es razonable pensar que ese desplome inicial refleja, en efecto, la pérdida de ese canal. Pero el repunte que comienza en octubre —nueve meses después, con una fracción del volumen anterior y una población casi enteramente distinta— no puede explicarse como la simple continuación de esos programas. Se trata, con los datos disponibles, de un fenómeno separado.

Lo que no logramos establecer con las fuentes públicas disponibles es qué explica específicamente el salto de solicitantes de India y China, ni qué ocurrió puertas adentro de la oficina de Boston. Ese vacío es, precisamente, el que buscamos llenar con las solicitudes de información pública que presentamos junto con esta investigación.

Voces distintas sobre lo que revela el aumento

Ninguna agencia federal ha atribuido oficialmente una causa específica al repunte del Parole en los puertos de entrada, y las interpretaciones difieren. Desde mi visión como abogado de inmigración, el aumento en las clasificaciones de inadmisibilidad podría reflejar un cambio en la forma en que las autoridades están resolviendo los casos: más expedientes se estarían decidiendo directamente en la fase de inspección, cuando el oficial determina si la persona puede o no ingresar.

Desde una perspectiva más crítica del uso amplio de la figura, centros de estudios como el Center for Immigration Studies (CIS) han sostenido que los esquemas de Parole de la era Biden —y no la ley en sí misma— fueron el problema, y que las restricciones actuales buscan corregir esa expansión. Ese argumento no explica, sin embargo, por qué el Parole individual volvió a crecer bajo la propia administración que impulsó esas restricciones.

Un informe de la GAO publicado en mayo de 2026 añade una pieza más al rompecabezas: aunque CBP tiene la potestad de conceder Parole, es ICE quien debe monitorear a los Parolees para verificar que cumplan condiciones como presentarse a sus audiencias. La GAO encontró que ICE no cuenta con información suficiente para identificar ni monitorear de forma sistemática a los Parolees, una falla de supervisión que la propia oficina de fiscalización del Congreso recomendó corregir.

¿Por qué está aumentando el uso del Parole en los puertos de entrada?

Aunque ninguna agencia federal ha atribuido oficialmente una causa específica, la información disponible permite identificar varios factores que, en conjunto, podrían explicar la tendencia.

1. La naturaleza jurídica del propio Parole

A diferencia de programas específicos como CHNV o CBP One, cancelados por la administración Trump, el Parole individual sigue existiendo porque está contemplado en la INA, que autoriza su concesión caso por caso. Los oficiales de CBP mantienen la facultad legal de autorizarlo, incluso en un entorno político que busca restringirlo.

2. Los límites que impone la propia justicia

Como muestra el litigio sobre CHNV y CBP One, los tribunales han exigido reiteradamente que la terminación del Parole se evalúe de forma individual y no mediante avisos colectivos. Ese requisito judicial empuja al sistema de vuelta hacia las mismas decisiones caso por caso que hoy capta la estadística de TRAC.

3. La capacidad limitada del sistema migratorio

Estudios del CBO, el Migration Policy Institute (MPI) y el Congressional Research Service (CRS) coinciden en que el sistema enfrenta restricciones estructurales: centros de detención con capacidad limitada, cortes de inmigración con millones de casos pendientes y procesos que pueden extenderse por años. En ese contexto, el Parole sigue siendo una herramienta que permite gestionar casos sin detener automáticamente a todas las personas que llegan a un puerto de entrada.

4. Vacíos de supervisión una vez concedido el Parole

El hallazgo de la GAO sobre la falta de monitoreo de ICE sugiere que, incluso cuando el discurso oficial insiste en el seguimiento estricto de los Parolees, la capacidad real para hacerlo es limitada, lo que podría reducir el costo político-administrativo de seguir concediendo Parole caso por caso.

5. La composición de los flujos migratorios

En enero de 2026, ciudadanos de India y China registraron porcentajes excepcionalmente altos de concesión de Parole —alrededor del 85 % y 84,5 %, respectivamente—, muy por encima de otras nacionalidades. Esto plantea interrogantes sobre si el perfil de quienes llegan a los puertos de entrada está influyendo en las decisiones de los oficiales.

Conclusión

El aumento del Parole sugiere que el sistema sigue necesitando esta figura legal para responder a situaciones que no siempre pueden resolverse mediante detención o expulsión inmediata —y que, cuando el Gobierno ha intentado eliminarla en bloque, los tribunales lo han obligado a devolverla a su forma original: una decisión caso por caso.

Lo que todavía no sabemos es por qué son los solicitantes de India y China quienes hoy registran las tasas de aprobación de Parole más altas en los puertos de entrada de Estados Unidos, ni qué ocurrió puertas adentro de la oficina de campo de Boston para que sus cifras se multiplicaran por seis en apenas tres meses. Tampoco existe información pública sobre si hubo alguna directriz interna en CBP detrás del giro de octubre de 2025, ni sobre qué pasa con estas personas una vez que cruzan: la propia GAO advirtió que ICE no cuenta con información suficiente para monitorear a quienes reciben Parole. Para tratar de responder esas preguntas, presentamos solicitudes formales de información pública ante CBP e ICE, cuyo resultado iremos incorporando a esta investigación.