El gobierno Trump publicó una nueva regla sobre carga pública (public charge) que modifica la forma en que las autoridades migratorias evaluarán algunas solicitudes de residencia permanente (Green Card) y visas de inmigrante.
La regulación restablece un enfoque más amplio para determinar si una persona podría convertirse en una carga pública en el futuro, permitiendo que los oficiales de inmigración consideren un mayor número de elementos dentro de su evaluación.
El anuncio ha generado preocupación entre miles de familias inmigrantes, especialmente porque durante la primera implementación de esta política muchas personas dejaron de acceder a programas de salud y alimentación por temor a afectar sus procesos migratorios. La nueva regla entrará en vigor el 18 de septiembre de 2026.
¿Qué es la regla de carga pública?
La figura de la carga pública existe desde hace más de un siglo en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
Su propósito es determinar si una persona que solicita ingresar o permanecer legalmente en Estados Unidos probablemente dependerá del gobierno para su sustento.
Aunque la ley siempre ha contemplado este análisis, la nueva regulación modifica la manera en que se aplica y amplía los elementos que pueden ser considerados por los oficiales de USCIS y del Departamento de Estado.
Es importante aclarar que la decisión no depende de un solo factor, sino de una evaluación individual conocida como "totality of the circumstances" (totalidad de las circunstancias), en la que se analizan diversos aspectos del solicitante.
¿Qué factores podrían ser considerados?
La nueva regulación permite que los oficiales evalúen múltiples elementos relacionados con la situación del solicitante.
Entre ellos se encuentran:
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Edad.
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Estado de salud.
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Situación familiar.
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Ingresos.
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Patrimonio y bienes.
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Educación.
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Habilidades laborales.
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Capacidad futura para mantenerse económicamente.
Además, la regulación permite considerar el uso de determinados beneficios públicos como parte de ese análisis, entre ellos programas como:
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SNAP (cupones de alimentos).
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Determinados beneficios de Medicaid.
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CHIP.
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TANF.
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SSI.
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Algunos programas federales de asistencia para vivienda.
El análisis económico que acompaña la regla también hace referencia al programa WIC (Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños), aunque ello no significa que su utilización implique automáticamente una determinación negativa.
¿Significa que usar Medicaid o cupones de alimentos hará que te nieguen la Green Card?
No. La nueva regulación no establece una descalificación automática por utilizar beneficios públicos.
Tampoco significa que una persona pueda ser deportada únicamente por recibir este tipo de asistencia.
El uso de determinados programas constituye solo uno de los elementos que las autoridades pueden considerar al evaluar si un solicitante probablemente dependerá del gobierno en el futuro.
Cada caso deberá analizarse de manera individual, considerando la totalidad de las circunstancias.
¿Quiénes podrían verse afectados?
La regla aplica principalmente a:
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Personas que solicitan un ajuste de estatus para obtener la Green Card dentro de Estados Unidos.
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Personas que solicitan una visa de inmigrante desde el extranjero.
No todos los inmigrantes están sujetos a esta evaluación.
La legislación mantiene diversas categorías exentas, entre ellas:
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Refugiados.
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Asilados.
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Determinados solicitantes protegidos por la Ley VAWA.
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Ciertos titulares o solicitantes de visas T y U.
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Otras categorías expresamente exentas por la ley migratoria.
¿Qué cambia frente a la regla vigente?
La nueva regulación elimina varias disposiciones incorporadas en 2022 y devuelve a los oficiales de inmigración un mayor margen para realizar la evaluación de carga pública conforme a la ley y a los criterios establecidos en la nueva norma.
En otras palabras, la administración Trump adopta nuevamente una interpretación más amplia sobre cómo determinar si un solicitante podría convertirse en una carga pública en el futuro.
¿Qué deben hacer los inmigrantes?
Si estás pensando en solicitar una Green Card o una visa de inmigrante:
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No suspendas ni renuncies a beneficios públicos únicamente por miedo o por información difundida en redes sociales.
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Verifica si perteneces a una categoría exenta de la regla de carga pública.
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Conserva la documentación relacionada con tu situación económica y migratoria.
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Consulta con un abogado de inmigración antes de renunciar a programas de asistencia o presentar una solicitud migratoria.
Cada caso es diferente. La evaluación de carga pública depende de múltiples factores establecidos por la ley, por lo que recibir asesoría legal puede ayudarte a comprender cómo esta nueva regulación aplica a tu situación particular.
